MEDIDAS TRIBUTARIAS YA SE HABÍAN ANUNCIADO

La continuidad hasta el 31 de julio de la reducción del ISC a los combustibles

Extensión hasta agosto de la disminución del IVA a los sectores de gastronomía, hotelería, eventos y alquileres comerciales.

Exoneración de cargos por mora en los impuestos.

Refinanciación de impuestos y suspensión de anticipos para el IRE (Impuesto a la Renta Empresarial).

SUBSIDIO A EMPRESARIOS Y LA MENTIRA DE QUE NO SUBE EL PASAJE

El primer gran anuncio de Abdo Benítez como una de las nuevas medidas fue que el precio del pasaje se mantendrá hasta fin de año. Sin embargo, ni el tablero se mantiene igual ni el mecanismo es nuevo.

Con cada reajuste del precio del combustible, unos ocho entre el año pasado y lo que va del 2022, el precio del pasaje se mantiene, pero la tarifa técnica se modifica y los empresarios del transporte reciben un aumento del subsidio, es decir, más dinero público a cambio de no tocar el precio final.

ANDE Y ESSAP YA OFRECÍAN PLANES DE REFINANCIACIÓN

Las instituciones proveedoras de los servicios básicos de electricidad y agua ya habían ofrecido planes de refinanciación de deudas acumuladas, por lo que, esta medida tampoco es una novedad.

Un ejemplo es la ANDE que ya había implementado promociones como “Epaga ekatumiháicha” y “Epaga ha epaga sa’ive”, que permitían al usuario fraccionar sus deudas sin intereses ni recargos moratorios.

También la Essap propone desde inicios desde año -sin contar otras ofertas anteriores y permanentes- la refinanciación en largas cuotas.

INVERSIÓN YA ESTABA PREVISTA, SALVO DOS NUEVOS PRÉSTAMOS

La inyección económica de USD 1.110,9 millones de dólares para obras y consiguiente generación de empleos en el rubro, ya figuraba en el Presupuesto General de la Nación.

Lo nuevo en la parte del anuncio de la inversión pública es el pedido de aprobación de créditos de la CAF y del BID de unos 200 millones de dólares cada uno.

TUFO A PROSELITISMO

La asistencia a 11.600 familias productoras campesinas también forma parte del plan de gastos. La ejecución está a cargo del ministro de Desarrollo Social, Mario Varela, quien por cierto, se encuentra en campaña por su candidatura a la senaduría por Fuerza Republicana y a quien por ende, le vendrá muy bien hacer proselitismo con los insumos y recursos públicos.

PROGRAMAS SOCIALES

Los 14.700 nuevos beneficiarios del programa Adultos Mayores y los 2.700 de Tekoporâ serán financiados con el presupuesto vigente.

Lo nuevo sería el pago adicional de Tekoporâ.

ORDEN DE BUSCAR NUEVOS PROVEEDORES DE COMBUSTIBLE ES NUEVA

La disposición de que las representaciones diplomáticas busquen eventuales proveedores de combustible es una nueva medida. Los intentos se harán en Emiratos Árabes, Catar, Brasil y Panamá.

MEDIDAS CREDITICIAS

El mantenimiento de las tasas del BNF a los productos financieros y el congelamiento de las tasas de la AFD para los créditos a viviendas son disposiciones nuevas.

Sin embargo, no así la habilitación de préstamos por G. 300.000 millones para el sector agrícola ni los inaccesibles préstamos de Fogapy a las Mipymes

La médica Asihiria Acuña, del Hospital de clínicas, explicó que la manipulación del canal auditivo, es algo comúnmente realizado sobre todo al introducir diversos tipos de objetos, sea cotonetes, incluso llaves, cuyo empleo daña al oído y produce microtraumatismo en la piel al retirar la cera.

El oído tiene su propio mecanismo de autolimpieza, no necesita que se utilicen elementos, de hecho, la cera es una estructura fundamental y cumple una función específica, es esencial para mantener la piel hidratada y un pH ácido en el oído, para que esos gérmenes que normalmente viven el conducto externo no empiecen a invadir y generar procesos infecciosos.

Finalmente, la médica acotó que el oído está listo para defenderse incluso del agua.

