Las muestras de ADN del cadáver hallado la semana pasada en el cerro Cristo Rey coinciden con las muestras extraídas de los familiares de María Ramona Cardozo, confirmando así la versión inicial.

“El mío dio 99,9% en el resultado y el de mi mamá también“, manifestó Blanca Cardozo, hermana de la víctima, al canal SNT.

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La misma explicó que para esta prueba laboratorial se utilizaron muestras de cabello y partes del cráneo de los restos hallados en el cerro, mientras que a ella y a su madre les extrajeron muestras bucales.

Cardozo volvió a lamentar la trágica muerte de su hermana, quien se encontraba con 7 meses de embarazo al momento de su desaparición. y lanzó duras acusaciones contra su expareja, Víctor Cantero, principal sospechoso del crimen. “No sé qué mente ha de tener este señor”.

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La familia se dirigirá en el transcurso de la tarde hasta la morgue judicial en Asunción para retirar los restos de María Ramona Cardozo, a fin de darle cristiana sepultura.

Adelantaron que el velatorio se realizará en la vivienda familiar ubicada en la ciudad de Altos, antes del entierro previsto para el día de mañana.

Durante un patrullaje realizado en la noche de ayer se logró la incautación de un cargamento ingresado de manera ilegal al país a través del Río Paraguay.

Se trata de cerca de 200 cajas que contenían envases de aceite de origen argentino y que estaban siendo trasladadas en una embarcación hasta el lado paraguayo.

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Personal de la Prefectura General Naval fue el responsable de esta importante incautación de productos de contrabando, contando con apoyo de funcionarios de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).

El tripulante del bote inicialmente fue demorado por las autoridades, pero minutos después logró ser “rescatado” por una turba que atacó a la comitiva en plena navegación.

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“Vino una embarcación con 15 a 20 personas aproximadamente, atropellaron la lancha de la Prefectura, rompieron el motor y en ese momento pudieron liberarlo”, explicó Julio Martínez, funcionario de la DNIT, a la 1330 AM.

Todo el cargamento incautado fue remitido a los depósitos de la DNIT, a fin de permanecer bajo resguardo hasta que se disponga su destino final.

Referentes de la comisión asesora informaron que existe la necesidad de contar con datos precisos de cuántas son las ONGs que están siendo subvencionadas por el PGN; cuáles son los planes y programas relacionadas con los pueblos indígenas, como así también los montos transferidos y porcentajes de la ejecución presupuestaria.

El documento con dictamen de aprobación, indaga datos concretos acerca de los rubros 831 (Aportes a entidades con fines sociales); 842 (Aportes a instituciones sin fines de lucro); y 874 (Aportes a instituciones privadas sin fines de lucro), correspondientes a los ejercicios fiscales 2023 y 2024.

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El proyecto solicita, además, una diferenciación de los gastos de mantenimiento institucional y las actividades misionales.

También pide indicar si alguna entidad beneficiada habría incurrido en faltas, el detalle de las mismas y las medidas adoptadas por el Ministerio de Economía y Finanzas.

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Desde la comisión asesora informaron que esta acción es el punto de partida de una serie de pedidos de informes que se irán realizando a las diferentes instituciones, conforme se vayan obteniendo los datos.

El agente fiscal Reinaldo Castillo obtuvo la condena de un hombre a 5 años de pena privativa de libertad, por abuso sexual en niños. Resultaron víctimas dos menores, quienes al momento del suceso tenían 3 y 6 años, respectivamente.

Según los antecedentes, el hecho se registró el 15 de febrero del 2020, cuando el condenado se encontraba en una iglesia en construcción, y en un momento dado, observó a las dos pequeñas (hermanas), jugando en un parque cercano, tras llamarlas al sitio referido, las vulneró con actos de connotación sexual. El hecho fue relatado por una de las víctimas a su madre, luego del temor que le generó ver al victimario frente a su domicilio.

Posteriormente, la menor brindó el mismo relato ante la psicóloga del Centro de Atención a Víctimas del Ministerio Público, cuyo informe psicológico describe los indicadores de daños en el área emocional sufridos por la misma.