La doctora Sandra Irala, de la Dirección de Vigilancia de la Salud, en la conferencia de prensa desarrollada este viernes confirmó que la situación epidemiológica se ha mantenido estable.

En la última semana epidemiológica se confirmaron 32 casos positivos de COVID-19, sin haberse reportado fallecimientos a causa de la enfermedad.

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Así también, el informe del Ministerio de Salud menciona a 7 hospitalizados, entre los cuales figura un paciente que debió ser derivado a terapia intensiva.

El aumento se da mayormente en Asunción y Central, aunque sigue siendo baja la cantidad de contagios. En contrapartida, siete departamentos (San Pedro, Paraguarí, Misiones, Ñeembucú, Boquerón, Presidente Hayes y Alto Paraguay) no han registrado casos positivos en la última semana.

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Respecto a los fallecimientos, en las últimas dos semanas se confirmaron 25 decesos causados como consecuencia COVID-19, siendo el grupo de edad más afectado el de los mayores de 60 años, detalló.

A la fecha, los 259 distritos a nivel país presentan un Nivel 1 de transmisión comunitaria, el más bajo de la escala, lo cual confirma que hoy día el nivel de transmisibilidad está muy por debajo.

Teresa Servín, abogada de la familia de Rolando Núñez Scolari, explicó que el sobreseimiento provisional implica que todavía existen diligencias para llegar a la certeza real de la responsabilidad de los procesados en la muerte del joven.

Se llegó a esta instancia porque ayer se cumplió la fecha para la presentación del requerimiento conclusivo. El sobreseimiento puede ir hasta un año.

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“Hay una visión jurídica de lo nuevo a lo que la doctora no tuvo acceso. Ver la responsabilidad de otras personas o ampliar la responsabilidad de los que ya estaban investigados”, informó la defensora, en un contacto con la 730 AM.

La necesidad de más tiempo también se sustenta en la aparición de un reglamento de la ANDE que especifica el manejo en materia eléctrica. Se tuvo acceso al contenido recién hace una semana.

Respecto a un acuerdo económico, la abogada reconoció que hubo un acercamiento y una oferta un par de semanas atrás, sin embargo, no se llegó a ningún acuerdo.

María Lilia Contreras y Édgar Torres, de la Empresa Prolife SA; María M. Contreras y Oscar Daniel Ruiz, de la Empresa Epro SA fueron imputados por homicidio culposo por la fiscal Teresa Rojas, quien luego fue recusada.

En su reemplazo asumió de manera interina la fiscal Karina Serón, quien lleva la carpeta hace un mes y por ello necesita más tiempo para la pesquisa.

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Un llamativo hecho aconteció cerca de la 02:00 de la madrugada de este jueves, en la playa de Funes Automotores, situada sobre la Avda. Mariscal López y Luis Alberto del Paraná.

Al sitio llegaron desconocidos, quienes descendieron de un vehículo y arrojaron una bomba molotov contra el local.

Un automóvil Toyota Auris, color plata, recién importado, fue totalmente consumido por las llamas y quedó inservible.

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Efectivos de la Comisaría 2ª Central recibieron el aviso en la oficina de guardia y, una vez en el lugar, intentaron apagar el fuego con precarios baldes de agua, mientras esperaban la llegada de los bomberos. Desafortunadamente, no pudieron salvar el vehículo.

De momento, se desconoce quiénes podrían estar detrás del atentado y cuáles serían los motivos que los llevaron a cometer el hecho. En la escena encontraron botellas con combustible.

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“Soñamos con un mañana mejor” es el nombre que lleva el proyecto del Centro de Rehabilitación y Reinserción Laboral de Mujeres, que consiste en la confección de escarapelas.

El trabajo estará a cargo de las internas y el resultado será la distribución de sus productos en centros educativos e instituciones de Alto Paraná.

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“El deseo de las mujeres privadas de libertad de volver a ser útiles a la sociedad”, comentó la directora del centro Juana María de Lara, Lourdes Nelsi Centurión.

La meta de llegar a 4.000 escarapelas será la misión confiada a 20 mujeres privadas de su libertad en dicho lugar.

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Además de aplicar penas para hacer justicia por los delitos cometidos, otra de las funciones del Estado es la reinserción social de las personas que cometieron un hecho punible. Los talleres de oficios, las capacitaciones y otras actividades forman parte de esa misión de preparar a la gente para insertarse a la sociedad, una vez que recuperen su libertad.