Ataque político: testigos revelan uso “sincronizado” de Senad y Seprelad

Un informe de auditoría interna de la Seprelad aporta testimonios de funcionarios que revelan más indicios sobre el uso de toda la “artillería” estatal para perseguir a los enemigos políticos. Las unidades de investigación interna, tanto de la Seprelad como de la Senad, fueron puestas al servicio de la persecución política durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.

  • Por Cinthia Mora

La actual administra­ción de la Seprelad, a cargo de Liliana Alcaraz, ordenó una audito­ría interna para investigar las circunstancias fácticas en las que se filtró un pedido de informe confidencial de la Fiscalía de Panamá sobre el expresidente de la República Horacio Cartes.

La pesquisa interna aporta más indicios sobre el manejo irregular de la institución durante el gobierno anterior. Testimonios de funcionarios claves de la Unidad Inteligen­cia Financiera revelaron que agentes de la Senad tenían acceso “liberado” a la uni­dad y mantenían constantes y llamativas reuniones con las autoridades del momento.

En ese sentido, consta en el documento final de la audi­toría, remitido al Ministe­rio Público, el testimonio de la funcionaria Rocío Peña, directora interina de la Direc­ción de Análisis Financiero, quien expresamente señaló lo siguiente: “En la DGAFE accedían funcionarios de otras dependencias de la Seprelad, así como de otras instituciones, principalmente de la Senad quienes se reunían con el entonces director Gui­llermo Preda, René Fernán­dez y Carlos Arregui”.

Testimonio de funcionaria de Seprelad que confirma acceso “liberado” de agentes de la Senad en el periodo de filtraciónTestimonio de funcionaria de Seprelad que confirma acceso “liberado” de agentes de la Senad en el periodo de filtración

Estas llamativas reuniones se daban durante el mismo período de tiempo (entre enero y marzo de 2022) en el que funcionaba dentro de la Seprelad una oficina mon­tada exclusivamente para investigar a Horacio Cartes. En esta dependencia “para­lela” a cargo de un funcionario ajeno a la institución, Daniel Farías, quien respondía direc­tamente a las órdenes de Arnaldo Giuzzio, se fraguó un documento secreto que luego sirvió de base para un informe de inteligencia. Según el acta de imputación de la Fiscalía, este informe secreto posee datos falsos y tergiversados usados con el fin de atacar polí­ticamente a Horacio Cartes y Santiago Peña.

Otra funcionaria de la Sepre­lad cuyo testimonio confirma que las unidades de investi­gación, tanto de la Seprelad como de la Senad, operaban de forma “sincronizada” es Liliana López, quien se des­empeñaba como analista senior de la Dirección de Aná­lisis Financiero y Estraté­gico, dependencia que estuvo a cargo de Carmen Pereira y Guillermo Preda durante el período de las filtraciones. La misma manifestó que ingre­saban hasta esa oficina per­sonas extrañas dentro de la UIF (Unidad de investiga­ción Financiera). “Entraban mayormente de la Senad, supongo que con autorización”.

De los testimonios recogidos durante la auditoría interna se desprende que funcionarios ajenos a la institución, espe­cialmente de la Senad, ingresa­ban a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Seprelad en el mismo periodo de tiempo en el que se registraron las filtra­ciones de informes y a la par del funcionamiento de una oficina paralela dentro de la institución.

La auditoría interna de Sepre­lad concluye que “durante el período de tiempo, entre los años 2021 y 2022, era habi­tual el ingreso de personas que no contaba con la autoriza­ción debida y sin el acompaña­miento necesario, lo cual cons­tituye una violación de normas institucionales e internaciona­les que establecen restriccio­nes en el acceso a estas áreas”.

El informe de evaluación por parte de Gafilat señalaba res­pecto al ingreso de personas extrañas a esta dependencia de la Seprelad que dentro de la UIF (Unidad de Inteligen­cia Financiera) las áreas que poseen informaciones reser­vadas se tienen que tener acce­sos restringidos al público y solo pueden acceder los fun­cionarios acreditados.

