• Por Cinthia Mora

La actual administra­ción de la Seprelad, a cargo de Liliana Alcaraz, ordenó una audito­ría interna para investigar las circunstancias fácticas en las que se filtró un pedido de informe confidencial de la Fiscalía de Panamá sobre el expresidente de la República Horacio Cartes.

La pesquisa interna aporta más indicios sobre el manejo irregular de la institución durante el gobierno anterior. Testimonios de funcionarios claves de la Unidad Inteligen­cia Financiera revelaron que agentes de la Senad tenían acceso “liberado” a la uni­dad y mantenían constantes y llamativas reuniones con las autoridades del momento.

En ese sentido, consta en el documento final de la audi­toría, remitido al Ministe­rio Público, el testimonio de la funcionaria Rocío Peña, directora interina de la Direc­ción de Análisis Financiero, quien expresamente señaló lo siguiente: “En la DGAFE accedían funcionarios de otras dependencias de la Seprelad, así como de otras instituciones, principalmente de la Senad quienes se reunían con el entonces director Gui­llermo Preda, René Fernán­dez y Carlos Arregui”.

Testimonio de funcionaria de Seprelad que confirma acceso “liberado” de agentes de la Senad en el periodo de filtración

Estas llamativas reuniones se daban durante el mismo período de tiempo (entre enero y marzo de 2022) en el que funcionaba dentro de la Seprelad una oficina mon­tada exclusivamente para investigar a Horacio Cartes. En esta dependencia “para­lela” a cargo de un funcionario ajeno a la institución, Daniel Farías, quien respondía direc­tamente a las órdenes de Arnaldo Giuzzio, se fraguó un documento secreto que luego sirvió de base para un informe de inteligencia. Según el acta de imputación de la Fiscalía, este informe secreto posee datos falsos y tergiversados usados con el fin de atacar polí­ticamente a Horacio Cartes y Santiago Peña.

Otra funcionaria de la Sepre­lad cuyo testimonio confirma que las unidades de investi­gación, tanto de la Seprelad como de la Senad, operaban de forma “sincronizada” es Liliana López, quien se des­empeñaba como analista senior de la Dirección de Aná­lisis Financiero y Estraté­gico, dependencia que estuvo a cargo de Carmen Pereira y Guillermo Preda durante el período de las filtraciones. La misma manifestó que ingre­saban hasta esa oficina per­sonas extrañas dentro de la UIF (Unidad de investiga­ción Financiera). “Entraban mayormente de la Senad, supongo que con autorización”.

De los testimonios recogidos durante la auditoría interna se desprende que funcionarios ajenos a la institución, espe­cialmente de la Senad, ingresa­ban a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Seprelad en el mismo periodo de tiempo en el que se registraron las filtra­ciones de informes y a la par del funcionamiento de una oficina paralela dentro de la institución.

La auditoría interna de Sepre­lad concluye que “durante el período de tiempo, entre los años 2021 y 2022, era habi­tual el ingreso de personas que no contaba con la autoriza­ción debida y sin el acompaña­miento necesario, lo cual cons­tituye una violación de normas institucionales e internaciona­les que establecen restriccio­nes en el acceso a estas áreas”.

El informe de evaluación por parte de Gafilat señalaba res­pecto al ingreso de personas extrañas a esta dependencia de la Seprelad que dentro de la UIF (Unidad de Inteligen­cia Financiera) las áreas que poseen informaciones reser­vadas se tienen que tener acce­sos restringidos al público y solo pueden acceder los fun­cionarios acreditados.

PERSECUCIÓN ARRANCÓ EN SENAD

Audios filtrados de una reu­nión en la Secretaría Anti­drogas (Senad), entre el exmi­nistro Arnaldo Giuzzio, Zully Rolón y agentes de inteligencia de dicha secretaría, revelaron cómo se operaba desde esa ins­titución para forzar la inclu­sión de empresas del Grupo Cartes a esquemas delictivos sin ningún tipo de sustento. Esta reunión se habría regis­trado el 13 de noviembre de 2019, coincidentemente días después en Brasil se libraba una orden de prisión en con­tra de Horacio Cartes. Desde noviembre de 2019 se pueden constatar las coinci­dencias entre los personajes, los hechos y las acciones como parte de un mismo meca­nismo montado, utilizando toda la artillería estatal dis­ponible para perseguir a los enemigos políticos del expre­sidente Abdo Benítez.

Informe de auditoría interna de Seprelad que revela más indicios sobre uso “sincronizado” de unidades de investigación de Senad y Seprelad

IGNORARON RECOMENDACIONES DE GAFILAT

El esquema paralelo que fun­cionaba dentro de la Seprelad para fraguar y filtrar informes de inteligencia financiera fue advertido por la propia orga­nización encargada de la eva­luación del cumplimiento de las normas antilavado (Gafi­lat). Sin embargo, la admi­nistración de Carlos Arregui hizo caso omiso a las adver­tencias y recomendaciones exponiendo al país a even­tuales sanciones.

