Boris Johnson renunció el jueves como primer ministro del Reino Unido, después de tres tumultuosos años en el cargo marcados por el Brexit, el covid y los crecientes escándalos.

“Es claramente la voluntad del partido conservador parlamentario que debe haber un nuevo líder de ese partido y, por lo tanto, un nuevo primer ministro”, dijo Johnson en una declaración al país frente al número 10 de Downing Street. El proceso para elegir un nuevo líder, agregó, “tiene que empezar ahora”.

Johnson, de 58 años, anunció que dejaría el cargo después de una serie de renuncias de su equipo principal en protesta por su liderazgo, pero permanecería como primer ministro hasta que se encuentre un reemplazo.

El premier dijo que se sentía “inmensamente orgulloso” por los logros de su Gobierno, como el Brexit, la crisis de la pandemia y hacer frente a la agresión rusa en Ucrania.

El cronograma para una carrera por el liderazgo Tory se anunciará la próxima semana, dijo, después de tres años tumultuosos en el cargo definidos por el Brexit, la pandemia de covid y la controversia constante sobre su reputación de mentiroso.

La elección de liderazgo se llevará a cabo durante el verano y el vencedor reemplazará a Johnson en la conferencia anual del partido a principios de octubre, informaron la BBC y otros medios.

Johnson dijo que estaba “triste por renunciar al mejor trabajo del mundo” y justificó seguir luchando en las últimas horas para cumplir el mandato que ganó en las elecciones generales de diciembre de 2019.

“Sentía que era mi trabajo, mi deber, mi obligación seguir lo que comenzamos en 2020″, dijo.

En las frenéticas horas previas al anuncio de Johnson, el líder laborista de la oposición, Keir Starmer, dio la bienvenida a su inminente partida.

Pero Starmer dijo que se necesitaba “un cambio de gobierno adecuado” y exigió una moción de censura en el parlamento, lo que podría desencadenar una elección general, en lugar de que Johnson “se aferrara durante meses y meses”.

Incluso mientras miraba la salida, Johnson trató el jueves de estabilizar el barco con varios nombramientos para reemplazar a los miembros del gabinete que se fueron.

Incluían a Greg Clark, un archienemigo que se opone al divorcio de Gran Bretaña de la Unión Europea, que Johnson había defendido.

Johnson se había aferrado al poder a pesar de una ola de más de 50 renuncias del gobierno, y expresó su desafío el miércoles por la noche.

Pero la salida el jueves de la ministra de Educación, Michelle Donelan, y la petición de dimisión del ministro de Finanzas, Nadhim Zahawi, en sus puestos solo durante dos días, parecieron inclinar la balanza junto con advertencias de una nueva moción de censura por parte de los parlamentarios conservadores.

“Punto de no retorno”

El ministro de Defensa, Ben Wallace, y Rishi Sunak, cuya salida como ministro de Finanzas el martes provocó el éxodo del resto de los ministros, se encontraban entre los primeros candidatos para suceder a Johnson, según una encuesta de YouGov entre miembros del partido conservador.

Esos miembros decidirán el nuevo líder una vez que los parlamentarios Tory hayan reducido a los contendientes a dos finalistas.

El ministro de Irlanda del Norte, Brandon Lewis, inició los frenéticos eventos del jueves, convirtiéndose en el cuarto ministro del gabinete en renunciar y escribiendo que Johnson había “pasado el punto de no retorno”.

Johnson respondió desafiante el miércoles por la noche a los llamados de sus leales y colegas del gabinete para que renunciara al despedir al ministro Michael Gove, y una fuente de Downing Street dijo a los medios que su ex principal aliado del Brexit era una “serpiente”.

El periódico The Sun dijo que Johnson les había dicho a sus colegas que tendrían que “mancharse sus manos de sangre” para expulsarlo de su cargo, pero los eventos del jueves lo forzaron.

Las renuncias impactantes de Sunak y el secretario de Salud, Sajid Javid, el martes por la noche desencadenaron una cadena de otros.

Renunciaron después de que Johnson se disculpó por su nombramiento en febrero del diputado conservador Chris Pincher como jefe adjunto.

Fuente: AFP

Las tropas rusas han logrado varios avances en la región de Donetsk la última semana, lo que ha generado incluso críticas de los blogueros militares ucranianos, que no suelen enjuiciar a las fuerzas armadas de su país.

“Gracias a las operaciones activas, unidades del grupo de fuerzas central han liberado la aldea de Novobajmutivka”, indicó el Ministerio de Defensa ruso.

Esta posición está situada a cerca de 10 kilómetros al norte de la ciudad de Avdiivka, que las fuerzas rusas tomaron en febrero tras una de las batallas más rudas desde que empezó el conflicto en febrero de 2022.

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Este avance colocó en dificultades al ejército ucraniano, que enfrenta esta ofensiva con una escasez de hombres y de municiones.

El jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, Oleksandr Syrsky, afirmó a mediados de mes que la situación en el frente oriental “empeoró considerablemente” y reconoció que Rusia ha obtenido algunos “éxitos tácticos”.

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El director de inteligencia del Ministerio de Defensa ucraniano, Kirilo Budánov, advirtió este mes que la situación en el frente iba a empeorar hacia mediados de mayo y junio.

