Esta mañana se denunció la supuesta presencia de un artefacto explosivo en la universidad privada UnInter de Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná.

El hecho fue comunicado a la Policía Nacional, que automáticamente desplegó un operativo de seguridad y ordenó la evacuación de los estudiantes que se encontraban en la casa de estudios.

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Según confirmó a los medios el comisario Humberto Galeano, la amenaza fue recibida a través de un mensaje de WhatsApp por una persona desconocida, quien advirtió que “no utilicen los ascensores” por la supuesta presencia de una bomba en el piso 11.

Explosivistas ya se encuentran en la universidad esteña haciendo la verificación piso por piso, incluyendo en su revisión cada uno de los ascensores, a fin de descartar la presencia de explosivos.

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El hecho ocurre el mismo día en que estaba previsto un examen, coincidentemente en el piso 11 de la universidad, por lo que no se descarta que pueda tratarse de un esudiante que quiso evitar rendir.

Cabe recordar que hace unos meses también se había reportado una amenaza de “masacre” en otra universidad privada de Ciudad del Este, la cual fue descartada al tratarse de una falsa alerta realizada por estudiantes de Medicina para evitar rendir un examen.

Un niño que se divertía sobre su bicicleta se salvó de ser embestido por un vehículo, cuyo conductor se encontraba en estado etílico. El hecho ocurrió ayer en horas de la mañana en inmediaciones del mercado municipal “La Placita” de la ciudad de Encarnación y fue captado por un circuito cerrado de la zona.

En imágenes se observa al pequeño sobre su biciclo paseándose en la vereda cuando, en un momento dado, el automovilista perdió el control de su rodado subiéndose sobre la calzada donde estaba el niño y tras casi impactarlo, escapó del lugar.

Tras el reporte a la Policía Nacional, los agentes comenzaron la búsqueda del conductor hallándolo en estado de ebriedad. Luego de ser aprehendido fue trasladado hasta la base policial, donde se le practicó el alcotest arrojando como resultado 0,493mg/L de alcohol en sangre.

El conductor irresponsable fue identificado como Óscar David Alvarenga González, de 33 años, domiciliado en el barrio Pacú de la mencionada localidad.

El caso fue comunicado a la fiscal de turno, Zulma Britos, quien dispuso la incautación del vehículo involucrado, además que Alvarenga continúe en la comisaría en carácter de aprehendido.

Amarilla presentó un escrito ante la sala penal de la máxima instancia judicial donde solicitó que se pida informe a la Fiscalía Gene­ral del Estado si las causas Carlos Arregui y otros sobre revelación de secretos de servicios y otros y Mauricio Espínola sobre revelación de secretos de carácter privado están acumuladas.

Ante el pedido, la sala penal de la Corte hizo lugar y en fecha 6 de mayo remitió un oficio a la Fiscalía General del Estado, quien tendrá que contestar la solicitud hecha por la máxima instancia judicial.

Debido a que dicha presen­tación, los ministros Luis María Benítez Riera, Manuel Ramírez Candia y César Die­sel no pueden resolver aún la recusación que presentó Amarilla contra los cama­ristas María Belén Agüero, Jesús Riera y Arnaldo Flei­tas, quienes a su vez deben estudiar y decidir si con­firman la competencia de la jueza penal de Garantías Cynthia Lovera, quien fue recusada por el abogado Emilio Fúster, defensor del imputado Arnaldo Giuzzio.

CHICANAS PARALIZAN PROCESO

Los abogados de cada uno de los imputados han presen­tado hasta la fecha más de una docena de chicanas ante la jueza penal de Garantías, Cynthia Lovera, quien tam­bién está recusada. La acti­tud de los profesionales del derecho denota la intención de no litigar o desvirtuar la imputación, sino más bien de dilatar el proceso penal.

Igualmente, los abogados Osvaldo Granada, defensor de René Fernández; Jorge Rolón Luna, quien ejerce la defensa de Carmen Pereira y Francisco Pereira Cohene; y Enrique Kronaweter, defen­sor de Daniel Alberto Farías, habían presentado inicial­mente una reposición y ape­lación en subsidio contra la determinación adoptada por la jueza Cynthia Lovera. Misma acción efectuaron los letrados Felino Amarilla y Emilio Fúster.

Otro incidente planteado por la gavilla de Abdo Bení­tez guarda relación con el cuadernillo de extracción de datos de la Seprelad. Al respecto, los involucrados en el esquema de filtracio­nes para el garrote político no quieren que esta prueba –que forma parte del acta de imputación– sea aceptada, pese a que la magistrada ya la admitió.

Así también, el abogado Kro­naweter apeló la resolución de la jueza de turno Clara Ruiz Díaz, quien había hecho lugar en el mes de enero a la autorización judicial para la extracción de datos como acto investigativo, mediante la cual la Fiscalía tuvo ele­mentos de convicción para sostener su imputación con­tra el expresidente Mario Abdo Benítez y sus excolabo­radores. Con esta medida, la defensa busca obtener la nuli­dad del acta de imputación.

La abogada Nenia Teresa Martínez, representante legal de la escribana fallecida, comentó al canal GEN que el pasado mes de abril se había formulado una denuncia contra Noemí Álvarez, exsuegra de la víctima, a raíz del hostigamiento que la misma venía sufriendo.

Además de ser hostigada por la madre de su difunto esposo, Ruiz Díaz también sufría de constantes amenazas y acosos, así como de violencia verbal, teniendo a Álvarez como principal acusada, refirió.

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“Se le fijó una entrevista psicológica recién para octubre de este año”, reveló Martínez, demora que se debe a la falta de suficientes profesionales en el Ministerio Público.

La profesional del derecho confirmó la realización de una “autopsia psicológica”, consistente en una serie de pericias y averiguaciones que ayudarán a determinar el estado emocional de la víctima previo a su fallecimiento.

En el marco de esta diligencia, varias personas que forman parte del entorno cercano de la escribana prestaron declaración ante la Fiscalía, a fin de brindar detalles sobre la situación por la que atravesaba.

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El hecho punible que está siendo analizado es el de “inducción al suicidio”, lo cual solo podrá determinarse a través de ciertos elementos de convicción que permitan confirmar la responsabilidad de determinadas personas, en este caso, de la exsuegra.

“Estamos en una etapa incipiente todavía”, sentenció Martínez.