El juez de origen colombiano Juan Merchán le inculpó de 34 cargos de “falsificación de registros comerciales en primer grado” por el pago de 130.000 dólares a la estrella porno Stormy Daniels en la recta final de la campaña electoral de 2016 para que callara una supuesta relación extramarital ocurrida diez años antes y que él siempre ha negado.

“Donald J. Trump falsificó repetida y fraudulentamente los registros comerciales de Nueva York para ocultar delitos que ocultaron información perjudicial al público votante durante las elecciones presidenciales de 2016”, dijo el fiscal Alvin Bragg en un comunicado.

En una conferencia de prensa tras la audiencia, Bragg dijo que “no se pueden normalizar conductas criminales graves” y que “todo el mundo es igual ante la ley”.

Casi una hora después de su histórica comparecencia ante el juez, la corte penal dejó en libertad sin control a Trump, que podría tener que sentarse en el banquillo a partir de enero de 2024, convirtiéndose en el primer exmandatario sometido a un juicio de consecuencias imprevisibles para sus aspiraciones presidenciales en noviembre del próximo año.

El magnate, a su vez, también ha anunciado que hablará a la prensa.

“La acusación en sí misma es un texto repetitivo”, dijo uno de sus abogados, Todd Blanche, y agregó que se trata de una “triste” imputación contra la que promete luchar.

Su entonces abogado Michael Cohen fue el encargado de hacer el pago y el magnate le reembolsó la suma fraccionada, presuntamente haciéndola pasar como minutas profesionales.

Sentado entre sus abogados, Trump aparecía con un semblante sombrío y preocupado, según una foto tomada dentro de la sala, tras someterse al protocolo habitual: toma de huellas dactilares y fotos para la ficha policial.

Puede interesar: VIDEO| El momento exacto en que un hombre cae desde el 19º piso y sobrevive

Tanto el expresidente como sus abogados han insistido en el despropósito de la causa. Trump no cesa de gritar que es una “caza de brujas”.

La histórica comparecencia judicial del expresidente “no es una prioridad” para su sucesor Joe Biden, aseguró este martes la portavoz de la Casa Blanca.

“Obviamente seguirá parte de las noticias cuando tenga un momento para ponerse al día de las noticias, pero esto no es una prioridad para él”, dijo la portavoz Karine Jean-Pierre.

– Un caso más –

El ‘caso Daniels’ es solo una de las investigaciones que amenazan al expresidente, bajo escrutinio por presionar a funcionarios para anular la victoria de Joe Biden en 2020, con una llamada telefónica grabada en la que pedía al secretario de Estado “encontrar” suficientes votos para revertir el resultado.

También es investigado por su posible papel en la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio estadounidense, así como por el manejo y custodia de documentos clasificados tras abandonar la Casa Blanca.

De camino a la corte, publicó un mensaje en su red Truth Social: “Parece SURREALISTA” — WOW, me van a DETENER. No puedo creer que esté ocurriendo en Estados Unidos – MAGA!

El caso de Trump, que ya fue objeto de dos intentos de destitución por el Congreso estadounidense como presidente (2017-2021), se juega también en los medios de comunicación.

-División –

“Trump o muerte” o “Haz Estados Unidos Grande de Nuevo” (su lema, MAGA, en inglés), rezaban pancartas, banderas, gorras y camisetas de algunos. “Trump miente todo el tiempo” o “Enciérrenlo”, proclamaban los opositores.

Paulina Farr llegó desde la cercana Long Island, un feudo republicano donde el expresidente pidió que se traslade el caso para tener un juicio “justo”, para “mostrar apoyo a nuestro presidente Trump”.

Lea también: Video | ¡Un milagro!: secarropas explotó por los aires y un hombre se salvó por segundos

La enfermera jubilada dijo a la AFP que había estado también el 6 de enero de 2021 en Washington cuando miles de seguidores irrumpieron en el Capitolio, pero esta protesta “es muy diferente”.

