Nuestro país registra un movimiento de 90.000 contenedores año (entre importación y exportación), pero la capacidad de la Dirección Nacional de Aduanas de escanear estas cargas solo llega al 5%, es decir, unos 4.500 contenedores.

La institución aduanera requiere como mínimo 10 equipos nuevos para cubrir siete puertos privados por donde pasan el 94% de los contenedores y tres en las zonas fronterizas. Sin embargo, los equipos tecnológicos actuales de la institución tienen más de 13 años de uso y están prácticamente obsoletos.

Son tres los equipos viejos que cuenta la institución. Estos, por la suma total de G. 46.700 millones, fueron “repotenciados” (nombre pomposo para designar la reparación de tres chatarras obsoletas). Con el importe de esta dudosa “inversión” (sacada por la vía de la excepción) podían haber comprado escáneres nuevos.

Según el director aduanero, Julio Fernández, con los recursos propios de la institución se llegó a adquirir un aparato de control. En tanto que una licitación para la compra de otros dos escáneres sigue sin definirse, pese a que la subasta se realizó a mediados de agosto pasado.

Mientras que Aduana recibió como donación un equipo de parte del Centro de Despachantes Aduaneros. A lo anterior se suman las cuatro camionetas con rayos X que fueron donadas por Taiwán pero que aún no llegaron al país.

Es decir: la institución cuenta con tres aparatos viejos repotenciados; otro donado por el Centro de Despachantes, otro comprado con recursos propios; recibirá como donación cuatro de parte de Taiwán, y está licitando dos más.

En el cambalache total hay 11, pero de momento solamente dos escáneres están funcionando, lo cual permite que los narcos sigan contaminando las cargas con cocaína para enviar al extranjero.

El último caso detectado fue un contenedor de carne con 648 kilos de cocaína proveniente de Asunción, cuya incautación se registró el 16 de noviembre en el puerto de Amberes, Bélgica. El modus operandi es el mismo que el detectado en Montevideo cinco días después.

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Otro detalle que se repite es que las bolsas estaban señalizadas con una pintata en forma de cruz, como en el operativo en Montevideo, que se llevó a cabo el 21 de noviembre, es decir, cinco días después, donde el destino final era Rusia con escala en Amberes, Bélgica.

Respecto a la carga incautada en Uruguay, el abdista Víctor Ramón Sanabria Oporto, Adelio Fretes García y Cándido Fretes son investigados y se encuentran prófugos.

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Este fin de semana se tuvo conocimiento sobre un hecho de hurto en un comercio ubicado en el distrito de Santísima Trinidad, departamento de Itapúa.

El local comercial afectado se denomina “Amely Store”, el cual fue visitado por delincuentes cuando nadie se encontraba presente.

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Según menciona el portal Más Encarnación, los responsables de este robo sustrajeron una gran cantidad de productos que van desde cargadores para celulares hasta cuchillos artesanales y parlantes.

La propietaria del local, Mirian Susana Franco Centurión, mencionó que al llegar en horas de la mañana para iniciar su actividad comercial se percató que la puerta principal fue violentada.

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Al ingresar al negocio, descubrió que alguien había entrado allí entre la noche y madrugada para hurtar varias de las mercaderías que se encontraban en los escaparates.

La denuncia fue formalizada ante la comisaría de Trinidad, a fin de impulsar las investigaciones pertinentes.

En el transcurso de la tarde se reportó una amenaza de bomba en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi de la ciudad de Luque.

La alerta se registró en un avión de la empresa JetSmart que se encontraba a punto de partir de la terminal aeroportuaria con destino a la ciudad de Buenos Aires, Argentina.

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Los reportes preliminares mencionan que un pasajero afirmó contar con un explosivo en su equipaje de mano, motivo por el que automáticamente se emitió la alerta y se activó el protocolo de seguridad.

A raíz de ello, se procedió a la evacuación de toda la tripulación -157 pasajeros y 6 tripulantes- que se encontraba en la aeronave, además de la extracción de todo el equipaje.

Posteriormente, se dio aviso a personal explosivista de la FOPE, que a estas horas ya se encuentra en el lugar para hacer la inspección de rigor, a fin de confirmar o descartar la veracidad de la amenaza.

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Mientras tanto, los pasajeros fueron llevados en un bus hasta una zona segura del aeropuerto, a la espera de los resultados que arroje la verificación que realicen los especialistas.

Los vuelos en el Silvio Pettirossi se encuentran suspendidos de forma temporal luego de confirmarse esta amenaza de bomba, mientras que la aeronave de JetSmart sigue varada en la pista de despegue.

Erick Urueta, veedor judicial de Colombia, señaló que de confirmarse esa versión, y que EEUU tenga pruebas de que los asesinos ingresaron de ese modo a su esquema legal, corresponderá la extradición de los sujetos ya condenados en Colombia.

“Lo que sí está claro es que para que EEUU pida extradición de estas personas es porque se cometió una conducta delictiva en EEUU, a pesar de que el crimen fue en Colombia. Si se llega a demostrar que uno de los bancos fue utilizado para hacer llegar a Colombia la plata que salió de Paraguay para pagar el crimen, estaríamos frente a una legalidad acerca de que ese país pida la extradición. Eso es lo que cree EEUU”, manifestó Urueta en comunicación con la 1020 AM.

Enfatizó que con la evolución de las investigaciones, en Colombia existe la convicción de que se puede llegar hasta la persona que ordenó matar a Pecci.

“No es una retaliación a ese pedido de extradición. Se está solicitando una reunión urgente con la Fiscalía de Colombia para tratar ese asunto, pero no se pueden ir a EEUU si no llegamos a los autores intelectuales y yo creo que tarde o temprano lo haremos”, acotó.

El funcionario colombiano significó que la pesquisa de la DEA, podría desembocar en dilucidar las conexiones que se tejieron en torno al magnicidio.

“Pienso que se debe determinar si el fiscal Pecci fue asesinado por alguna persona intelectualmente que esté relacionada con actos delictivos en EEUU. Tiene que demostrarse muchos elementos probatorios que demuestren que estas conductas afectaron a ese país”, concluyó Urueta.

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