A finales de agosto se puso en marcha la Operación Nueva Alianza XXXIV, procedimiento que prevalece hace varios años en las tradicionales zonas de cultivo ilícitos del Amambay y que se desprende de la colaboración principalmente entre la SENAD y la Policía Federal del Brasil, que en las 10 jornadas que abarcaron las últimas irrupciones, impidieron el ingreso de un total de 652 toneladas de marihuana a los eslabones del narcotráfico regional.

Los 107 campamentos se encontraban al resguardo de 35.440 kilos de marihuana picada y 2.369 kilos de marihuana prensada.

Los desplazamientos aéreos fueron constantes a través de los helicópteros de las Fuerza Aérea y la Policía Federal, éstos sirvieron para obtener perspectivas más determinantes de los cultivos en diversas etapas de crecimiento. En total fueron eliminadas unas 205 hectáreas de la droga.

El apoyo del Brasil en este tipo de operativos, se sigue respaldando en la existencia de un mayor perjuicio a las estructuras del crimen organizado. Nueva Alianza XXXIV, dejó a su paso un golpe logístico que se traduce en un daño financiero al narcotráfico de alrededor de 19,5 millones de dólares americanos.

“Los transportistas tienen que tener una empatía mayor con la ciudadanía. Estamos reunidos con el equipo, cada acción que tomemos desde el Viceministerio de Transporte, será a favor de la ciudadanía”, manifestó el viceministro de Transporte, Emiliano R. Fernández, en conversación con Universo 970 AM de Nación Media.

El Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam) anunció la decisión de ir a un paro total de buses por el período de tres días. La medida entrará a regir a partir de las 00:00 horas del lunes 20 de mayo.

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“Presiones habrán, hay muchos elementos sobre la mesa pero obraremos siempre a favor de la ciudadanía”, adelantó el viceministro.

Por otra parte, indicó que el objetivo del gobierno es encaminarse hacia una reforma del sistema de transporte público y es un tema que molesta a los empresarios.

Los transportistas vienen amenazando desde hace días con esta medida, por desavenencias con el Gobierno. Entre los pedidos del gremio se encuentran:

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- Actualización de los coeficientes que hacen a la estructura de costos para la fijación de la tarifa.

- Detener la manipulación de coeficientes que determinan los insumos operacionales del sistema.

- Desembolso de los subsidios en tiempo y forma.

- Renovación de los permisos de explotación del servicio.

Los transportistas aseguran haber enviado reiteradas solicitudes en torno a estos puntos, sin obtener respuestas, por lo que se hace “insostenible la prestación de un servicio adecuado”.

Barchini, en su informe de gestión brindado hoy en la reunión del Consejo de Ministros, explicó que las tareas de separación iniciarán en la Penitenciaría Regional de Minga Guazú que será habilitada en el transcurso de mayo.

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Solo el 31% de las PPL tienen condena judicial en el país y, al respecto, informó que están trabajando con la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General del Estado y el Ministerio de la Defensa Pública para acelerar los procesos judiciales.

“Ha habido un cambio, pero eso no significa que estemos conformes o contentos, seguimos en una lucha frontal que no tiene pausa”, expresó el titular del Ministerio de Justicia.

Por otra parte, habló del proyecto de ley del nuevo agente penitenciario, actualmente en estudio en el Congreso, y resaltó que combatirá la corrupción interna en el Ministerio de Justicia en cuanto a la complicidad y chantaje que ejercían sindicalistas y agentes penitenciarios.

“Somos respetuosos de los derechos humanos, pero hay situaciones que requieren tratamientos diferentes”, acotó.

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El gremio anunció este lunes lo resuelto en una asamblea entre sus integrantes, donde se dispuso el paro de todas las empresas ligadas a Cetrapaman por el término de 3 días

La medida, ya comunicada al Ministerio del Trabajo, entrará a regir a partir de las 00:00 horas del lunes 20 de mayo

Asimismo, fueron designados como negociadores ante las autoridades, César Ruiz Díaz, Elías Nayib Jure, Armin Hahner, Mauricio Vasconcellos y Claudio Fernández.

Los transportistas vienen amenazando desde hace días con esta medida, por desavenencias con el Gobierno. Entre los pedidos del gremio se encuentran:

- Actualización de los coeficientes que hacen a la estructura de costos para la fijación de la tarifa.

- Detener la manipulación de coeficientes que determinan los insumos operacionales del sistema.

- Desembolso de los subsidios en tiempo y forma.

- Renovación de los permisos de explotación del servicio.

Los transportistas aseguran haber enviado reiteradas solicitudes en torno a estos puntos, sin obtener respuestas, por lo que se hace “insostenible la prestación de un servicio adecuado”.