En la jornada de ayer fue dado a conocer el pronunciamiento del Círculo Paraguayo de Médicos (CPM) en el que señalan que la saturación del sistema sanitario ha provocado un aumento en el riesgo durante la práctica médica.

Asimismo, señalan que desde que inició la pandemia han redoblado los esfuerzos para brindar atención óptima a los pacientes “en las condiciones que la realidad les permita”, puntualizando la mala calidad de los equipos de bioseguridad para el personal de blanco.

Uno de los puntos principales del texto indica que “ante el menor error” los médicos están expuestos a la “criminalización de la práctica médica”, exponiéndolos a eventuales procesos penales, muchas veces siendo juzgados por abogados o, en el peor de los casos, por “tribunales públicos en redes sociales” sin el menor conocimiento de los hechos o la realidad que viven en los hospitales.

En entrevista con HOY, la Dra. Gloria Meza, titular del CPM, explicó que frecuentemente reciben agresiones o reclamos de familiares de los pacientes por el hecho de que no hay camas disponibles, existe demora para recibir atención médica o porque se utilizan espacios provisorios en los pasillos.

Todo esto genera una sobrecarga en los profesionales de la salud, quienes son propensos a no seguir el protocolo de respaldo documental, pudiendo olvidarse de registrar cada situación que ocurre durante la atención a los pacientes, lo cual más adelante podría derivar a su vez en alguna acusación de mala praxis, refirió.

“Cuando necesitamos hacer un procedimiento, por ejemplo ponerle una cánula al paciente, tenemos que registrar eso, y si es que no hay disponible ese insumo, hay que escribir eso dentro del detalle de la ficha, documentar el porqué se están haciendo las cosas, de manera a que mañana no vengan a reclamarnos los familiares”, explicó.

Meza recordó que en caso de que se produzca una denuncia de mala praxis que afecte a algún médico o personal de blanco, un respaldo documental le ayudará a dar las explicaciones pertinentes ante las autoridades y a los mismos familiares.

Desde el Círculo Paraguayo de Médicos instan a los profesionales de la salud a extremar los cuidados en la práctica médica, a respetar estrictamente el protocolo de la documentación de respaldo, así como la correcta expedición de las recetas y el debido procedimiento para la gestión de medicamentos y preparados magistrales.

COMUNICADO del Círculo Paraguayo de Médicos. pic.twitter.com/8TylZ1Rq9v

— Círculo Paraguayo de Médicos (@cpmparaguay) April 28, 2021

Una mujer que se encuentra desaparecida desde hace ocho días, genera gran preocupación entre sus familiares. Se trata de Alberta Galeano Medina, de 48 años, pobladora del asentamiento Núcleo 3 de la ciudad de Arroyito, departamento de Concepción, quien fue vista por última vez el sábado, 20 de abril, por la noche.

En ese sentido, sus parientes solicitan la colaboración de la ciudadanía para ayudar a localizarla. Cualquier información sobre su paradero es crucial.

En caso de contar con información sobre el paradero de la misma, favor comunicar a la comisaría más cercana o al número (0983) 893-855, el cual pertenece a su hija Mariela.

Durante la última sesión del jueves pasado, el Consejo de Administración del IPS aprobó la resolución, según la cual, se dejó sin efecto aquel aumento del haber mínimo jubilatorio al 75 %, con lo cual, el monto mínimo con el que una persona puede jubilarse pasa a ser el 50 % del salario mínimo legal, pese a que su aporte sea inferior.

Víctor Insfrán, consejero y representante de los trabajadores, explicó que la decisión tomada el jueves atañe a los a nuevos jubilados en condiciones especiales, es decir, los que se aportan por debajo del mínimo, pero aun así cobrarán la mitad del salario mínimo.

“Aquellas personas que tengan un aporte inferior al 50 % del salario mínimo, que su promedio dé una suma inferior, igual van a tener el 50 % del salario mínimo”, explicó Insfrán, en una entrevista con la emisora 1020 AM.

Durante la administración anterior, el haber mínimo fue incrementado dos veces, del 25 al 50 % y del 50 al 75 %. Sin embargo, estas decisiones, según el actual consejo, carecían de sustento financiero y pecaron de irresponsables y populistas.

