En la nota remitida a Luis Almagro, secretario general de la OEA, los familiares de Juan Ángel Napout le comentan que el connacional está preso y en delicado estado de salud en una prisión de Miami.

“Juan Angel fue condenado a una pena privativa de la libertad, pero no a estar privado de tener contacto cercano y permanente con su familia. Fue condenado por un delito no violento, que además fue su primera y única condena. A sus 65 años, se encuentra en una etapa de su vida en la que su salud y bienestar están en riesgo debido a las condiciones de detención y la distancia geográfica que lo separa de su familia. Su madre de 92 años que ya no puede viajar a verlo, hijos, nietos y todo su entorno social residen en Paraguay. La separación prolongada causa un sufrimiento emocional y un obstáculo significativo aún mayor para el ejercicio de sus derechos familiares”, refiere el escrito.

Un dato no menor es que desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, la prisión en la que se encuentra ha experimentado un aproximado de 23 cierres prolongados, conocidos como “lockdowns”, durante los cuales se impusieron serias restricciones a la salida de los reclusos.

Sumado a los cierres, durante este período, las visitas familiares han sido suspendidas en varias ocasiones y, cuando se permitieron, se redujeron tanto en términos de duración como en la cantidad de personas que podían visitarlo (una hora cada 2 semanas a través de un plexiglass de 15cms, sin contacto, casi sin poder escuchar).

Como agravante, Juan Angel padece de cataratas desde el año 2020, y debido a la negligencia y falta de interés por parte del Buró de Prisiones, aún no ha sido sometido a la cirugía necesaria, según explicaron sus familiares.

Como resultado, se encuentra totalmente ciego en su ojo derecho, lo que le impide leer, ver la televisión y realizar actividades cotidianas. Además, sufre constantes jaquecas debido a esta condición no tratada.

Ante esta situación, las Cámaras de Senadores y Diputados de Paraguay se han hecho eco del trato inhumano y en mayo de este año emitieron declaraciones instando gobierno de los Estados Unidos a tomar medidas urgentes y proporcionar la atención médica necesaria al compatriota.

“Esta falta de atención adecuada viola los derechos fundamentales a la salud y el trato digno, y es otro claro ejemplo de la falta de cumplimiento por parte de los Estados Unidos de las obligaciones establecidas en cuanto a derechos humanos y la Convención”, indicaron los familiares.

Hace más de un año y dos meses la República del Paraguay hizo una solicitud soberana y formal para el traslado de Juan Angel Napout de conformidad con la Convención, de la cual ambos países (Paraguay y Estados Unidos) son signatarios. La solicitud está actualmente pendiente con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, para ser estudiada por el IPTU (International Prisoner Transfer Program/ Programa Internacional de Traslado de Prisioneros), dependiente del DOJ (Departamento de Justicia, Oficina Asuntos Internacionales).

“Rogamos a la OEA emprender las acciones necesarias para garantizar el respeto de los derechos de los prisioneros y sus familias en virtud de los principios establecidos en la Convención. Confiamos en que la OEA abordará esta situación para asegurar que se cumplan con los acuerdos internacionales firmados entre Estados Miembros”, subrayaron en su misiva.

El agente fiscal Jorge Escobar, interino de la Unidad Fiscal n.°4 de la ciudad de Luque, procedió al levantamiento el cuerpo sin vida de un hombre de 65 años, identificado como Nelson Delosantos Troche, que fue hallado en la zona denominada como Zanja San Juan, en el cauce hídrico con el mismo nombre.

Cabe recordar que semanas atrás en ese mismo lugar también fallecieron una madre y su hija, tras ser arrastradas por un raudal.

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El hombre sería vecino de la zona, aparentemente intentó usar como atajo el arroyo y cayó. El cuerpo fue hallado en el cauce hídrico por los vecinos, quienes dieron aviso a las autoridades.

El médico forense que intervino en el lugar fue el Dr. Ángel Lezcano, conforme al informe preliminar no se hallaron rastros de violencia. De igual manera, el fiscal ordenó que se realice la autopsia forense.

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El jefe de Operaciones de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), inspector general Daniel Cárdenas, explicó que este año se tendrán los desfiles militar y estudiantil, aparte de las actividades sobre calle Palma, denominadas Palma Vy’a, por lo que las calles serán necesariamente bloqueadas.

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El martes 14 de mayo, la avenida Costanera José Asunción Flores, desde la avenida General Santos hasta la calle Montevideo, será el tramo para el desfile, por lo que, no estará habilitado desde las 05:00 de la mañana hasta la finalización de la actividad.

También estarán clausuradas las calles Ayolas, El Paraguayo Independiente, Benjamín Constant, Presidente Franco y Palma, en la zona de influencia del microcentro capitalino.

Entre ese martes y miércoles 15 de mayo, desde las 10:00 hs hasta las 02:00 hs, estos tramos estarán cerrados y serán habilitados solamente a los locales gastronómicos:

- Palma entre Independencia Nacional y Nuestra Señora de la Asunción.

- Mariscal Estigarribia e Iturbe.

- Benjamín Constant entre Ayolas y Montevideo.

- Alberdi y Estrella.

- Palma esquina Colón.

- Víctor Morínigo entre Teniente Félix León y Capitán Von Sastrow.

- Alberto de Souza entre Cruz del Chaco y Cruz del Defensor.

- Senador Long entre Lillo, Teniente Vera y España.

El inspector Cárdenas solicita a los conductores colaboración, saliendo más temprano de sus hogares y teniendo paciencia en los casos en que haya embotellamientos.

Agentes de la PMT acompañarán en forma permanente en estos días, las 24 horas, para orientar a los conductores y guiar sobre cuáles son las calles alternativas donde se puede circular y donde se puede estacionar.

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A través de un comunicado, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, manifestó que el servicio de medicina forense no es un trabajo más del médico, sino la “esencia de la misión por el cual el trabajo en los turnos, es obligatorio”.

El fiscal general refiere además que ningún funcionario puede lanzar comunicados afectando a la institución y menos denostar la labor de sus compañeros fiscales.

“Las denuncias responsables son las vías, en este caso ante la Inspectoría General. La asunción a un cargo en el Ministerio Público implica conocer la naturaleza de la misión y el rol de cada profesión en el mismo. El funcionario es libre de asumirlo o elegir otra actividad lucrativa”, señala el comunicado.

Insiste además que la falta de laboratorio forense en cada circunscripción es un reclamo institucional. No obstante, el alegar “falta de insumos” para no cumplir el compromiso, “es una falacia irresponsable”, agrega.

“El luctuoso suceso de Pdte. Franco, exigía más compromiso”, dice el comunicado, en relación a lo ocurrido con la autopsia de la mujer y su hijo que fueron encontrados en el río Paraná, y cuya autopsia finalmente se llevó a cabo en Asunción.