PERSECUCIÓN ARRANCÓ EN SENAD

Audios filtrados de una reu­nión en la Secretaría Anti­drogas (Senad), entre el exmi­nistro Arnaldo Giuzzio, Zully Rolón y agentes de inteligencia de dicha secretaría, revelaron cómo se operaba desde esa ins­titución para forzar la inclu­sión de empresas del Grupo Cartes a esquemas delictivos sin ningún tipo de sustento. Esta reunión se habría regis­trado el 13 de noviembre de 2019, coincidentemente días después en Brasil se libraba una orden de prisión en con­tra de Horacio Cartes. Desde noviembre de 2019 se pueden constatar las coinci­dencias entre los personajes, los hechos y las acciones como parte de un mismo meca­nismo montado, utilizando toda la artillería estatal dis­ponible para perseguir a los enemigos políticos del expre­sidente Abdo Benítez.

Informe de auditoría interna de Seprelad que revela más indicios sobre uso “sincronizado” de unidades de investigación de Senad y SepreladInforme de auditoría interna de Seprelad que revela más indicios sobre uso “sincronizado” de unidades de investigación de Senad y Seprelad

IGNORARON RECOMENDACIONES DE GAFILAT

El esquema paralelo que fun­cionaba dentro de la Seprelad para fraguar y filtrar informes de inteligencia financiera fue advertido por la propia orga­nización encargada de la eva­luación del cumplimiento de las normas antilavado (Gafi­lat). Sin embargo, la admi­nistración de Carlos Arregui hizo caso omiso a las adver­tencias y recomendaciones exponiendo al país a even­tuales sanciones.

En su informe de evaluación mutua a Paraguay del Grupo de Acción Financiera de Lati­noamérica (Gafilat), en el mes de setiembre de 2022, año en el que se registró la mayor canti­dad de filtraciones de informes confidenciales desde la Sepre­lad, se consignó lo siguiente:

“Respecto del uso de la infor­mación por parte de las auto­ridades destinatarias, (…) pre­ocupa al equipo evaluador la filtración de reportes de inte­ligencia financiera disemina­dos por la Unidad de Inteli­gencia Financiera-UIF, en los cuales se han llegado a publi­car en portales de internet, incluyendo páginas comple­tas del informe de inteligencia, y algunos medios han enun­ciado haber tenido acceso a estos informes, llegando incluso a transcribir parte de ellos”, concluyó el equipo que evaluó al Paraguay.

El informe de evaluación mutua instaba además a Para­guay a implementar protoco­los para el reporte de inciden­tes y rendición de cuentas por parte de terceros en los epi­sodios de fugas o filtraciones de información. Nada de esto se aplicó en la administración anterior.

Territorialidad en caso Pecci: Colombia y Paraguay se distribuirán tareas

El principio internacional de territorialidad exige que los hechos sean investigados dentro de su jurisdicción. Sin embargo, en el asesinato de Marcelo Pecci, Colombia y Paraguay, a través de un acuerdo de cooperación, se distribuirán las competencias.

El fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, mantuvo una reunión de tres horas con su homóloga de Colombia, respecto al equipo conjunto conformado para la investigación del asesinato de Marcelo Pecci.

El encuentro se dio, luego de la aceptación colombiana a la propuesta paraguaya de trabajar entre ambos países en la búsqueda de los autores intelectuales del magnicidio.

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Respecto a la territorialidad, Doldán reconoció que es un asunto bastante complejo en derecho penal, pero que el instrumento de cooperación técnica permitirá desatar ese nudo.

El equipo conjunto de investigación como una de sus aristas tiene la pauta para fijar la jurisdicción, la distribución de jurisdicción y competencia”, respondió el fiscal Doldán.

También explicó que este procedimiento se ejecuta en base a normas de las Naciones Unidas y no precisamente a un Estado.

El principio de territorialidad exige que los hechos punibles sean investigados dentro de su jurisdicción, pero existen aristas que propician la investigación extraterritorial y penal y eso es lo que vamos a pautar”,confirmó.

En cuanto a la publicación del medio colombiano Semana, que dice haber accedido a la investigación de la autoría intelectual y habla de una alianza entre tres narcotraficantes, Doldán sostuvo que el dato se desprende de las declaraciones de Francisco Correa Galeano, pero que la Fiscalía no puede confirmar ni descartar nada.

