Rossana Escobar M., rossana.escobar@nacionmedia.com

Ofuscado y con un tono amenazante se mostró en un grupo de Whatsapp el agente especial Carlos Francisco Chamorro Portillo, el mismo que prestaba servicio como investigador en la Unidad de Inteligencia Sensible (SIU) de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) hasta que fuera descubierto mediante una investigación de Nación Media con su meteórico ascenso económico en un tiempo récord estando en cargo público.

Tanto él como su esposa Natalia Berenicce Bareiro, ambos asignados al SIU, son de modesto origen, y en 7 años en la Senad pasaron a los lujos. Chamorro y la mujer ingresaron en el 2015 a la función pública, el primero declaró un activo de G. 65 millones, mientras que ella el máximo patrimonio que tenía era un celular que en ese momento pagaba en cuotas.

Pero en el último año la pareja pasó a registrar bienes por G. 518 millones. Esto equivale a un incremento patrimonial de 700% en relación con los consignados en sus primeras declaraciones juradas presentadas ante la Contraloría General de la República.

Esta serie de revelaciones que le costaron la desvinculación del SIU y reintegrarse a la base de la Senad, además de las evidencias fotográficas que muestran que estrenaron hace poco tiempo una camioneta Toyota Hilux modelo 2023, cuyo valor ronda los US$ 65 mil, motivaron que el agente especial realice un descargo en un grupo de Whatsapp donde se encuentran miembros de élite de la institución.

La Nación Investiga corroboró el mensaje y el número telefónico de Chamorro, que aparece con emojis de un corazón junto a las banderas de Paraguay y Estados Unidos, atendiendo que SIU es coordinado por una agencia de inteligencia extranjera.

USO DISCRECIONAL DE RECURSOS

Chamorro, en primer lugar, confirma lo que fuentes ya informaban, el tenso ambiente interno en la Senad. En su mensaje vía Whatsapp habla de tomar partido y empezar una guerra “política, social y laboral” al interior de la institución, aunque remarca que no ventilará los “trapos sucios”, sugiriendo la altísima corrupción que se maneja como secreto a voces dentro de la institución.

Por otra parte, saca al descubierto que dentro de la Secretaría Antidrogas se conforman grupos de “hermandad”, como una especie de logias internas, advirtiendo que buscará a los responsables que supuestamente filtraron sus datos. Datos, valga la aclaración, que se consignan en informes de carácter público a los que accedió el equipo de La Nación Investiga, a través de distintas instituciones.

Incluso, y lo que es aún más grave, advierte que ya recolectó datos de los que presuntamente ventilaron sus lujos, dicho que apunta a la utilización de recursos técnicos de investigación para invadir la privacidad de sus mismos compañeros, y del “culpable” de las filtraciones a la prensa.

DESCONTROL

Esto claramente demuestra que la administración de la ministra Zully Rolón se encuentra en un colapso total, pues mientras emite comunicados con el objetivo de amedrentar a la prensa para evitar que se revelen nombres de cuestionados agentes especiales, internamente en la institución se desata una guerra desmedida por presuntos hechos de corrupción.

A esto se le suma el peligro que representa para la seguridad nacional que agentes especiales se declaren guerras internas, siendo ellos quienes con una extralimitación de sus funciones utilizan elementos del Estado para una persecución cuyos alcances no pueden ser medidos, donde incluso pueden exponer a situaciones de alto riesgo a cualquier persona.

Fuentes fidedignas y plenamente identificadas explicaron a La Nación/Nación Media los pasos de cómo supuestamente buscan datos de personas para utilizarlos discrecionalmente, desde interceptar comunicaciones, seguimientos con rastreadores, y visitas interesadas.

Los datos tienen lógica considerando, por ejemplo, la serie de filtraciones de investigaciones a cárteles que también fueron evidenciadas por La Nación Investiga, como las ocurridas en el marco de la operación A Ultranza Py, donde incluso la organización criminal objetivo de pesquisa fue advertida de trabajos de interceptación de una narcoavioneta y de las escuchas telefónicas. Avisos clave, puesto que los presuntos capos del esquema narco, como Miguel Insfrán, alias Tío Rico, y el uruguayo Sebastián Marset, hasta la fecha no lograron ser detenidos.

