El fiscal Alcides Giménez Zorrilla logró la condena de una docente que llevó a cabo un plan para apoderarse de los bienes de un sacerdote católico fallecido, falsificando documentos para afirmar que estaba casada con el cura y que habían tenido una hija en común. Además, fueron condenados cuatro familiares que actuaron como testigos falsos y un oficial del Registro Civil. El fallo se dio a conocer durante un juicio oral que duró más de un mes y concluyó el jueves en el Poder Judicial de Ciudad del Este.

La principal acusada, María Teresa Díaz, recibió una condena de 4 años de prisión, al ser hallada culpable por producción mediata de documentos públicos de contenido y uso de documentos públicos de contenido falso. Por su parte, José de Jesús Benítez, Guido Ramón Acuña Díaz, Teodoro Fernández Duarte y María Cirila Díaz de Fernández fueron sentenciados a 2 años de prisión con suspensión de la ejecución de la condena, al comprobarse su participación en la producción mediata de documentos públicos de contenido falso.

Asimismo, el oficial de justicia Benito Ever Ríos González fue declarado culpable de producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y condenado a 2 años de prisión en un juicio abreviado, realizado previamente, debido a que admitió su participación en el ilícito.

De acuerdo con los antecedentes, el sacerdote había fallecido el 9 de noviembre de 2016 en el IPS. Dos años después, los hermanos del mismo, Ramón y Daniel Martinez, ignorantes de los bienes que dejó el difunto decidieron abrir sucesión. Allí comprobaron que el exministro de Dios tenía importante caudal en bienes, y que terceros extraños a la familia, habían abierto otra sucesión.

Los actos fraudulentos fueron planificados y ejecutados en diferentes fechas y lugares con el propósito de adueñarse de los bienes del sacerdote fallecido, quien dejó propiedades y ganado.

Las falsificaciones comenzaron con el supuesto reconocimiento de una niña indígena como hija de María Teresa Díaz y el sacerdote Severiano Martínez Vázquez, presuntamente realizado el 10 de agosto de 2011 en la Oficina del Registro Civil Nº 318 de la ciudad de San Juan Nepomuceno (departamento de Caazapá).

Además, se alega que se llevó a cabo un supuesto matrimonio entre María Teresa y el sacerdote católico el 22 de septiembre de 2016, a las 17:30 horas, en el predio del hospital central del Instituto de Previsión Social (IPS) de la ciudad de Asunción. Supuestamente, en dicha ocasión, José de Jesús, Guido Ramón, Teodoro y María Cirila actuaron como testigos, y el Lic. Benito Ever Ríos, responsable de la oficina número 727 de Remansito, actuó como oficial del Registro Civil. La supuesta ceremonia se llevó a cabo sin conocimiento de los familiares más cercanos de Severiano Martínez. Durante el evento simulado, los contrayentes afirmaron tener una hija en común.

Posteriormente, el 25 de noviembre de 2016, la principal acusada se presentó en el Juzgado Civil de Santa Rita (Alto Paraná), a cargo del magistrado Julio Ávalos Crovato, para iniciar un proceso sucesorio de Serveriano Martínez, presentando un certificado de nacimiento falso de la supuesta hija y también un certificado de matrimonio apócrifo entre ella y el religioso.

Sin embargo, el juicio sucesorio iniciado por María Teresa en nombre propio y en representación de su hija llegó a conocimiento de Ramón y Daniel Martínez Vázquez, hermanos del cura párroco. Los mismos comenzaron a sospechar de la falsedad de la unión matrimonial, ya que en ese momento el sacerdote estaba internado en el IPS, luchando contra una enfermedad terminal que finalmente le quitó la vida el 9 de noviembre de 2016, a las 04:10 horas.

Esta situación generó una denuncia penal, que originó la imputación de todos los involucrados y su posterior condena. El Tribunal de Sentencia que dictó la condena estuvo presidido por la magistrada Flavia Lorena Recalde y conformado por sus colegas Milciades Ovelar y Emilia Santos.

Es noticia hoy: Periodista de Abc hizo de mensajero de Kriskovich para comprar silencio de Belén

En un esfuerzo conjunto con instituciones públicas y privadas el Gobierno Central con la Gobernación de Ñeembucú realiza intensas labores de limpieza en todo el departamento con máquinas trabajando sin parar, según la Secretaría de Obras Públicas.

Varias instituciones se unieron y pusieron a disposición maquinarias para ayudar con la limpieza en zonas completamente inundadas.

El Cauce Montuoso con la retroexcavadora del Comando de Ingeniería del Ejército Paraguayo prosigue con las tareas de cuneteo, junto a la ruta PY-19 para desviar el agua del cauce natural y evitar inundaciones.

