Fuente: La Caja Negra – Unicanal

El Gobierno Nacional, a través de la Copaco y Vox, otorgó casi 3 millones de dólares de los fondos Covid a una empresa de Flavio Enrique “Kike” Santander, concuñado del presidente de la República, Mario Abdo Benítez. La entrega se dio con el aval de la Comisión Especial de Supervisión y Control de las compras Covid, manejada por Arnaldo Giuzzio y creada por el Poder Ejecutivo para justamente evitar las tragadas y negociados en pandemia.

A través de Vox (Hola Paraguay SA), la Conatel firmó un contrato con la empresa Bizcom S.A., del músico colombiano Kike Santander, para el suministro de soluciones tecnológicas de la marca Simplifi, tales como servicios en la nube, call center, plataforma, entre otros. La firma del acuerdo se realizó el 26 de marzo del 2020, a inicios de la cuarentena sanitaria por la pandemia del Covid-19.

Este contrato se ejecutó en el marco de un acuerdo previo de la Copaco con el Ministerio de Salud para la provisión del servicio de contact center, a fin de rastrear a personas o contactos que hayan estado expuestos al Covid-19. Fue así que para hacer efectiva esa prestación, Copaco subcontrató los servicios de Bizcom mediante su telefónica subsidiaria Vox.

El presidente de Copaco, Sante Vallese, y el representante de Bizcom SA firmaron el contrato directo sin realizar una licitación, pero lo que más llama la atención es que dicha empresa elegida por el Estado paraguayo está vinculada a la familia presidencial, ya que Kike Santander es el concuñado del presidente Mario Abdo Benítez, puesto que está casado con Adriana López Moreira, hermana de su esposa Silvana.

Esta es una de las notas dirigidas al entonces verificador de las compras COVID, Arnaldo Giuzzio, quien avaló la contratación directa al concuñado de Marito.

De esta manera, bajo cláusula de extrema confidencialidad, el “concuñado de oro” se benefició con un importante “Pytyvo” en pandemia, tal como lo calificó el diputado colorado Basilio “Bachi” Núñez, quien anunció que pedirá informes a Copaco sobre el contrato y advirtió que si Sante Vallese se niega a transparentar lo ocurrido, se expondrá a acciones judiciales.

A travez de documentos filtrados al equipo de La Caja Negra, se sabe ahora que la estatal Copaco acordó con Salud brindar soporte técnico de hardware y software de sus equipos para el servicio del call center, el cual incluyó 100 posiciones con un costo de G. 7.315.200 cada uno, dando un total de G. 731.500.200 por mes, el contrato sigue operativo hasta la fecha. Al multiplicar el monto por los 28 meses, teniendo en cuenta que el contrato con BIZCOM S.A. se firmó en marzo del 2020, da como resultado una cifra total de G. 20.482.005.600, que al cambio actual es alcanza los US$ 3 millones.

El Gobierno consiguió este dinero de los fondos de la ley de emergencia, que dispuso de una línea de crédito de 1.600 millones de dólares con el fin de garantizar recursos al sistema de salud ante la situación del Covid-19 y facilitar la recuperación de la economía. Desde su ejecución, aparecieron varias denun­cias de compras irre­gulares de insumos médicos y de bioseguridad. Tal fue el nulo control para el buen uso de esta plata que la propia Comisión Especial de Supervisión y Control de Compras COVID-19 dio su aval al no presentar objeción alguna al acuerdo entre Salud y Copaco, y el de Vox y Bizcom.

En notas dirigidas en octubre del 2020 al entonces ministro Arnaldo Giuzzio, quien aparecía como coor­dinador general de la comisión especial contralora, se informaba sobre la prestación del servicio de Contac Center de Copaco-Vox al Ministerio de Salud y se ponía a consideración el financiamiento con los fondos Covid, pero obviando que para eso iba a subcontratarse primero a la empresa del concuñado presidencial.

