Miguel Fassardi, Gerente General del Supermercado Gran Vía, lamentó la difícil situación que atraviesan todos los comercios ubicados en las adyacencias del TSJE, a donde los clientes dejaron de acudir tanto por la imposibilidad de llegar, como por el temor a la inseguridad.

“Cayeron el 70 % de nuestras ventas, en el patio de comidas llegó a cero, antes venían los funcionarios del TSJE a comer, pero ahora ya no”, comentó Fassardi, en una entrevista con radio Uno.

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Añadió que, el drama es demasiado grande para todos los comercios de la zona, al punto que, algunos de ellos optaron directamente por no abrir, hasta tanto se normalice la circulación.

A criterio de Fassardi, el daño causado en estos casi 10 días, no podrá recuperarse en todo el año y que, habrá que replantearse el presupuesto.

“Nosotros resguardamos nuestro negocio, pero alrededor yo te aseguro que no fue así. Tiraron un 12×1 en nuestro tótem que tiene una tela, se empezó a quemar y apagamos con nuestros hidrantes”, lamentó.

Los alimentos cárnicos y lácteos fueron redistribuidos a otras sucursales del supermercado, debido a la imposibilidad de venderlos y al riesgo de que se pierdan.

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Su detención se dio tras un allanamiento en la ciudad de Capiatá, específicamente, en la localidad de Posta Ybycua, según informó el comisario Hugo Grance, jefe de investigaciones de Central.

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Según los investigadores, González Veloso sería brazo derecho de Diego Ruíz, alías “Cabezón”, líder una peligrosa banda de asaltantes.

Está acusado de despojar de 100 mil dólares a un cambista en noviembre del año pasado en el barrio Villa Morra. En esa ocasión, su cómplice fue asesinado por la víctima del asalto.

El cuerpo del hombre fue abandonado por González y otro sujeto más luego de que protagonizaran un accidente de tránsito en medio de la huida, en la ciudad de Fernando de la Mora.

La víctima fue Armando Ismael Benítez Cabral, de 23 años, quien fue atacado cuando salía de una casa de cambios ubicada sobre la avenida Mariscal López casi Guido Spano en el barrio Villa Morra de la ciudad de Asunción.

El objetivo es favorecer el desarrollo y dinamismo de la productividad de las familias rurales del país.

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Los compradores pueden acceder a productos frescos y a precio justo, como queso Paraguay, carne de cerdo, lechón, cabra, oveja, gallina casera y pato. Además de huevo casero, choclo, harina de maíz, poroto rojo, miel de abeja, maní, poroto manteca peky, habilla, poroto peky y almidón.

Así también ofrecen de su producción tomate, pimiento, mandioca, batata, verdeos en general, frutas de estación, granos en general, variedad de comidas típicas y tradicionales, artesanía, flores y plantas, entre otros.

Es impulsado por el Gobierno, a través de las Direcciones de Comercialización y Extensión Agraria del Ministerio de Agricultura y Ganadería, con apoyo de la Entidad Binacional Itaipu y la UNOPS en Paraguay.

Este cuenta, entre otros cargos, con la acusación de haber participado del asesinato del periodista Humberto Andrés Coronel Godoy (6 de setiembre de 2022).

El camarista Bartolomé Domínguez Paredes aseguró no haber firmado el levantamiento de una orden de detención contra el individuo, que estaría involucrado también en un atentado a tiros contra la vivienda de otro criminal, Ederson Salinas, alias ryguasu (gallina). Este sobrevivió en esa agresión pero luego fue asesinado a balazos en el estacionamiento de un supermercado de Asunción, en febrero de 2023.

El documento apócrifo en cuestión igualmente involucra a los magistrados de la Circunscripción Judicial de Amambay: Luis Alberto Benítez Noguera y Modesto Cano Vargas.

Los tres jueces denunciaron el hecho ante el Ministerio Público de Pedro Juan Caballero, ante la Corte Suprema de Justicia y al doctor César Diesel, superintendente de la Circunscripción Judicial de Amambay. El expediente acusatorio está a cargo del fiscal Andrés Cantaluppi.

“Es diferente mi firma, al mirar a simples vista se nota que no es la mía ni de mis otros dos colegas afectados”, dijo Domínguez Paredes a la emisora Imperio de Pedro Juan Caballero.

Acotó que nunca levantó la orden de detención y de rebeldía a personas procesadas con causas relacionadas a narcotráfico.

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