Manuel María Cáceres, director de Itaipú, y Juan Rafael Caballero, director jurídico, expusieron los argumentos de la imposibilidad del pago compensatorio que exigen exobreros y que provocaría un descalabro financiero en la binacional.

Tanto los mecanismos de pago como los montos reclamados son inviables y no corresponden, ya que los extrabajadores pertenecían a empresas contratistas de Itaipú, es decir, no tuvieron relación laboral directa con la entidad.

A esto se suma que las notas reversales firmadas en el año 2000 por Paraguay y Brasil, deslindan responsabilidad de Itaipú de las compensaciones para obreros de empresas contratistas y subcontratistas.

Los 940 millones que pretenden distribuirse entre 15.000 personas, obligarían suspender transferencias al Estado Paraguay, inversiones sociales y otros ítems.

En cuanto al recurso utilizado por los proyectistas, sobre los pagos que aprobó Brasil para los extrabajadores de ese país, el lado paraguayo aclara que este grupo sí fue directamente contratado por la entidad.

Los 940 millones que establece el proyecto, de ninguna manera podrían financiarse con los gastos de explotación de Itaipú, ya que los mismos deben ser consensuados y aprobados anualmente por ambas márgenes -Brasil y Paraguay, y no se incluye ningún tipo de rubros para “compensación histórica” destinados a personas extrañas a la institución.

Algunas de las obras que podrían cubrirse con los 940 millones de dólares:

11 puentes internacionales similares al que está en proceso de construcción sobre el río Paraguay, en la ciudad de Carmelo Peralta, con el aporte de fondos de la Binacional.

129 viaductos, como por ejemplo el Multiviaducto de Ciudad del Este, situado en el km 7.

94 años de financiamiento al Programa de Becas Universitarias ITAIPU (cuya inversión anual promedio representa 10 millones de dólares).

8 veces el costo de la Línea de Transmisión de 500 kV Margen Derecha (usina Itaipú) – Yguazú y la correspondiente Subestación que se encuentra en construcción. Para dimensionar la importancia de esta obra, debe señalarse que con ella el Paraguay tendrá la real posibilidad de utilizar la totalidad de la energía que ITAIPU produce para el país. 1.800 km de línea de transmisión de 500 kV.

El fiscal Rusbell Benítez imputó a dos hombres por homicidio doloso en el marco de dos investigaciones independientes abiertas luego de sucesos registrados durante el Día de los Trabajadores en la referida localidad.

En el primero de los casos, el imputado fue identificado como Juan Ramón Giménez García, de 26 años, quien se encuentra prófugo de la justicia y con orden de detención en su contra. Los hechos se habrían registrado a las 03:30 horas de este miércoles al costado de la plaza Mariscal López. Resultó víctima fatal Richard Barreto Fernández, de 22 años.

La imputación señala que el fallecido presuntamente recibió una estocada con un arma blanca (cuchillo), a la altura del cuello, lado izquierdo, herida que le produjo hemorragia y su posterior deceso.

La segunda imputación fue presentada contra Esteban Daniel Cano Galeano, de 23 años, quien fue aprehendido y guarda reclusión en la sede de la Comisaría 8va, a disposición del juzgado. Los antecedentes refieren que el sospechoso presuntamente, en una casa ubicada en el barrio Inmaculada de Villa del Rosario atacó a Mauricio Andrés Blanco Salinas, de 24 años.

La víctima, domiciliada en el barrio Santa Teresita, habría sido atacado con con golpes en el tórax y cabeza, causaron su muerte debido a un traumatismo de cráneo.

Igualmente, se registró otro caso de homicidio doloso en la vía pública en Itacurubí del Rosario. El suceso se registró anoche, siendo cerca de las 23:15 horas sobre la Ruta N° 22. a la altura de la compañía Ríos Rugua, resultando víctima fatal Juan Ramón Arévalos, de 40 años.

Por el momento se desconoce al autor del hecho. La víctima falleció debido a las lesiones que sufrió en la cabeza, específicamente en la región occipital. Los informes médicos rebelan que Arévalos falleció de traumatismo de cráneo.

“Estimamos que en breve vamos a comunicar de manera conjunta con las autoridades del Brasil sobre los resultados. Hay un trabajo interior que necesita ir terminando”, dijo en conferencia de prensa el canciller nacional.

La tarifa acordada regirá por dos años, periodo en el que se pretende tener las condiciones óptimas para negociar el Anexo C. También se conversa sobre el plan operativo de la binacional.

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Los principios sobre los que se administrará el Anexo C son otro aspecto sobre mesa. El trabajo técnico está liderado por los ministros de Energía de Brasil y de Industria y Comercio de Paraguay.

La revisión también consta de una arista diplomática, la cual, por ende, es función de los cancilleres de ambos países.

“Estamos en una proximidad de alcanzar ese acuerdo, apenas concluya y se suscriba, vamos a compartir los resultados. Para nosotros, lo urgente no tiene que matar lo importante”, afirmó el ministro.

El Anexo C del Tratado de Itaipú establece las bases financieras del funcionamiento de la entidad. El 13 de agosto del 2023 se cumplieron 50 años de la firma y con esto, el plazo para el inicio de la revisión de ese aspecto.

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En las últimas horas cobró estado pública una denuncia sobre la supuesta utilización de insumos con vencimiento cumplido en el Hospital Distrital de Hernandarias, en el departamento de Alto Paraná.

La denuncia fue formulada por la odontóloga Elizabeth Echeguren, quien reveló ante medios locales que los insumos que le proveían habían vencido hace bastante tiempo.

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Según menciona el diario La Clave, algunos de los insumos que le fueron entregados para utilizar en los pacientes tenían fechas de vencimiento que datan de hasta el 2021, lo cual agrava aún más la situación.

Echeguren afirma haber agotado todas las instancias para exigir alguna respuesta, pero sin éxito. “Recurrí primeramente a la jefa de servicios y nunca me hace caso, luego traté de buscar solución con la encargada de recursos humanos y ella pierde la paciencia cuando le tocó el tema. No sé qué está pasando”.

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Según se sospecha, la jefa del Departamento de Odontología, Shirley Cristaldo, estaría utilizando los insumos proveídos por la X Región Sanitaria en su consultorio particular, por lo que dejaría aquellos productos vencidos para los usuarios del hospital de Hernandarias.

La denunciante afirma que varias profesionales ya renunciaron debido a la falta de respuestas, debido a que nadie se animó a levantar la voz contra los responsables del centro asistencial.