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Insfrán aludió directamente a Andrés Gubetich y a Pedro Halley, quienes, posteriormente lanzaron sus candidaturas políticas, con esta decisión previa.

El 50 % del actual salario mínimo es de G. 1.340.186 guaraníes. Este es el monto que recibirán los próximos nuevos jubilados con el haber mínimo.

La disposición no afecta a quienes ya se jubilaron con el 75 % del mínimo, equivalente a G. 1.716.000, pues, las leyes no son retroactivas. Cualquier medida tomada se aplica a futuro, no afecta a los que ya tienen un derecho adquirido.

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En la fecha, la jueza Rossana Frutos revocó el fallo de su colega Gloria Machuca, quien había hecho lugar a la denuncia por violencia contra la mujer interpuesta por Gisele Zuni Mousques contra el empresario Christian Chena y el programa RDN (Resumen de Noticias).

En entrevista con el canal GEN, la abogada Margarita Heralesky, representante de la denunciante Gisele Mousques, lamentó la decisión de la magistrada Frutos. Explicó que su clienta presentó una denuncia por violencia contra la mujer y solicitó medidas de protección. El pedido hecho, y concedido por la primera jueza, fue que Chena no realice calificaciones denigrantes y atentatorias contra su dignidad.

La defensa del denunciado apeló la decisión de la Jueza de Paz, y el expediente pasó al Juzgado de Primera instancia, donde ahora la magistrada Frutos hizo lugar a la apelación.

Ante este revés, la abogada Heralesky adelantó que presentará una acción de inconstitucionalidad en contra del fallo.

La letrada aclaró que en ningún momento se buscó censurar a la prensa, sino más bien proteger la dignidad de la denunciante.

#SDN ☀ | Revocan fallo en caso violencia contra Gisele Mosques.

☝️ En contacto con la abogada Margarita Heralesky.

🛜 https://t.co/fYMaekk5tL

🎙️@CarmiMasi | @EduAguilera_ | @angelicagesama pic.twitter.com/qeJNSm78Yl

— GEN (@SomosGEN) April 29, 2024

MÁS DEL CASO

Mousques había formulado una denuncia contra Christian Chena por el hecho punible de Violencia Contra la Mujer, ante lo cual la jueza Gloria Machuca dispuso una medida de protección para que el empresario no pueda realizar publicaciones o referirse a la mujer a través de sus redes sociales, medios digitales y otros similares que sean de su propiedad, ya sea de manera directa o indirecta.

En el relatorio de hechos que obra en el expediente judicial, Mousques señala haber sido víctima de ataques infundados por parte del propietario del medio RDN (Resumen de Noticias), quien habría utilizado sus redes sociales para dañar su imagen.

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Según la denunciante, viene siendo víctima sistemática de amedrentamientos por parte de Chena, esto luego de haber salido victoriosa en un juicio laboral que data del tiempo en el que la misma trabajaba en el canal RPC (actual El Trece), cuyo propietario en su momento fue Chena.

En el documento se acusa a Chena de “proporcionar información falsa y denigrante” contra Mousques a través de “titulares tendenciosos”. De igual manera, se lo acusa de haber incumplido y desacatado las medidas de protección que habían sido dispuestas previamente por el juzgado.

Asimismo, Mousques alega haber sufrido hostigamientos a través de las redes sociales mediante perfiles falsos que realizaron comentarios denigrantes hacia su persona, en respuesta a un tweet realizado por Chena en su cuenta de Twitter. Además, dijo verse afectada “por el odio social que se instiga a la violencia con sus titulares tendenciosos y la información falsa que proporcionan a la opinión pública”.

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Mousques cuestionó el actuar de Christian Chena al “refritar” publicaciones periodísticas que datan de hace varios años y en los que la misma dijo sentirse agraviada, lo cual a su vez motivó el comentario negativo de varios de sus seguidores en la mencionada red social.

La denunciante sostiene haber sido violentada en su salud física y psicológica debido a estos ataques, al punto de tener que recibir tratamiento psicológico por parte de profesionales. Por ello, recurrió a la justicia para solicitar la aplicación de medidas de protección que actualmente siguen vigentes por disposición judicial.