La SEDECO explicó que se debe evitar adquirir medicamentos de particulares, principalmente los que son ofrecidos a través de redes sociales, ya que esta compra representa un gravísimo riesgo para la salud al no contar con ninguna garantía sanitaria, además de omitir la emisión de la factura correspondiente.

Incluso, en algunos casos carecen de Registro Sanitario de DINAVISA o de informaciones y condiciones importantes como: datos de origen/procedencia, condiciones inadecuadas de refrigeración o cadena de frío, entre otros.

La institución recomienda exigir la factura en todas las compras de medicamentos, ya que este documento es el aval y respaldo jurídico que evidencia la relación de consumo con el Proveedor, y la principal herramienta que cuenta el consumidor o usuario en caso que exista necesidad de realizar algún reclamo.

Por último, instó a la ciudanía a denunciar este tipo de prácticas enviando un correo a consultas@sedeco.gov.py identificando al proveedor.

También, se puede publicar una foto en la red social Twitter adjuntando la factura con el hashtag #PrecioJusto, para que puedan monitorear los precios entre todos los consumidores.

La documentación recepcionada será remitida a las autoridades nacionales que correspondan, para su análisis y procedimientos, en el marco de sus competencias.

En comunicación con Radio Ñandutí, José Fernández relató que, después de participar de un partido de pádel, su esposa Pamela Vill se sintió ofendida por un saludo que recibió de otra mujer, quien es pareja de un integrante del equipo contrario.

“Me cuestionó el saludo y kilombo me armó.. Terminó el partido, salimos y fuimos a la quinta. Ahí rompió todo lo que había, rompió el blindex, la cocina, todo. Me mordió el brazo y le dije a su hija de 17 años que llame al 911 y no llamó. Luego agarró la plancha. A su hijo le pidió un cuchillo y dijo que me iba a matar, se fue a traer su hijo y al final le dijo a su mamá, que no le iba a dar”, denunció,

El hombre mencionó que su esposa le “reventó la frente con la plancha” y que la agresión le produjo un fuerte sangrado.

“Pamela me dijo que iba a llevarme al sanatorio y le dije que no. Le llamé a mi amigo para que me llevara”, acotó el denunciante, quien asegura que es la cuarta o quinta vez que es víctima de las agresiones de la mujer.

Sin embargo, Pamela Vill publicó un mensaje en las redes sociales en el que acusa a su pareja de no pagarle una deuda. “José Fernández deja de esconderte y devolveme mi dinero para salir de esa quinta de mierda donde me hiciste vivir un infierno. Mi propio marido me denunció y todo por no pagarme, en síntesis, resultó ser una mierda, pagame y deja de ser sinvergüenza, porque todo voy a demostrar, caradura de mierda, antes que abra mi boca y todo el mundo sepa lo que hiciste”, expuso.

La declaración de emergencia regirá los días 20, 21 y 22 de mayo para que buses internos de Asunción y Central, así como buses escolares, operen durante el paro de Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam) y Única Central de Empresarios de Transporte del Área Metropolitana de Asunción (Ucetrama).

El pedido fue presentado a la Junta Municipal de Asunción y busca garantizar a la ciudadanía alternativas de movilidad para que se trasladen hasta sus trabajos o estudios durante esos tres días.

Estos tendrán un costo, porque son buses internos de la comuna quienes saldrán cubrir los itinerarios que quedarán en falta con el paro.

Desde el Gobierno también anunciaron que se pondrán a disposición buses del Estado para ofrecer el servicio gratuito a las personas en rutas e itinerarios específicos.

Empresarios del transporte público ligados a la Cetrapam anunciaron el lunes pasado el paro desde el 20 de mayo como protesta a una serie de requerimientos a las autoridades, entre ellas, una actualización a la tarifa técnica del pasaje.

La Ucetrama también se adhiere a la medida, sin embargo, las empresas Ximex Línea 44, Ypacaraí Línea 242, Are­güeña Línea 111, San Isidro Línea 48-51 y Magno Línea 12 seguirán circulando porque no se suman al paro.

La superpoblación de reos, que supera las seis mil personas, determina hacinamientos en las unidades penales, que a su vez plantea cuestiones de seguridad de alta graduación.

La superpoblación de cárceles ya tiene un primer abordaje, con el traslado de internos al nuevo penal de Emboscada.

En cuanto al reclusorio de mujeres del Buen Pastor, para fin de año se prevé el inicio de obras de lo que será el nuevo penal para femeninas, también en Emboscada. La mudanza de este penal es otro de los pasos adelante para el problema de las penitenciarías.

En lo que respecta a la seguridad, también Justicia reporta importantes movidas para desactivar los clanes criminales que, en el gobierno pasado, torcían los brazos a las autoridades penitenciarias.

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El ministro de Justicia, Ángel Ramón Barchini, señaló al respecto que, ahora las cárceles del país, están totalmente al mando del gobierno. Dijo que, con la terminación de los centros penitenciarios nuevos, se ampliará el proceso para diferenciar a los reos de alta peligrosidad, con respecto a los que no cuentan con esa característica.