En horas de la mañana de este viernes, se realizó la audiencia de sustanciación del procedimiento y ofrecimiento de pruebas en el marco de la denuncia hecha por Giselle Mousques contra Christian Chena.

La audiencia se hizo ante la jueza Gloria Machuca, quien dispuso en su momento que Chena no pueda realizar publicaciones o referirse a Mousques en sus redes sociales, medios digitales y otros similares, que sean de su propiedad, ya sea de manera directa o indirecta.

La denunciante dejó en claro que la medida impuesta por el juzgado contra Chena, quien tiene prohibido referirse a ella en sus redes sociales, no se configura en una censura contra la liberdad de prensa, sino más bien se dispuso para evitar que siga siendo blanco de los ataques del empresario.

“Como comunicadora y abogada siempre voy a estar a favor de la libertad de prensa y expresión, y nunca ningún tipo de censura. Lo que estoy pasando en verdad es muy difícil”, dijo al canal GEN Mousques, al borde del llanto.

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Audiencia de Christian Chena por violencia contra la mujer: "Como comunicadora y abogada siempre voy a estar a favor de la libertad de prensa", dice Giselle Mousques.

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Por su parte, su abogada Lucia Sandoval expuso que con el procedimiento llevado a cabo en la fecha se puede comprobar que su clienta sigue siendo víctima de violencia contra la mujer. “No tiene nada que ver con la libertad de expresión, tampoco a informar. La dignidad, que es un derecho del ser humano, está siendo avasallada en el caso de la señora Giselle y toda su familia. Es hora de que la administración de justicia ponga fin y le brinde la protección, además de un poco de paz a esta señora que viene sufriendo esto hace más de 20 años”, señaló.

La defensora legal criticó que se pretende desviar la cuestión de la denuncia presentada contra el empresario de medios de comunicación. “El ejercicio de la profesión tiene su límite”, dejó en claro.

Sobre los siguientes pasos, la letrada indicó que Chena debe dar su versión y pruebas, posteriormente la jueza a cargo del caso emitirá un fallo. “Es una ley netamente cautelar, de protección, es para detener los actos de violencia, no sale una pena o sanción. La jueza puede disponer una medida cautelar para que no sigan los actos de violencia que persisten desde el 2008”, agregó.

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Erick Urueta, veedor judicial de Colombia, señaló que de confirmarse esa versión, y que EEUU tenga pruebas de que los asesinos ingresaron de ese modo a su esquema legal, corresponderá la extradición de los sujetos ya condenados en Colombia.

“Lo que sí está claro es que para que EEUU pida extradición de estas personas es porque se cometió una conducta delictiva en EEUU, a pesar de que el crimen fue en Colombia. Si se llega a demostrar que uno de los bancos fue utilizado para hacer llegar a Colombia la plata que salió de Paraguay para pagar el crimen, estaríamos frente a una legalidad acerca de que ese país pida la extradición. Eso es lo que cree EEUU”, manifestó Urueta en comunicación con la 1020 AM.

Enfatizó que con la evolución de las investigaciones, en Colombia existe la convicción de que se puede llegar hasta la persona que ordenó matar a Pecci.

“No es una retaliación a ese pedido de extradición. Se está solicitando una reunión urgente con la Fiscalía de Colombia para tratar ese asunto, pero no se pueden ir a EEUU si no llegamos a los autores intelectuales y yo creo que tarde o temprano lo haremos”, acotó.

El funcionario colombiano significó que la pesquisa de la DEA, podría desembocar en dilucidar las conexiones que se tejieron en torno al magnicidio.

“Pienso que se debe determinar si el fiscal Pecci fue asesinado por alguna persona intelectualmente que esté relacionada con actos delictivos en EEUU. Tiene que demostrarse muchos elementos probatorios que demuestren que estas conductas afectaron a ese país”, concluyó Urueta.

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El presidente del Banco Nacional de Fomento (BNF), Manuel Ochipinti, en entrevista con diversos medios habló sobre el asalto ocurrido en la noche de ayer en la sucursal ubicada en el distrito de Natalio, departamento de Itapúa.

Segun precisó, el monto sustraído por la banda criminal detrás de este golpe asciende a unos G. 300.000.000 y cerca de 100.000 dólares americanos, lo cual totalizaría alrededor de G. 1.000 millones al cambio actual.

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Así también, indicó que el dinero se encuentra asegurado y, por lo tanto, la entidad bancaria tendrá forma de gestionar la compensación por la pérdida sufrida con este atraco.

Al momento en que se produjo el asalto tipo comando -en el que habrían participado más de 15 personas- no se encontraba nadie en la sucursal del BNF, según mencionó Ochipinti.

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El titular del BNF también reveló que el día viernes se efectuó la recarga de la mencionada sucursal bancaria, motivo por el que contaba con tanta cantidad de dinero. A esto se le suma el hecho de que tenía a su cargo abastecer los cajeros automáticos de la zona.

Pese a ello, sostuvo que los cajeros “se quedaron con más dinero” y por ello el botín no fue mucho mayor.

Jara quedó con graves heridas como consecuencia del arrollamiento. Esto ya demandó muchos gastos médicos, según indicó, además de la imposibilidad de retomar su trabajo en la entidad comunal. Su cuadro empeora, considerando que la mujer está en tratamiento para someterse a una cirugía, explicaron familiares.

La agente Jara de la Unidad Operacional N° 2 se encontraba dirigiendo el tránsito cuando fue embestida por un automóvil.

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El arrollamiento quedó grabado por las cámaras de vigilancia. En las imágenes se observa a la uniformada cuando es atropellada por un conductor que pretendía incorporarse a la Avenida Mariscal López desde una de las arterias transversales (calle Bernardino Caballero).

Se observa también a la agente que estaba permitiendo la circulación de los vehículos que transitaban sobre Bernardino Caballero y que en ese momento se dispuso a detener el paso de los automovilistas para volver a habilitar la avenida Mariscal López. Allí el conductor la embiste, por lo que se verifica la negligencia de Delgado Ayala, que no prestó atención a la funcionaria comunal.

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