El rey, de 74 años, y su esposa de 75 llegaron a la Abadía de Westminster tras una breve procesión en carroza desde el Palacio de Buckingham.

Pese a la persistente lluvia, miles de admiradores se agolparon a lo largo del recorrido para saludarlos.

“Estamos muy orgullosos de ser británicos”, dijo a la AFP Phyllis Taylor, de 60 años, que viajó a Londres desde Escocia con su marido para “esta ocasión tan especial”.

En su camino, la pareja real también pasó ante las pancartas amarillas del grupo antimonárquico Republic, en las que se lee “No es mi rey”. Un grupo de estos activistas fue detenido cuando se preparaba para protestar.

“Detuvieron a seis de nuestros organizadores y confiscaron cientos de pancartas, no nos dicen por qué los arrestaron ni dónde los tienen”, dijo a la AFP uno de los manifestantes.

Una veintena de miembros del grupo ecologista “Just Stop Oil” fueron asimismo detenidos y esposados en la zona, según vio un fotógrafo de la AFP.

Esto “es algo que esperaríamos ver en Moscú, no en Londres”, denunció Yasmine Ahmed, responsable de la oenegé Human Rights Watch.

“Las protestas pacíficas permiten pedir cuentas a quienes están en el poder, algo a lo que el gobierno británico parece ser cada vez más reacio”, agregó en referencia a una nueva ley aprobada urgentemente esta semana, que concede mayores poderes a la policía contra las protestas.

– Ritual milenario –

Unos 2.300 invitados presencian la ceremonia religiosa en la Abadía de Westminster, entre ellos la primera dama estadounidense Jill Biden, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y los reyes Felipe VI y Letizia de España, además de cientos de representantes de la sociedad civil británica.

Ante sus ojos, y los de millones de telespectadores, Carlos III y Camila entraron solemnemente, vestidos con capas ceremoniales, para ser consagrados en la cima de la monarquía británica, ocho meses después de subir al trono tras la muerte de Isabel II, que reinó durante siete décadas.

Aunque el rey quiso una ceremonia más moderna y sencilla que la de su madre, en un contexto de grave crisis por el disparado coste de la vida, esta se desarrolla según un pomposo ritual prácticamente inmutable desde hace mil años, único entre las monarquías europeas.

Se utilizarán tres coronas engarzadas de diamantes y piedras preciosas, varios ropajes antiguos bordados con oro que el rey irá vistiendo en distintas fases de la ceremonia, tres cetros y un par de espuelas de oro.

En un guiño a las preocupaciones modernas, el óleo que se usará en la unción será vegano, aunque consagrado como exige la tradición en la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén, donde los cristianos creen que fue enterrado Jesús.

En la parte considerada más sagrada de la ceremonia, el arzobispo de Canterbury, líder espiritual de la Iglesia de Inglaterra, de la cual el rey es el jefe máximo, ungirá las manos, el pecho y la cabeza de Carlos III y de Camila, ocultos de la vista de todos por una pantalla.

Previamente, el monarca habrá sido presentado a los asistentes, que lo reconocerán con salvas y resonar de trompetas. Y con la mano sobre la Biblia, prestará juramento.

La parte central del acto llegará cuando el arzobispo Justin Welby coloque sobre su cabeza la espectacular corona de San Eduardo, que solo se lleva en el momento de la coronación.

Sustituyendo el tradicional homenaje de los aristócratas, el religioso invitará a todas las personas, desde donde estén viendo o escuchando, a jurar lealtad al nuevo rey, una primicia histórica que busca la democratización de la ceremonia, pero que provocó fuertes críticas.

Acompañados por miles de militares y miembros de la realeza, los monarcas regresarán en una nueva procesión al Palacio de Buckingham, donde junto a su familia saludarán a la multitud desde el balcón.

Enrique, de 38 años, hijo menor de Carlos y enemistado con la familia real, asistió a la coronación sin su esposa, la estadounidense Meghan Markle, que se quedó en California con sus dos hijos.

No se prevé que aparezca en el balcón, salvo que haya un gesto de reconciliación entre la familia y el príncipe, que lanzó duras críticas contra la monarquía, especialmente contra la reina Camila y su hermano Guillermo, heredero al trono de 40 años.

Fuente: AFP

Las tropas rusas han logrado varios avances en la región de Donetsk la última semana, lo que ha generado incluso críticas de los blogueros militares ucranianos, que no suelen enjuiciar a las fuerzas armadas de su país.

“Gracias a las operaciones activas, unidades del grupo de fuerzas central han liberado la aldea de Novobajmutivka”, indicó el Ministerio de Defensa ruso.

Esta posición está situada a cerca de 10 kilómetros al norte de la ciudad de Avdiivka, que las fuerzas rusas tomaron en febrero tras una de las batallas más rudas desde que empezó el conflicto en febrero de 2022.

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Este avance colocó en dificultades al ejército ucraniano, que enfrenta esta ofensiva con una escasez de hombres y de municiones.

El jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, Oleksandr Syrsky, afirmó a mediados de mes que la situación en el frente oriental “empeoró considerablemente” y reconoció que Rusia ha obtenido algunos “éxitos tácticos”.

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El director de inteligencia del Ministerio de Defensa ucraniano, Kirilo Budánov, advirtió este mes que la situación en el frente iba a empeorar hacia mediados de mayo y junio.

