Dentro de sus atribuciones como titular del Ministerio Público, Emiliano Rolón Fernández dispuso nuevas movidas internas en la institución, involucrando en esta oportunidad a los Fiscales Adjuntos.

En vista a la demanda de trabajo en las dependencias fiscales que requieren de atención impostergable y teniendo en cuenta la distribución del trabajo, la organización interna y los recursos humanos disponibles, el Fiscal General resolvió:

*Reasignar a la fiscal adjunta Patricia María Rivarola Pérez para cumplir funciones como responsable de las Unidades Penales Ordinarias de la Sede I de Asunción, causas de delitos electorales de Asunción, Unidad Especializada de Hechos Punibles contra la Seguridad y Convivencia de las Personas, con sede en Asunción, para la supervisión de todas las unidades fiscales de esas áreas.

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*Reasignar a la fiscal adjunta Nancy Graciela Salomón Marín para cumplir funciones como responsable de la Unidad Especializada de Hechos Punibles contra los Derechos Humanos, con sede en Asunción, para la supervisión de todas las unidades fiscales de esa área.

*Reasignar a la fiscal adjunta Artemisa Marchuk Chena para cumplir funciones como responsable de la Unidad Especializada de Contrabando, Unidad Especializada de Delitos Ambientales, ambas con sede en Asunción, para la supervisión de todas las unidades fiscales de esas áreas.

*Reasignar a la fiscal adjunta Matilde Elena Moreno Irigoitia para cumplir funciones como responsable de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Trata de Personas y la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes. Unidad Especializada de Hechos Punibles contra la Libertad de las Personas (Antisecuestro) y Unidad Especializada de Lucha contra el Crimen Organizado, todas con sede en Asunción, para la supervisión de todas las unidades fiscales de esas áreas.

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La vigencia de la resolución que ordena todos estos cambios en la Fiscalía rige a partir de este lunes 27 de marzo.

Funcionarios del MINNA, con apoyo de la CODENI, la Secretaría de Asuntos Indígenas de la Gobernación de Itapúa, la Defensoría de la Niñez y la Policía Nacional, realizaron una intervención en las calles de la ciudad de Encarnación.

Como resultado de este operativo, se logró el rescate de 9 menores de edad en situación de calle pertenecientes a la etnia Mbya Guaraní, menciona el informe de la corresponsal de Nación Media, Rocío Gómez.

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Según se detalla, 3 niños serían de la comunidad indígena Loma Hovy del distrito de Obligado y 6 de la comunidad indígena Guavirami de la localidad de Trinidad, ambos en el departamento de Itapúa.

En el caso puntual de los niños oriundos de Obligado, los mismos manifestaron haber llegado caminando hasta Encarnación mientras jugaban con una rueda, según precisó Jorge Ibañez, secretario departamental de Asuntos Indígenas.

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Por su parte, los menores oriundos de Trinidad estaban deambulando por los semáforos de la capital itapuense, probablemente pidiendo algunas limosnas a los conductores.

Luego del abordaje y rescate de los niños, se procedió a devolverlos a sus respectivas comunidades, cumpliéndose así con la misión de las instituciones responsables.

El plan elaborado por Paraguay apunta a competir con un proyecto rival boliviano para reutilizar los gasoductos existentes y transportar gas argentino a Brasil. Si alguno se concreta, marcaría un cambio potencial importante en los flujos de energía regionales, destaca la publicación.

En conversación con la radio 1020 AM, Bejarano explicó que el proyecto, antes de ser presentado, fue analizado detalle por detalle y tiene beneficios económicos para todas las partes.

“Bolivia se está quedando sin reservas certificadas, por eso tenemos que intensificar este proyectos. Estamos buscando la financiación de este proyecto. El desafío que tenemos como país es el comercial”, expresó Mauricio Bejarano.

La obra implicaría una inversión estimada de entre 1.200 y 1.500 millones de dólares, en parte del sector privado y en 4 años ya sería una realidad, sostuvo.

“Este es un proyecto trinacional, tendría un gran impacto positivo en el país. Vemos la posibilidad de vender este producto a Brasil”, concluyó el viceministro.

En el juicio que condenó a Ninfa, se reveló la razón que la impulsó a asesinar a Vero, aquel 10 de octubre de 2014. La abogada se había enamorado de la joven, quien en reiteradas ocasiones la rechazó, invocando su preferencia heterosexual, y que estaba enamorada de su entonces pareja, Diego Coronel, quien inicialmente fue el sospechoso de perpetrar supuesto feminicidio.

Ante la negativa de Verónica, la abogada decidió matarla. Para el efecto conminó al guardia privado Juan Carlos Vergara, a conseguirle un arma de fuego, pagándole por ello la suma de 500.000 guaraníes.

Con el revolver la mujer asesinó a la joven a balazos en la compañía Yca’a de la ciudad de Luque. Tras perpetrar el crimen, abandonó el cadáver en el vehículo de la víctima. En el desarrollo de la pesquisa, el guardia Vergara se quebró y confesó que él fue el que proveyó el arma a la abogada, por lo que luego en el juicio recibió una condena de 2 años y 11 meses de cárcel por complicidad.

Para la condena de Ninfa las fiscalas Cynthia Espínola y María Luján Estigarribia, aseguraron que se probó que la asesina actuó con “energía criminal” en el caso, pues disparó tres veces a su víctima para asegurar su muerte.

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