Kiev espera que la aprobación en el Congreso de Estados Unidos de un nuevo paquete de ayuda militar por miles de millones de dólares le permita estabilizar la situación en las extensas líneas del frente.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará a partir de la cero hora del lunes un paro de 72 horas en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

La medida, dijo el secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, paralizará las exportaciones de agroalimentos y controles sanitarios en todo el territorio argentino.

“Este paro seguramente acarreará pérdidas multimillonarias para nuestro país y el Gobierno es el único responsable. Si se aprueba la Ley Bases, el Estado será destrozado”, dijo Aguiar.

La medida se produce en la etapa inicial del período de mayor liquidación de agroexportaciones e ingreso de divisas a la Argentina, pues implica la paralización de controles en puertos, aeropuertos y aduanas.

Al cese de la fiscalización de las barreras zoofitosanitarias, que impide la salida de productos, se sumará la movilización del sindicato el martes 30 de abril al Congreso de la Nación, fecha en que se estima que la Cámara de Diputados continuará tratando el proyecto oficial en una maratónica sesión que se iniciará el lunes.

Proyecto con dictamen

El tratamiento de la versión reducida del original proyecto de “Ley de Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” es el resultado del dictamen de mayoría firmado el jueves en la Cámara baja.

Según ATE, la pieza legislativa propicia “una dura reforma del Estado que deteriorará notablemente el funcionamiento de organismos estatales, incluido el Senasa. Por eso, dice el sindicato, “el 30 de abril ATE se movilizará frente al Congreso en una nueva Jornada Nacional de Lucha en el marco del Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas, fecha en la que se estará tratando el proyecto en el recinto parlamentario”.

“El único lenguaje que entiende el Gobierno es el de los números, y por eso decidimos paralizar todas las exportaciones. Se van a suspender todos los controles en las aduanas, puertos y aeropuertos, y se van a levantar todas las barreras de control zoofitosanitarias en el país”, dijo Aguiar.

Según el dirigente sindical, “si se aprueba esta ley, el presidente Milei tendrá facultades para reestructurar cualquier dependencia pública, incluso achicar, fusionar y hasta disolver cualquier organismo”.

Respecto al caso del Senasa, agregó: “pretenden dejar sobre la órbita del Senasa solamente la certificación de las importaciones, porque es lo único que le interesa al Gobierno para obtener divisas. El resto de las funciones se la van a delegar empresas privadas o incluso a los estados provinciales. También quieren que los controles de pasos fronterizos terrestres pasen a Gendarmería, y en los aeropuertos internacionales a la Aduana”.

En busca de una excepción

El objetivo de la medida, dijo Aguiar, es que el gobierno exceptúe al Senasa de los organismos alcanzados por la ley. En un comunicado, ATE subrayó la importancia de “contar con un servicio de control de calidad y sanidad fuerte y eficiente, especialmente ante una política de apertura de importaciones tan marcada como la del Gobierno nacional”.

El Senasa tiene a su cargo la fiscalización de producción agroalimentaria y está habilitado al respecto por la Organización Mundial del Comercio (OMC) que el organismo de control de la normas fitosanitarias necesarias para exportar a los otros países.

Según ATE, “sin estos controles no habrían exportaciones ya que son el único organismo argentino con la potestad de regularlo”.

Como ejemplo, apuntó: “si se levantan las barreras de control zoofitosanitario, se pone en riesgo el estatus sanitario alcanzado por la Argentina, pudiendo perderse la zona libre de moscas de los frutos que dificultaría el comercio de productos con Estados Unidos, encareciendo considerablemente los costos de la exportación.

El sindicato también aseguró que “se perdería la zona libre de aftosa, por lo cual la carne que se comercializa entraría en el circuito mundial de comercialización de países con aftosa, perdiendo el mercado de países que compran carne al circuito no aftosa que se paga mucho más”, como el caso de Japón.

Según ATE, “no hay ningún motivo para aplicar un recorte en este sector, ya que el mismo se autofinancia, e incluso le aporta al Estado argentino decenas de miles de millones de pesos anuales”.

La institución indicó en la red social X haber “logrado que 14 pandilleros de la MS (Mara Salvatrucha), que operaban en diferentes sectores de Santa Tecla y La Libertad, sean condenados a penas de hasta 120 años de cárcel”.

Los pandilleros fueron encontrados culpables del homicidio de 14 personas entre 2017 y 2019.

“Estos criminales privaban de libertad a las víctimas, les quitaban la vida y las enterraban en cementerios clandestinos. Entre las víctimas hay un policía”, señaló el comunicado.

Precisó que cuatro de los acusados recibieron las condenas mayores, a 52, 64, 112 y 120 años de prisión, por los delitos de homicidio y agrupaciones ilícitas.

El presidente Nayib Bukele mantiene desde marzo de 2022 una “guerra” contra las pandillas amparado por un polémico régimen de excepción tras una escalada de 87 homicidios en un fin de semana.

Desde entonces, las autoridades han arrestado a 79.800 presuntos pandilleros, de los cuales 7.600 han sido liberados, indicó en una reciente entrevista con AFP el ministro de Justicia y Seguridad Gustavo Villatoro.

La cruzada contra las pandillas devolvió una aparente tranquilidad a las calles del país centroamericano, pero es criticada por organismos de derechos humanos debido a que el régimen de excepción permite detenciones sin orden judicial.