En su informe de evaluación mutua a Paraguay del Grupo de Acción Financiera de Lati­noamérica (Gafilat), en el mes de setiembre de 2022, año en el que se registró la mayor canti­dad de filtraciones de informes confidenciales desde la Sepre­lad, se consignó lo siguiente:

“Respecto del uso de la infor­mación por parte de las auto­ridades destinatarias, (…) pre­ocupa al equipo evaluador la filtración de reportes de inte­ligencia financiera disemina­dos por la Unidad de Inteli­gencia Financiera-UIF, en los cuales se han llegado a publi­car en portales de internet, incluyendo páginas comple­tas del informe de inteligencia, y algunos medios han enun­ciado haber tenido acceso a estos informes, llegando incluso a transcribir parte de ellos”, concluyó el equipo que evaluó al Paraguay.

El informe de evaluación mutua instaba además a Para­guay a implementar protoco­los para el reporte de inciden­tes y rendición de cuentas por parte de terceros en los epi­sodios de fugas o filtraciones de información. Nada de esto se aplicó en la administración anterior.

Gutiérrez refirió que corresponde la elevación y, si se logra la imprescriptibilidad de la acción, sería un avance para sacar de circulación a los abusadores y proteger a los niños.

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Según los datos proveídos por la Plataforma de Datos Abiertos del Ministerio Público, de enero a abril de este año, se registraron un total de 6.266 casos de vulneración de derechos contra niñas, niños y adolescentes, de los cuales 1.014 corresponden a abuso sexual.

“Creemos que es una oportunidad para poner más rigurosas las penas, pero con el entendimiento que no es la única solución”, expresó a los medios de prensa.

La Cámara Alta aprobó por unanimidad el proyecto que busca elevar la pena de 15 a 30 años de cárcel para abusadores. La legislación actual establece penas de 4 a 15 años.

El ministro de la Niñez reiteró el llamado ciudadano para sumarse a la campaña #TodosSomosResponsables, que busca erradicar el abuso sexual infantil y recordó que es un crimen que fragmenta a la familia y deja huellas imborrables.

En ese contexto, este viernes se hará un acto para conmemorar el “Día Nacional de lucha contra el abuso sexual y todo tipo de violencia hacia niñas, niños y adolescentes del Paraguay”, instaurado por Decreto Presidencial N° 3279, del año 2004. Será a las 09:00 en la Costanera de Asunción.

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El comisario Walter Lobo, de la comisaría jurisdiccional, dijo que son continuas las denuncias que reciben en ese sentido, por lo que se resolvió integrar un equipo encargado de detectar y detener a los sujetos.

“En reunión con autoridades e la escuela y padres de alumnos, se acordó integrar un grupo que se encargue de la denuncia”, respondió a la 1020 AM el jefe policial.

Según explicaron familiares de niños que fueron abordados por los individuos, estos merodean la zona, en horas de entrada y salida de los chicos, para lanzarse en propuestas para que “les acompañen”.

Al decir de los investigadores, uno de los hombres sería el mismo que, semanas atrás, alzó a la fuerza a un escolar, que logró escapar del ataque tras propinarle un mordisco. El chico denunció el hecho y dio pistas acerca de las características de su atacante.

Por el lado de la comisión de padres de la escuela donde concurren los menores que son hostigados por los maleantes, resolvieron por su parte establecer medidas de seguridad para sus hijos, y de acciones en casos de urgencia que requiera para atraparlos.

Desde el ámbito policial señalaron que se levantaron imágenes de cámaras de circuitos de la zona escolar, al efecto de intentar la identificación de los delincuentes.

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En un acto desarrollado esta mañana, la cúpula policial del departamento de Itapúa dio a conocer los primeros resultados tras la puesta en marcha de “Itapúa Seguro”.

Se trata de un plan operativo movilizó a las fuerzas policiales en el séptimo departamento tras la serie de atracos a entidades bancarias, cajeros y trasportadoras, menciona el informe de la corresponsal de Nación Media, Rocío Gómez.

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Como parte de este plan, se aumentó la dotación de efectivos en el departamento para reforzar las distintas comisarías, además de asignar fusileros en sedes bancarias y agentes femeninas en colegios y escuelas de la zona.

A lo largo de este mes, unas 131.000 personas fueron verificadas, de las cuales 173 quedaron a disposición de la justicia luego de ser detenidas. Por su parte, se lograron incautar 10 vehículos de 7.200 inpeccionados y 52 motocicletas de más de 5.570.

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En la conferencia de esta mañana estuvieron presentes los jefes de las 117 comisarías que operan en Itapúa, ocasión aprovechada para reconocer a algunos comisarios por su labor.

El Crio. Juan Agüero, director de Policía de Itapúa, sostuvo que se irán haciendo ajustes y correcciones conforme avancen con la implementación del plan Itapúa Seguro. A su vez, destacó el trabajo coordinado que prevén impulsar con los militares que serán enviados al departamento.