Según informa El País, un mosquito asiático capaz de sobrevivir en ambientes urbanos amenaza con minar los progresos contra la malaria en África. En su informe anual sobre la enfermedad, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha alertado de que la llegada de ‘Anopheles stephensi’ a por lo menos cinco países africanos es un “riesgo real” para el control y la eliminación de la dolencia en el continente, que acumula el 96% de las más de 600.000 muertes por paludismo a nivel global.

Este mosquito originario de la Península Arábiga y el sur de Asia entró por Yibuti, en el este del África, y ya se ha detectado en Etiopía, Somalia, Sudán e incluso en Nigeria, en el oeste del continente. “Su expansión por el Cuerno de África, combinada con la urbanización rápida y mal planificada, puede aumentar el riesgo de transmisión en las ciudades africanas”, explica el documento de la OMS.

La organización desgrana los motivos de su preocupación: el vector resiste a varios de los insecticidas más usados y sobrevive a temperaturas extremadamente altas durante la estación seca, que suele ser cuando menos casos de malaria hay. Además, puede picar tanto en lugares cerrados como al aire libre, y transmitir diversas variantes de Plasmodium, el parásito causante de dolencia.

Y, a diferencia de otras especies de mosquito, el stephensi se adapta muy bien a las ciudades y es capaz de criar en cualquier rincón con agua estanca, incluso en pozos profundos. Según la OMS, la entrada de este vector a África subsahariana es especialmente preocupante porque el 40% de la población vive en ciudades y se prevé que, para finales de siglo, la región tenga 13 de las 20 mayores ciudades del mundo, frente a las dos actuales.

A más desigualdad, más riesgo

El problema no es tanto la urbanización, sino el crecimiento de asentamientos informales sin buenos sistemas de alcantarillado, higiene y saneamiento. Tal y como ha ocurrido con enfermedades como el Zika, la malaria causada por stephensi amenaza a las personas que viven en barrios de chabolas, entre baches encharcados, vertederos improvisados y neumáticos abandonados.

“Anopheles stephensi ha pasado de ser una amenaza en potencia a un peligro muy real y que está expandiendo”, ha declarado a EL PAÍS Regina Rabinovich, directora de la Iniciativa para la Eliminación de la Malaria de ISGlobal (Barcelona). “El reto ahora es mapear dónde está y abordar los riesgos que representa, tanto a través de la ciencia como de los sistemas de salud pública”.

La OMS lanzó este año una iniciativa global para frenar el avance del súper mosquito, y se mantiene firme su objetivo de reducir los casos de malaria en un 90 por ciento para 2030 con relación a los niveles de 2015.

Las claves del informe anual sobre la malaria

La malaria sigue siendo una de las enfermedades infecciosas más mortíferas del mundo. Según el informe de la OMS, mató a 619.000 personas en 2021, algo menos que en el año anterior, pero por encima de los niveles previos a la Covid-19 (568.000). Lo que sí aumentó fueron el número de casos, que alcanzaron los 247 millones en 2021, frente a los 245 en el año anterior y los 132 millones antes de la pandemia.

“Aunque duramente golpeados [por los efectos de la Covid-19], la mayoría de los países aguantaron el tipo y fueron capaces de mantener los servicios para prevenir, detectar y tratar la malaria, toda una proeza”, ha afirmado el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Aparte de la expansión del súper mosquito asiático, otros retos que enfrentan los países son la evolución de estos insectos, que siguen desarrollando resistencia a los insecticidas convencionales, y del parásito, que está cambiando para pasar desapercibido en las pruebas diagnósticas y plantarles cara a los medicamentos.

Luego están la combinación del cambio climático y los viajes de larga distancia, que podrían llevar los mosquitos transmisores de la malaria a nuevas latitudes; lugares que no están preparados para prevenir, detectar y tratar la enfermedad. Y también pesan los efectos de diversas crisis humanitarias en zonas como el Sahel, Etiopía y la República Democrática del Congo, así como el tambaleo de la economía mundial atizado por el conflicto entre Rusia y Ucrania.