En un intento de politizar el caso y motivar a sus seguidores, que han respondido enviándole más de 7 millones de dólares para su campaña desde que se anunció la imputación el pasado jueves, el magnate recordó en la red Truth Social lo que ya usa como un lema: “No vienen por mí, vienen por ustedes. Yo estoy simplemente en su camino”.

Es “IMPOSIBLE que yo tenga un Juicio Justo” en Nueva York, agregó sobre su ciudad natal gobernada por demócratas, tras la decisión del fiscal Bragg de imputarlo al confirmar la decisión de un gran jurado.

El triple homicidio se produjo la madrugada del sábado, en la localidad de Cañete, a 500 km al sur de Santiago, el mismo día en que la institución policial celebraba un nuevo aniversario.

Fue considerado el peor atentado contra fuerzas policiales en la zona, donde se producen frecuentes atentados incendiarios, sobre todo a maquinaria forestal.

“Este es un tipo de ataque que no se había visto nunca” en Chile, dijo en una entrevista con Canal 13 ministra Tohá.

Lo inusitado del hecho se sostiene en “el nivel de violencia” y el despliegue de recursos empleados en su ejecución, explicó la ministra.

Los policías fueron emboscados cuando concurrían a bordo de una camioneta blindada a fiscalizar el cumplimiento de una medida de prisión nocturna. En el camino, protagonizaron varios enfrentamientos.

Los carabineros murieron debido a impactos de bala. Una vez fallecidos fueron subidos a la parte de atrás de la camioneta, a la que se le prendió fuego. Les robaron las armas que portaban y sus cascos, detalló la ministra Tohá.

“Los asesinaron fuera (de la camioneta) y no se sabe en qué circunstancias. No se sabe tampoco por qué se bajaron (del vehículo)”, señaló.

Cuatro fiscales llevan adelante la investigación y por ahora ningún grupo se ha adjudicado el ataque. Tres comunas de la provincia de Arauco quedaron bajo toque de queda nocturno.

La ministra reafirmó en su cargo al director general de la policía, Ricardo Yáñez, que debe enfrentar el 7 de mayo una audiencia de formalización por su responsabilidad en casos de violaciones a los derechos humanos en las protestas de octubre de 2019.

“En este momento no puede haber cambios en el mando de carabineros”, dijo Tohá.

La zona donde ocurrió el ataque se encuentra bajo resguardo militar debido a los atentados incendiarios que allí se registran, atribuidos en su mayoría a agrupaciones radicales mapuches, la mayor etnia chilena, que reivindica la restitución de tierras ancestrales.

Esta semana el gobierno había celebrado la reducción a la mitad de las acciones violentas respecto al inicio de la gestión del presidente Gabriel Boric, en marzo de 2022.

En la zona también han sido desbaratadas bandas dedicadas al robo de madera.

Fuente: AFP

Fuente: AFP

Las tropas rusas han logrado varios avances en la región de Donetsk la última semana, lo que ha generado incluso críticas de los blogueros militares ucranianos, que no suelen enjuiciar a las fuerzas armadas de su país.

“Gracias a las operaciones activas, unidades del grupo de fuerzas central han liberado la aldea de Novobajmutivka”, indicó el Ministerio de Defensa ruso.

Esta posición está situada a cerca de 10 kilómetros al norte de la ciudad de Avdiivka, que las fuerzas rusas tomaron en febrero tras una de las batallas más rudas desde que empezó el conflicto en febrero de 2022.

Puede interesar: Protesta en Argentina paralizará todas las exportaciones por 72 horas

Este avance colocó en dificultades al ejército ucraniano, que enfrenta esta ofensiva con una escasez de hombres y de municiones.

El jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, Oleksandr Syrsky, afirmó a mediados de mes que la situación en el frente oriental “empeoró considerablemente” y reconoció que Rusia ha obtenido algunos “éxitos tácticos”.

Lea también: Condenan a 14 pandilleros con penas de hasta 120 años de cárcel en El Salvador

El director de inteligencia del Ministerio de Defensa ucraniano, Kirilo Budánov, advirtió este mes que la situación en el frente iba a empeorar hacia mediados de mayo y junio.