Kiev espera que la aprobación en el Congreso de Estados Unidos de un nuevo paquete de ayuda militar por miles de millones de dólares le permita estabilizar la situación en las extensas líneas del frente.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará a partir de la cero hora del lunes un paro de 72 horas en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

La medida, dijo el secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, paralizará las exportaciones de agroalimentos y controles sanitarios en todo el territorio argentino.

“Este paro seguramente acarreará pérdidas multimillonarias para nuestro país y el Gobierno es el único responsable. Si se aprueba la Ley Bases, el Estado será destrozado”, dijo Aguiar.

La medida se produce en la etapa inicial del período de mayor liquidación de agroexportaciones e ingreso de divisas a la Argentina, pues implica la paralización de controles en puertos, aeropuertos y aduanas.

Al cese de la fiscalización de las barreras zoofitosanitarias, que impide la salida de productos, se sumará la movilización del sindicato el martes 30 de abril al Congreso de la Nación, fecha en que se estima que la Cámara de Diputados continuará tratando el proyecto oficial en una maratónica sesión que se iniciará el lunes.

Proyecto con dictamen

El tratamiento de la versión reducida del original proyecto de “Ley de Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” es el resultado del dictamen de mayoría firmado el jueves en la Cámara baja.

Según ATE, la pieza legislativa propicia “una dura reforma del Estado que deteriorará notablemente el funcionamiento de organismos estatales, incluido el Senasa. Por eso, dice el sindicato, “el 30 de abril ATE se movilizará frente al Congreso en una nueva Jornada Nacional de Lucha en el marco del Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas, fecha en la que se estará tratando el proyecto en el recinto parlamentario”.

“El único lenguaje que entiende el Gobierno es el de los números, y por eso decidimos paralizar todas las exportaciones. Se van a suspender todos los controles en las aduanas, puertos y aeropuertos, y se van a levantar todas las barreras de control zoofitosanitarias en el país”, dijo Aguiar.

Según el dirigente sindical, “si se aprueba esta ley, el presidente Milei tendrá facultades para reestructurar cualquier dependencia pública, incluso achicar, fusionar y hasta disolver cualquier organismo”.

Respecto al caso del Senasa, agregó: “pretenden dejar sobre la órbita del Senasa solamente la certificación de las importaciones, porque es lo único que le interesa al Gobierno para obtener divisas. El resto de las funciones se la van a delegar empresas privadas o incluso a los estados provinciales. También quieren que los controles de pasos fronterizos terrestres pasen a Gendarmería, y en los aeropuertos internacionales a la Aduana”.

En busca de una excepción

El objetivo de la medida, dijo Aguiar, es que el gobierno exceptúe al Senasa de los organismos alcanzados por la ley. En un comunicado, ATE subrayó la importancia de “contar con un servicio de control de calidad y sanidad fuerte y eficiente, especialmente ante una política de apertura de importaciones tan marcada como la del Gobierno nacional”.

El Senasa tiene a su cargo la fiscalización de producción agroalimentaria y está habilitado al respecto por la Organización Mundial del Comercio (OMC) que el organismo de control de la normas fitosanitarias necesarias para exportar a los otros países.

Según ATE, “sin estos controles no habrían exportaciones ya que son el único organismo argentino con la potestad de regularlo”.

Como ejemplo, apuntó: “si se levantan las barreras de control zoofitosanitario, se pone en riesgo el estatus sanitario alcanzado por la Argentina, pudiendo perderse la zona libre de moscas de los frutos que dificultaría el comercio de productos con Estados Unidos, encareciendo considerablemente los costos de la exportación.

El sindicato también aseguró que “se perdería la zona libre de aftosa, por lo cual la carne que se comercializa entraría en el circuito mundial de comercialización de países con aftosa, perdiendo el mercado de países que compran carne al circuito no aftosa que se paga mucho más”, como el caso de Japón.

Según ATE, “no hay ningún motivo para aplicar un recorte en este sector, ya que el mismo se autofinancia, e incluso le aporta al Estado argentino decenas de miles de millones de pesos anuales”.

La institución indicó en la red social X haber “logrado que 14 pandilleros de la MS (Mara Salvatrucha), que operaban en diferentes sectores de Santa Tecla y La Libertad, sean condenados a penas de hasta 120 años de cárcel”.

Los pandilleros fueron encontrados culpables del homicidio de 14 personas entre 2017 y 2019.

“Estos criminales privaban de libertad a las víctimas, les quitaban la vida y las enterraban en cementerios clandestinos. Entre las víctimas hay un policía”, señaló el comunicado.

Precisó que cuatro de los acusados recibieron las condenas mayores, a 52, 64, 112 y 120 años de prisión, por los delitos de homicidio y agrupaciones ilícitas.

El presidente Nayib Bukele mantiene desde marzo de 2022 una “guerra” contra las pandillas amparado por un polémico régimen de excepción tras una escalada de 87 homicidios en un fin de semana.

Desde entonces, las autoridades han arrestado a 79.800 presuntos pandilleros, de los cuales 7.600 han sido liberados, indicó en una reciente entrevista con AFP el ministro de Justicia y Seguridad Gustavo Villatoro.

La cruzada contra las pandillas devolvió una aparente tranquilidad a las calles del país centroamericano, pero es criticada por organismos de derechos humanos debido a que el régimen de excepción permite detenciones sin orden judicial.