En 2021, la inversión global en malaria alcanzó los 3.300 millones de euros, pero sigue muy por debajo de los 6.900 que se considera que hacen falta para lograr los objetivos de control y eliminación de la enfermedad.

Motivos para el optimismo

La ciencia está avanzando para mantenerse un paso por delante de los mosquitos y los parásitos que están detrás de la malaria. A finales de 2023, millones de niños en zonas de alto riesgo recibirán la primera vacuna de la historia contra la malaria, conocida como RTS,S, y hay un par más en desarrollo.

Asimismo, se están probando mosquiteras impregnadas de diversos insecticidas de larga duración, se está explorando la posibilidad de manipular genéticamente a los mosquitos vectores para que dejen de transmitir el parásito y se está trabajando en nuevos medicamentos y pruebas para sortear la resistencia.

Desde el año 2000, más de 20 países han logrado eliminar los casos de malaria. En 2021, China y El Salvador fueron declaradas libres de paludismo y otros países están cerca de emular este hito. Para lograrlo, según la OMS y los expertos, harán falta sistemas de salud primaria más fuertes y mayores inversiones en ciencia y productos contra la malaria urbana, así como para la resistencia a medicamentos.

Fuente: AFP

Las tropas rusas han logrado varios avances en la región de Donetsk la última semana, lo que ha generado incluso críticas de los blogueros militares ucranianos, que no suelen enjuiciar a las fuerzas armadas de su país.

“Gracias a las operaciones activas, unidades del grupo de fuerzas central han liberado la aldea de Novobajmutivka”, indicó el Ministerio de Defensa ruso.

Esta posición está situada a cerca de 10 kilómetros al norte de la ciudad de Avdiivka, que las fuerzas rusas tomaron en febrero tras una de las batallas más rudas desde que empezó el conflicto en febrero de 2022.

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Este avance colocó en dificultades al ejército ucraniano, que enfrenta esta ofensiva con una escasez de hombres y de municiones.

El jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, Oleksandr Syrsky, afirmó a mediados de mes que la situación en el frente oriental “empeoró considerablemente” y reconoció que Rusia ha obtenido algunos “éxitos tácticos”.

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El director de inteligencia del Ministerio de Defensa ucraniano, Kirilo Budánov, advirtió este mes que la situación en el frente iba a empeorar hacia mediados de mayo y junio.

Kiev espera que la aprobación en el Congreso de Estados Unidos de un nuevo paquete de ayuda militar por miles de millones de dólares le permita estabilizar la situación en las extensas líneas del frente.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará a partir de la cero hora del lunes un paro de 72 horas en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

La medida, dijo el secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, paralizará las exportaciones de agroalimentos y controles sanitarios en todo el territorio argentino.

“Este paro seguramente acarreará pérdidas multimillonarias para nuestro país y el Gobierno es el único responsable. Si se aprueba la Ley Bases, el Estado será destrozado”, dijo Aguiar.

La medida se produce en la etapa inicial del período de mayor liquidación de agroexportaciones e ingreso de divisas a la Argentina, pues implica la paralización de controles en puertos, aeropuertos y aduanas.

Al cese de la fiscalización de las barreras zoofitosanitarias, que impide la salida de productos, se sumará la movilización del sindicato el martes 30 de abril al Congreso de la Nación, fecha en que se estima que la Cámara de Diputados continuará tratando el proyecto oficial en una maratónica sesión que se iniciará el lunes.

Proyecto con dictamen

El tratamiento de la versión reducida del original proyecto de “Ley de Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” es el resultado del dictamen de mayoría firmado el jueves en la Cámara baja.

Según ATE, la pieza legislativa propicia “una dura reforma del Estado que deteriorará notablemente el funcionamiento de organismos estatales, incluido el Senasa. Por eso, dice el sindicato, “el 30 de abril ATE se movilizará frente al Congreso en una nueva Jornada Nacional de Lucha en el marco del Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas, fecha en la que se estará tratando el proyecto en el recinto parlamentario”.

