“(El grupo de nueve países) urge la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos, que cese el acoso, respete a los partidos políticos, a la libertad de expresión, también la de la prensa y restauración del pleno respeto a los derechos humanos y libertades individuales”, dijo el embajador de Canadá ante la OEA, Hugh Adsett.

Adsett explicó que hablaba en nombre de los jefes de delegación de Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Estados Unidos, Paraguay y Uruguay que han acudido al LII periodo de sesiones de la Asamblea General de la OEA, que concluye hoy en Lima.

También expresaron su preocupación por las denuncias de “violaciones sistemáticas de derechos humanos que siguen ocurriendo en Venezuela y que agravan las crisis sociales y económicas”

Adsett mencionó un informe de 2021 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que “concluye que la erosión del Estado de derecho en Venezuela crea un clima de violación de derechos humanos sistemática”.

“(La CIDH) considera que la cooptación del poder público en cabeza del gobierno y la erosión del estado de derecho generó un ambiente propició para la comisión sistemática de gravesviolaciones de derecho humanos”, reza dicho informe.

En este sentido, la CIDH explicó que ha documentado “la práctica reiterada de ejecuciones judiciales de hombres jóvenes en situación de pobreza, detenciones arbitrarias de personas que protestan o asumen públicamente posiciones de disenso con el Poder Ejecutivo, desapariciones forzadas, así como torturasy otros tratos crueles en contextos de privación de libertad”.

El embajador canadiense mencionó también los informes de la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela, que acusó el pasado septiembre a la inteligencia civil y militar de ese país (el Sebin y la Dgcim, respectivamente) de cometer crímenes de lesa humanidad para reprimir la disidencia política, mediante un modus operandi de abusos dictado “desde el más alto nivel”.

También recordó que en noviembre de 2021, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, abrió una investigación formal al país por posibles violaciones de derechos humanos.

Por todo ello, el grupo de nueve países pidió “apoyar la renovación” de la misión independiente e hizo un llamamiento para que haya una “investigación profunda para llevar justicia y clarificación de la verdad”.

La acción encarada por la Ande se realizó en el marco de las festividades del 14 y 15 de mayo, con el fin de acompañar todas las actividades previstas en los días de conmemoración del día de la independencia del Paraguay y de las gloriosas madres paraguayas.

Se realizaron las reparaciones necesarias en 116 artefactos de alumbrado público, asegurando así un entorno seguro y adecuadamente iluminado.

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A su vez, la Policía Nacional prepara un operativo de seguridad para resguardar la seguridad de todas las personas que participarán de los diferentes actos festivos para este 14 y 15 de mayo.

Desde el viceministerio impulsarán alternativas de desplazamientos en caso de que el Centro de Empresarios del Transporte Público del Área Metropolitana (Cetrapam) persista con el paro de buses.

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Este denominado plan de contingencia incluye el apoyo y acompañamiento de instituciones gubernamentales, como el ofrecimiento del sector privado, para garantizar a los ciudadanos el servicio de transporte.

Fernández informó a los representantes de Opama, respecto a la reunión tripartita convocada por el Viceministerio de Trabajo para el próximo 16 de mayo, y las acciones que se llevarán adelante.

Indicó que las conversaciones con las organizaciones civiles son importantes y aportan de manera estratégica en el plan de reforma del sistema de transporte que se prevé impulsar. Además, reiteró que el paro de buses es una medida anacrónica, e insistió que el diálogo es el camino que conducirá a mejorar el servicio público.

“Rechazamos cualquier medida de presión como el paro, y nos mantenemos en eso. Nosotros hemos dicho desde el primer día que nuestra estrategia es el diálogo institucionalizado, lo que significa tratar los puntos en las mesas establecidas”, manifestó.

“Un paso trascendental, luchamos en su momento para que la ley se haga realidad. Hoy estamos haciendo realidad la reglamentación que va a permitir que productos paraguayos, productos que se realizan aquí en el Paraguay, el cemento, pueda ser utilizado para las obras viales, que nos van a permitir también dar, aparte de la mano de obra, una mayor calidad y durabilidad a nuestra red vial”, expresó el presidente Santiago Peña.

Al respecto de la promulgación, la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, manifestó que después siete años hoy finalmente están dando inicio a una transformación de infraestructura, la de pavimento rígido con cemento nacional, marcando un hito importante en el desarrollo del país.

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Cabe recordar que durante el Seminario Internacional Construcción de Pavimentos de Hormigón organizado por la Asociación Paraguaya de Carreteras (APC), la ministra Centurión había enfatizado la importancia del pavimento rígido, el hormigón, como un elemento fundamental en la ingeniería, destacando su nobleza y su contribución al progreso y desarrollo nacional.

Subrayó el papel crucial que desempeña la utilización de este tipo de pavimento, su impacto en la industria nacional, impulsando el crecimiento económico y la generación de empleo en todo el país.

IMPLEMENTACIÓN

Según el Decreto 1.683/24 “Que establece la utilización de pavimento rígido en los proyectos de obras viales”, a los efectos del cumplimiento gradual de las disposiciones contenidas en el Artículo 2° de la Ley N.º 5841/2017, será considerado “Primer año inicial” al año 2024, “Segundo año” al año 2025, “Tercer año” al año 2026 y “Cuarto año” al año 2027.

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) deberá planear, programar, presupuestar y contratar la construcción de pavimento rígido en un porcentaje del: 15% del total de las obras viales programadas para el año 2024; 20% del total de las obras viales programadas para el año 2025; 25% del total de las obras viales programadas para el año 2026; 30% del total de las obras viales programadas para el año 2027 y subsiguientes, según reza el artículo 3 de la normativa.