Kiev espera que la aprobación en el Congreso de Estados Unidos de un nuevo paquete de ayuda militar por miles de millones de dólares le permita estabilizar la situación en las extensas líneas del frente.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará a partir de la cero hora del lunes un paro de 72 horas en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

La medida, dijo el secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, paralizará las exportaciones de agroalimentos y controles sanitarios en todo el territorio argentino.

“Este paro seguramente acarreará pérdidas multimillonarias para nuestro país y el Gobierno es el único responsable. Si se aprueba la Ley Bases, el Estado será destrozado”, dijo Aguiar.

La medida se produce en la etapa inicial del período de mayor liquidación de agroexportaciones e ingreso de divisas a la Argentina, pues implica la paralización de controles en puertos, aeropuertos y aduanas.

Al cese de la fiscalización de las barreras zoofitosanitarias, que impide la salida de productos, se sumará la movilización del sindicato el martes 30 de abril al Congreso de la Nación, fecha en que se estima que la Cámara de Diputados continuará tratando el proyecto oficial en una maratónica sesión que se iniciará el lunes.

Proyecto con dictamen

El tratamiento de la versión reducida del original proyecto de “Ley de Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” es el resultado del dictamen de mayoría firmado el jueves en la Cámara baja.

Según ATE, la pieza legislativa propicia “una dura reforma del Estado que deteriorará notablemente el funcionamiento de organismos estatales, incluido el Senasa. Por eso, dice el sindicato, “el 30 de abril ATE se movilizará frente al Congreso en una nueva Jornada Nacional de Lucha en el marco del Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas, fecha en la que se estará tratando el proyecto en el recinto parlamentario”.

“El único lenguaje que entiende el Gobierno es el de los números, y por eso decidimos paralizar todas las exportaciones. Se van a suspender todos los controles en las aduanas, puertos y aeropuertos, y se van a levantar todas las barreras de control zoofitosanitarias en el país”, dijo Aguiar.

Según el dirigente sindical, “si se aprueba esta ley, el presidente Milei tendrá facultades para reestructurar cualquier dependencia pública, incluso achicar, fusionar y hasta disolver cualquier organismo”.

Respecto al caso del Senasa, agregó: “pretenden dejar sobre la órbita del Senasa solamente la certificación de las importaciones, porque es lo único que le interesa al Gobierno para obtener divisas. El resto de las funciones se la van a delegar empresas privadas o incluso a los estados provinciales. También quieren que los controles de pasos fronterizos terrestres pasen a Gendarmería, y en los aeropuertos internacionales a la Aduana”.

En busca de una excepción

El objetivo de la medida, dijo Aguiar, es que el gobierno exceptúe al Senasa de los organismos alcanzados por la ley. En un comunicado, ATE subrayó la importancia de “contar con un servicio de control de calidad y sanidad fuerte y eficiente, especialmente ante una política de apertura de importaciones tan marcada como la del Gobierno nacional”.

El Senasa tiene a su cargo la fiscalización de producción agroalimentaria y está habilitado al respecto por la Organización Mundial del Comercio (OMC) que el organismo de control de la normas fitosanitarias necesarias para exportar a los otros países.

Según ATE, “sin estos controles no habrían exportaciones ya que son el único organismo argentino con la potestad de regularlo”.

Como ejemplo, apuntó: “si se levantan las barreras de control zoofitosanitario, se pone en riesgo el estatus sanitario alcanzado por la Argentina, pudiendo perderse la zona libre de moscas de los frutos que dificultaría el comercio de productos con Estados Unidos, encareciendo considerablemente los costos de la exportación.

El sindicato también aseguró que “se perdería la zona libre de aftosa, por lo cual la carne que se comercializa entraría en el circuito mundial de comercialización de países con aftosa, perdiendo el mercado de países que compran carne al circuito no aftosa que se paga mucho más”, como el caso de Japón.

Según ATE, “no hay ningún motivo para aplicar un recorte en este sector, ya que el mismo se autofinancia, e incluso le aporta al Estado argentino decenas de miles de millones de pesos anuales”.