“El único lenguaje que entiende el Gobierno es el de los números, y por eso decidimos paralizar todas las exportaciones. Se van a suspender todos los controles en las aduanas, puertos y aeropuertos, y se van a levantar todas las barreras de control zoofitosanitarias en el país”, dijo Aguiar.

Según el dirigente sindical, “si se aprueba esta ley, el presidente Milei tendrá facultades para reestructurar cualquier dependencia pública, incluso achicar, fusionar y hasta disolver cualquier organismo”.

Respecto al caso del Senasa, agregó: “pretenden dejar sobre la órbita del Senasa solamente la certificación de las importaciones, porque es lo único que le interesa al Gobierno para obtener divisas. El resto de las funciones se la van a delegar empresas privadas o incluso a los estados provinciales. También quieren que los controles de pasos fronterizos terrestres pasen a Gendarmería, y en los aeropuertos internacionales a la Aduana”.

En busca de una excepción

El objetivo de la medida, dijo Aguiar, es que el gobierno exceptúe al Senasa de los organismos alcanzados por la ley. En un comunicado, ATE subrayó la importancia de “contar con un servicio de control de calidad y sanidad fuerte y eficiente, especialmente ante una política de apertura de importaciones tan marcada como la del Gobierno nacional”.

El Senasa tiene a su cargo la fiscalización de producción agroalimentaria y está habilitado al respecto por la Organización Mundial del Comercio (OMC) que el organismo de control de la normas fitosanitarias necesarias para exportar a los otros países.

Según ATE, “sin estos controles no habrían exportaciones ya que son el único organismo argentino con la potestad de regularlo”.

Como ejemplo, apuntó: “si se levantan las barreras de control zoofitosanitario, se pone en riesgo el estatus sanitario alcanzado por la Argentina, pudiendo perderse la zona libre de moscas de los frutos que dificultaría el comercio de productos con Estados Unidos, encareciendo considerablemente los costos de la exportación.

El sindicato también aseguró que “se perdería la zona libre de aftosa, por lo cual la carne que se comercializa entraría en el circuito mundial de comercialización de países con aftosa, perdiendo el mercado de países que compran carne al circuito no aftosa que se paga mucho más”, como el caso de Japón.

Según ATE, “no hay ningún motivo para aplicar un recorte en este sector, ya que el mismo se autofinancia, e incluso le aporta al Estado argentino decenas de miles de millones de pesos anuales”.

La institución indicó en la red social X haber “logrado que 14 pandilleros de la MS (Mara Salvatrucha), que operaban en diferentes sectores de Santa Tecla y La Libertad, sean condenados a penas de hasta 120 años de cárcel”.

Los pandilleros fueron encontrados culpables del homicidio de 14 personas entre 2017 y 2019.

“Estos criminales privaban de libertad a las víctimas, les quitaban la vida y las enterraban en cementerios clandestinos. Entre las víctimas hay un policía”, señaló el comunicado.

Precisó que cuatro de los acusados recibieron las condenas mayores, a 52, 64, 112 y 120 años de prisión, por los delitos de homicidio y agrupaciones ilícitas.

El presidente Nayib Bukele mantiene desde marzo de 2022 una “guerra” contra las pandillas amparado por un polémico régimen de excepción tras una escalada de 87 homicidios en un fin de semana.

Desde entonces, las autoridades han arrestado a 79.800 presuntos pandilleros, de los cuales 7.600 han sido liberados, indicó en una reciente entrevista con AFP el ministro de Justicia y Seguridad Gustavo Villatoro.

La cruzada contra las pandillas devolvió una aparente tranquilidad a las calles del país centroamericano, pero es criticada por organismos de derechos humanos debido a que el régimen de excepción permite detenciones sin orden judicial.