“Desmiento mi oposición a la inclusión del celular de mi esposo en la investigación. Al respecto, he solicitado que los trabajos técnicos y periciales del teléfono los realice la Fiscalía de Colombia, conjuntamente con los investigadores de Estados Unidos”, dice el comunicado emitido por Claudia Aguilera, viuda del fiscal Marcelo Pecci.

Al respecto, explicó que el teléfono estuvo lacrado desde el día del asesinato del fiscal en Colombia, y desde ese momento fue entregado a los investigadores de dicho país. Aguilera sostiene que recién el pasado 18 de marzo de 2024, la Fiscalía de Paraguay le solicitó suscribir un escrito por el cual autorizaba el pedido del teléfono celular de Marcelo Pecci a la Fiscalía de Colombia, a los efectos de considerar la extracción de datos y diligencias técnicas.

“El 29 de abril del corriente año, remití una nota a la Fiscalía de Colombia, señalando mi autorización para que tanto la Fiscalía colombiana como los fiscales investigadores de Estados Unidos accedan al teléfono y realicen las pericias correspondientes al celular de Marcelo”, agrega.

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Sobre la actuación del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, Aguilera señala que de manera recurrente se excusó en los avances de la investigación por falta de recursos, ausencia de mecanismos tecnológicos, y manifestaciones similares, por lo cual considera pertinente el apoyo internacional en esta causa, encontrando en Estados Unidos y Colombia el interés para esclarecer el caso.

“El teléfono de mi esposo no es la única evidencia que he entregado, sin embargo, hasta la fecha nada sé sobre las diligencias realizadas a otros aparatos electrónicos. Rechazo cualquier señalamiento hacia mi persona de obstruir la investigación, puesto que desde el principio estuve abierta a cooperar, poniendo no solo a disposición los aparatos electrónicos de Marcelo, sino también los míos”, subraya.

Además, enfatiza que es su propósito que se conozca a los responsables del hecho, por lo que seguirá colaborando en la investigación. “Reitero mi conformidad con la cooperación de Estados Unidos y Colombia para poder encaminar con mejor tino la investigación del magnicidio de mi esposo y padre de mi hijo”, indica.

El estudio evidencia preocupaciones serias sobre cómo se está utilizando esta normativa para limitar la libertad de expresión de periodistas y comunicadores en lugar de su propósito original de proteger a las mujeres contra toda forma de violencia.

Maricarmen Sequera, codirectora de TEDIC e investigadora, destaca la importancia del estudio: “Este análisis demuestra que, aunque la protección contra la violencia es fundamental, es igualmente crucial garantizar que las leyes no se utilicen como herramientas para suprimir la libertad de expresión. Encontramos que en todos los casos de interés público analizados, la ley fue aplicada de manera que podría considerarse censura previa”.

La primera parte del estudio analiza el marco legal de protección sobre la libertad de expresión, así como los estándares internacionales establecidos por el sistema interamericano de derechos humanos, incluyendo catorce jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Este apartado tiene un especial enfoque en cómo se configura censura previa, el umbral de protección aplicable a funcionarios públicos y personas públicas en el ejercicio de su libertad de expresión, y cómo este puede verse comprometido por interpretaciones erróneas de la Ley 5777/16 por parte de los Juzgados de Paz en el país.

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En este análisis, se exploran seis casos actuales en Paraguay donde se evidencia la posible tergiversación de la Ley 5777/16 para restringir el ejercicio de la libertad de expresión en casos de interés público.

Entre los hallazgos del estudio se resalta la necesidad de un enfoque equilibrado que proteja tanto los derechos de las mujeres como la libertad de expresión y el debido proceso legal en una sociedad democrática. “La ponderación de ambos derechos deben ser diferenciados en casos de interés público y persona pública. Es importante reconocer que existen situaciones legítimas en las que las medidas similares pueden ser necesarias, como cuando se prohíbe a una persona con antecedentes de violencia mencionar o dirigirse a su ex pareja a través de mensajerías y redes sociales”, afirma Sequera.

Además de los análisis de casos, la investigación proporciona recomendaciones concretas para ajustar la aplicación de la Ley 5777/16, incluyendo la necesidad de regulación más detallada y capacitación para los profesionales de la justicia, para asegurar que se respeten tanto los derechos de las mujeres como la libertad de expresión.