Los documentos llevan la firma del ministro anticorrupción René Fernández, de la Sepread, Carlos Arregui, y del coordinador Arnaldo Giuzzio. Las autoridades dependientes del Poder Ejecutivo no pidieron mayores explicaciones sobre el acuerdo en cuestión, pese a que tenían como misión coadyuvar a la gestión eficiente de los recursos públicos destinados a mitigar los efectos de la pandemia.

Con la filtración de la entrega al concuñado presidencial, poco a poco se va sabiendo a dónde fueron a parar los 1.600 millones de dólares que el Congreso otorgó al Poder Ejecutivo y para lo cual el país entero tuvo que endeudarse.

Lemir señaló que existe una sola morgue y un solo laboratorio, que están asentados en Asunción, lo cual implica que esa centralización afecte sensiblemente el trabajo que realizan en las unidades no capitalinas.

La crítica saltó al tapete tras el caso de la escribana que mató a sus dos hijos y luego se suicidó. Los cuerpos rescatados de la mujer y una de las criaturas, tuvieron que ser derivados a la capital, porque en las fiscalías altoparanaenses no había infraestructuras ni insumos para realizar los trabajos correspondientes.

La queja socializada del doctor Alfaro, a través de los medios de comunicación, desatò la molestia del Fiscal General, Emiliano Rolón, quien emitió un comunicado fustigando al médico, por ventilar las miserias de la estructura forense del interior del país.

“Ningún funcionario puede lanzar comunicados afectando a la institución y menos denostar la labor de sus compañeros fiscales. Las denuncias responsables son las vías, en este caso la Inspectoría General”, dice una parte del pronunciamiento de Rolón.

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En otro párrafo sostiene que las críticas del médico “son desatinadas”, al tiempo que le conmina al mismo a que, si está descontento en su sitio de trabajo, busque otra alternativa laboral en el sector privado.

Ese tipo de pronunciamientos, “afectan a la institución”, acotó el jefe del Ministerio Público.

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Un hombre de 69 años fue víctima de un malviviente que lo baleó con una escopeta durante un asalto que solo le robó la ínfima suma de G. 7 mil. El caso fue reportado a los agentes nacionales que encontraron al hombre en la vía pública, ensangrentado a raíz de una herida en la rodilla, en estado consciente.

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Se trata de Martín Alonzo Aquino, de oficio jornalero, quien relató a los intervinientes que circulaba a bordo de su motocicleta cuando fue interceptado por un hombre de contextura delgada, alto y piel morena, vestido de negro y armado - lo que presume - era una escopeta.

El desconocido le exigió sus pertenencias, pero Alonzo se negó a entregarlas lo que generó el enojo del malviviente que terminó disparándolo en la pierna. Luego logró sacarle la suma mencionada anteriormente.

Tras el ataque, la víctima fue trasladada al hospital regional, donde fue atendido por el personal médico. El caso fue comunicado al Ministerio Público a fin de dar con el paradero el responsable de la agresión.

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Al culminar la ceremonia del Te Deum en la Catedral Metropolitana, medios de comunicación formularon un par de preguntas a Santiago Peña, antes de que se traslade a la Costanera de Asunción para el desfile militar-policial.

Entre las consultas estuvo el motivo por el cual lleva a su familia o a parte de ella a sus viajes oficiales.

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“Porque mi familia es mi núcleo fundamental es lo que me da una coraza, cada vez que viajo trato de que algún miembro de mi familia me acompañe”, contestó. En cuanto a la cobertura de gastos, respondió: “Pago de mi bolsillo”.

En cuanto a los fondos que recibirá Paraguay en Itaipú tras a fijación de la nueva tarifa que regirá durante tres años, el presidente confirmó que los recursos no serán incluidos en el Presupuesto General de Gastos, pero que conservarán el mecanismo actual de transparencia.

Peña dijo que el compromiso es usar esos recursos en beneficio de todos los paraguayos, principalmente, de los más necesitados.

Esta tarde está prevista la partida de Peña rumbo a Estados Unidos, en el marco de un viaje oficial hasta el 18 de mayo. De allí se trasladará a Taipéi, Taiwán para el traspaso de mando presidencial.

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