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No lo predijo: detienen a tarotista por vaciamiento de cuentas

La Policía Nacional y la Fiscalía detuvieron este miércoles al parapsicólogo Diego Parra por supuestamente estar involucrado en un esquema de vaciamiento de cuentas bancarias.

La vivienda el reconocido tarotista colombiano “Maestro” Diego Parra, ubicada en la ciudad de Ñemby, fue allanada en la mañana de este miércoles por una comitiva fiscal-policial, en el marco de una investigación por estafa y lavado de dinero a través del supuesto vaciamiento de cuentas bancarias.

Parra, quien se dedica a resolver problemas amorosos y leer las cartas, estaría involucrado -junto con su pareja Karina de Parra- en la sustracción bancaria de unos G. 1.800 millones, realizada entre los años 2020 y 2024.

El esquema estaría liderado por la exfuncionaria de una entidad financiera, identificada como Milca López González (detenida), quien era Ejecutiva de Cuentas y supuestamente accedía a los datos de los clientes que figuraban en su cartera. De acuerdo con los intervinientes, la trabajadora activaba tarjetas a nombres de sus víctimas y comenzaba a mover dinero, aumentando la línea de crédito. Supuestamente, para sacar el dinero de los clientes, la mujer utilizaba el aparato POS del tarotista Parra, haciendo figurar que la sustracción era por pago de servicios.

Siempre conforme con la investigación, con el fin de no levantar sospechas en su trabajo, López hacía figurar en el sistema informático que los clientes de la financiera hacían sus pagos correspondientes a la financiera, pero estos eran meramente ficticios al no ingresar realmente el dinero físico al sistema financiero. Todo esto ocurría sin que los titulares de las cuentas estén enterados.

En total, la funcionaria desleal logró desviar G. 1.800 millones de la financiera, de los cuales G. 1.800 millones fueron a parar al tarotista. Parra recibió estas transferencias, a través de un POS que estaba a su nombre, y no pudo demostrar ante la Fiscalía y Policía que efectivamente las operaciones consistieron en pagos por “sus servicios”. “No encontramos facturas de sus servicios de tarotista, por eso se presume de otra hipótesis. Tenemos comprobado de que él recibió 1.200 millones y se realizaron 53 operaciones mediante el POS que estaba a su nombre y su esposa”, mencionó la fiscal Ruth Benítez en charla con los medios.

ANDE ya intervino 71 granjas ilegales de criptominería y ahora busca elevar sanciones

Hasta el momento, lograron desmantelarse 71 granjas ilegales de criptominería en nuestro país. La ley que debe ser tratada este miércoles en el Senado busca aumentar las penas por robo de energía eléctrica.

Nelson Medina, asesor jurídico de la ANDE, señaló al canal GEN que el auge de la criptominería empezó en el 2019, año en que se realizó la primera intervención contra una granja ilegal en la zona de Ciudad del Este.

A partir de allí, este negocio sufrió un crecimiento exponencial, principalmente al margen de la ley, puesto que la mayor cantidad de granjas de minería de criptomonedas opera de forma ilegal e incurre en la sustracción de energía eléctrica.

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Hasta la fecha, se tienen contabilizadas 71 intervenciones por robo de energía eléctrica para criptominería, según un informe elaborado por la ANDE. La mayor cantidad de allanamientos se realizaron en Alto Paraná (48), siendo el departamento con más denuncias.

Medina recordó que, una vez que la ANDE formaliza la denuncia, el Ministerio Público es la institución que tiene a su cargo impulsar las diligencias pertinentes y ordenar los allanamientos, lo cual anteriormente no se lograba con celeridad. “El factor sorpresa ya desaparecía y en delitos de esta naturaleza es un factor determinante”.

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AUMENTO DE PENAS POR ROBO DE ENERGÍA

El asesor jurídico de la ANDE señaló que la aprobación del proyecto de ley que eleva las penas por robo de energía eléctrica es de vital importancia para sancionar con todo el peso de la ley a quienes incurren en este delito. “El resultado que hemos obtenido es casi nulo”.

Debido a que muchos de los acusados suelen obtener una salida procesal a sus causas penales, desde la institución y otros entes del gobierno evaluaron la posibilidad de aumentar las sanciones para los responsables de estos hechos, lo cual llevó a la presentación del proyecto a ser tratado en el Congreso.