La Policía Nacional informó que detuvo a uno de los implicados de asaltar a turistas en la mencionada localidad. También lograron identificar a otros dos delincuentes que fueron plenamente identificados. Los mismos captaban a sus víctimas mediante las redes sociales, en su mayoría hombres de nacionalidad brasileña.

El detenido es Richard Diosnel Miranda Fernández de 18 años, quien fue reconocido por participar en dos asaltos que ocurrieron entre el lunes y el martes pasado en un pasillo del barrio San Rafael. Además posee denuncias como autor de otros robos agravados en dicho barrio.

Según el informe, Richard sería parte de una gavilla que también está integrada por Iván Florencio Espinoza Caballero (30) y Gervacio Ortega Ozorio, que en las elecciones del 2023 fue candidato a concejal departamental por el partido Frente Guasu.

Los dos últimos fueron reconocidos por las víctimas mediante fotografías, ya que habían sido fichados por la Policía Nacional como supuestos guías de compras.

El lunes a la tarde los delincuentes asaltaron a un joven al que captaron por el Facebook, donde ofrecieron un teléfono celular a la venta. El martes a la mañana cometieron otros dos asaltos usando las aplicaciones de citas Tinder y Grindr, con las que atrajeron a sus víctimas.

Todos los afectados son brasileños, quienes al cruzar la frontera eran abordados por Miranda. El joven los trasladaba en motocicleta hasta un sector del barrio San Rafael, donde los otros dos se encargaban de asaltarlos a punta de arma blanca o arma de fuego.

A las 10:00 de la mañana el Gobierno recibirá a los representantes de la (Cetrapam) Central de Empresario del Transporte de Pasajeros del Área Metropolitana. Será una reunión tripartita que incluirá al Ministerio del Trabajo, el Viceministerio del Transporte y a los empresarios.

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Este es el gremio que tiene previsto un paro en la prestación del servicio público durante tres días, a partir del lunes 20 de mayo, en protesta contra la actual tarifa técnica del pasaje.

El titular de Cetrapam, César Ruiz Díaz, sostiene que, desde el inicio de esta administración está planteada la discusión sobre los números que consideran correctos para la tarifa, sin poder llegar a un acuerdo. A su criterio, se requiere una actualización.

En otros términos, lo que este sector empresarial pretende es un aumento del monto total correspondiente a la tarifa, sea que se traslade al bolsillo del pasajero o así se cubra a través del subsidio.

Este será el primer encuentro desde el anuncio del paro, al cual, por cierto, no se suma la Fetram (Federación de Transporte del Área Metropolitana), donde consideran que no es correcto utilizar a los pasajeros como parte de un chantaje.

Ximex Línea 44, Ypacaraí Línea 242, Are­güeña Línea 111, San Isidro Línea 48-51 y Magno Línea 12 son las que pertenecen a Fetram y, que, por ende, continuarán circulando.

Por los reposos acreditados el 22 de febrero, el 20 de marzo y el 25 del mismo mes, el Instituto de Previsión Social informó que “ha transferido a la entidad procesadora de pagos la totalidad de los recursos financieros necesarios para los subsidios por reposos”.

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El importe total desembolsado por IPS es de 15.993 millones de guaraníes, sin embargo, los asegurados presentaron sus reclamos porque, hasta la fecha (muchos esperan desde febrero) no pueden cobrar lo que les corresponde.

Al respecto, el IPS consultó a la entidad procesadora de pagos, la cual contestó que “se detectó un error puntual en los sistemas de acreditación de una de las entidades participantes”.

Con esta respuesta, la previsional sostiene que deslinda toda responsabilidad e insta a los asegurados a concurrir a sus respectivas entidades bancarias.

Si bien el IPS paga una buena parte de sus reposos a través del BNF, también tiene convenios con otras instituciones con las cuales los aportantes perciben sus salarios como trabajadores.