En la Compañía Medina (Puente Lázaro), la retroexcavadora N°2 de la ARP se encuentra realizando la limpieza de cunetas, líneas de tubos y puentes para mejorar el estado de la infraestructura vial en la zona.

En Villalbin, la retroexcavadora con palita colabora con los productores de la zona en el transporte de balanceados y víveres, además de brindar apoyo en la limpieza de la zona.

En Cauce Paso Pucú (Zona Puesto Torres Norte, Puente Señorita), la retroexcavadora anfibia del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) se encuentra trabajando en la zona para remover sedimentos y desobstruir el cauce hídrico.

En los caminos de General Díaz camiones de la Gobernación, en conjunto con maquinarias del MOPC, intensifican las tareas de limpieza en los caminos de la zona; mientras que en el barrio La Eliza de Pilar y alrededores de la rotonda continúan los trabajos de limpieza y drenaje con maquinaria de la Gobernación para mejorar las condiciones viales en el sector.

El fiscal Luis Trinidad Colmán consiguió una condena de 20 años de pena privativa de libertad para Gustavo Antonio Medina Velázquez (46), hallado culpable del homicidio doloso de su hijastro.

El crimen se cometió en represalia contra la madre por haber terminado la relación con el acusado, quien inicialmente fue sentenciado a 5 años de prisión por violencia familiar.

El juicio oral concluyó este viernes 26 de abril en el Poder Judicial de Ciudad del Este. En la ocasión, el fiscal produjo pruebas irrefutables contra el acusado, por lo que los jueces Evangelina Villalba, Óscar Gabriel Genez y Lourdes Morínigo, integrantes del Tribunal de Sentencia, emitieron el fallo condenatorio.

Según los antecedentes, el homicidio ocurrió el 7 de mayo de 2021, en horas de la mañana, en la vía pública del Sector III del barrio San Rafael de la capital del Alto Paraná, resultando víctima fatal Gustavo Gómez Melgarejo.

Aquella vez, el joven se despidió de su madre Bella Rosa Melgarejo y salió de la casa como para dirigirse a su lugar de trabajo. Pero, a metros del lugar, fue atacado por Gustavo Antonio, quien le aplicó una puñalada en la zona lumbar derecha.

El herido gritó del dolor y cayó al suelo, siendo posteriormente auxiliado por familiares y trasladado a un centro asistencial, donde falleció el 17 de mayo.

Mientras, el autor del crimen escapó del lugar y luego le envió un mensaje, vía celular, a su expareja y madre de la víctima, culpándola por la muerte de su hijo y advirtiéndola que la próxima sería ella la asesinada. En el escenario del ataque fue hallado el puñal utilizado para el crimen.

Medina Velázquez permaneció prófugo y declarado rebelde, hasta que el 6 de junio de 2021 fue reducido por sus vecinos, quienes lo sometieron a una golpiza antes de entregarlo a la Policía y quedó a cargo del Ministerio Público y el Juzgado.

Paralelamente, Gustavo Medina Velázquez enfrentó un proceso por violencia familiar ejercida en contra de su expareja Bella Rosa Melgarejo, a quien maltrataba sistemáticamente durante el tiempo que duró la relación.

El mismo fue acusado por la fiscal Susan Vega y posteriormente condenado a 5 años de prisión el 28 de febrero de 2024 por el mismo Tribunal compuesto por Evangelina Villalba, Óscar Gabriel Genez y Lourdes Morínigo.

La agente fiscal Sara Torres, de la Unidad Zonal de Limpio, dispuso el resguardo de una mujer de 44 años, víctima de un presunto caso de violencia familiar y lesión grave. A la vez, ordenó la detención del supuesto autor, Paulino Vallejos Giménez de 46 años, expareja de la afectada.

Es en la causa caratulada “Investigación fiscal s/ violencia familiar y lesión grave”, ocurrido en la madrugada de este sábado en la ciudad de Limpio.

El sospechoso, una vez detenido, debe guardar reclusión en la Comisaría 9° Central a disposición del Ministerio Público. La fiscal además dispuso el control aleatorio de efectivos policiales en la vivienda de la víctima.

El hecho esta madrugada, cuando la víctima recibió un mensaje de texto de su expareja, quien le decía que se acercaría en hora más tarde a la vivienda. La mujer le mencionó que se encontraba descansando. E n ese ínterin, Paulino violentó la puerta principal de la casa con un objeto de madera, ingresó y la atacó con golpes de puño y patadas.

Asimismo, rompió las pertenencias del hogar y la amenazó de muerte. Posteriormente se dio a la fuga.

El hombre aparentemente se encontraba en estado etílico, y según los datos, ya contaba con una orden de alejamiento emanado por el Juzgado de Paz de Limpio.