El Tribunal de Sentencia convocó a las partes en el inicio del juicio, ocasión en que aceptó la intervención de los abogados de los acusados. El colegiado hizo lugar a la solicitud de los representantes de los procesados Darío Messer y Dan Messer, y dispuso el pedido de las partes de un tiempo para acceder a las copias del expediente.

El plazo se extenderá hasta el martes 1 de agosto de 2023, ese día continuará el juicio con la lectura del auto de apertura y los alegatos iniciales de las partes.  

En su acusación, el Ministerio Público sostiene que Messer y sus diversas firmas recibieron en nuestro país US$ 53.689.977 de bancos de Estados Unidos, Suiza y Luxemburgo. La Fiscalía tiene evidencias de que ese dinero provendría de actividades relaciones a hechos de corrupción.

El tribunal está presidido por la magistrada Claudia Criscioni e integrado por las juezas Cándida Fleitas y Yolanda Morel.

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El personal de la Senad, del Departamento Regional N° 1 en Pedro Juan Caballero, se trasladó hasta la zona de Cerro Guazú, departamento de Amambay, para desarrollar la segunda fase de la Operación “Ypané”, cuya primera etapa fue en marzo de este año. En aquella ocasión fueron detenidas varias personas y se incautó una aeronave en un complejo que contaba con hangar, pista de aterrizaje y caletas.

Con apoyo de la FTC, en esta segunda etapa se procedió a la destrucción de la pista narco mediante detonaciones realizadas por explosivistas. Así también fueron desmantelados el hangar y las caletas. Por otro lado, las fuerzas operativas destruyeron 18 hectáreas de cultivos de marihuana que se encontraban a pasos del lugar.

Con esta intervención se desactiva totalmente la logística narco detectada en el mes de marzo de este año.

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Con motivo de la visita del primer ministro de Japón, Fumio Kishida, acompañado de una comitiva de funcionarios de gobierno y empresarios, fueron firmados memorandos de cooperación en las áreas de la industria espacial y tecnologías, principalmente.

Los acuerdos firmados entre Paraguay y Japón fueron para la cooperación en tecnologías de la información y comunicación, en el desarrollo de la capacidad espacial por el desarrollo sostenible, en actividades espaciales con fines pacíficos y en el desarrollo de una industria espacial.

El acto tuvo lugar durante el foro de negocios desarrollado con motivo de la visita de los empresarios japoneses y del primer ministro Kishida. Participaron el ministro del MITIC, Gustavo Villate, y el presidente de la Conatel, Juan Carlos Duarte.

Además, fue suscrito un acuerdo entre representantes de la firma japonesa Hagihara Industries y la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción. La firma cuenta con una planta industrial de fibra sintética en Ciudad del Este, de su subsidiaria Barchip Inc. Ésta, por su parte, suscribió un acuerdo con la Asociación Paraguaya de Carreteras.

Cooperación en sistemas espaciales

En el área espacial, Japón contribuyó al lanzamiento del primer nanosatélite paraguayo, el GuaraniSat-1, en febrero de 2021.

La cooperación en esta área permitió el intercambio de experiencias y la formación de capital humano de los dos doctores PhD en Sistemas Espaciales del país.

También contribuyó con asistencia y equipamiento para el Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica y Observación de la Tierra (GEOLab), que se encuentra operativo en la Agencia Espacial del Paraguay (AEP).

La AEP prepara el lanzamiento del segundo nanosatélite paraguayo, y el primero diseñado y construido en nuestro país, el GuaraniSat-2. Su predecesor fue utilizado para el monitoreo de poblaciones de vinchuca para el control del Mal de Chagas en la región del Chaco y este tendrá aplicaciones del monitoreo de cultivos y predicción de rendimientos agrícolas.

Actualmente se encuentra en curso una cooperación de dos años entre la AEP y la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) para este fin para la formación de personal y asistencia técnica.

Esto lo anunció la jueza Lici Teresita Sánchez, quien señaló que el traspaso del armamento, es en carácter de prestación, hasta tanto se defina el juicio en torno al expediente.

“El traslado de las armas, que son alrededor de 2.000 unidades, entre armas largas y cortas, así como municiones, debe ceñirse a disposiciones legales que, en este caso, implica incluso acuerdos internacionales”, dijo la magistrada en comunicación con la 1080 AM.

La misma subrayó que el depósito del enorme arsenal de armas, se realizó fuera del ámbito de la Dirección Nacional de Material Bélico, considerando que esta institución fue implicada en la trama de armatrafico que está siendo procesada en la justicia.

“Al ser la Dimabel una de las instituciones que está dentro de las investigaciones, no puede ser depositaria de esas armas decomisadas”, señaló la jueza Sánchez en comunicación con la 1080 AM.

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La jueza sostuvo que resalta, objetivamente, que el armamento en cuestión, es fruto de acciones ilícitas, por lo que, de seguir el juicio en la misma línea, es muy factible que finalmente se ratifique la propiedad del armamento a favor de la Policía y de las FF.AA.