Fernando Villavicencio Valencia, asesinado a tiros este miércoles tras un acto político en Quito (Ecuador), era aspirante a jefe de Estado por el movimiento Construye para los comicios presidenciales anticipados, que se llevarán a cabo el próximo 20 de agosto.

Villavicencio, de 59 años, estudió periodismo y fue muy afín al activismo político desde muy joven. En 1995, junto con otros dirigentes, contribuyó a fundar el movimiento Pachakutik, una organización independiente de partidos tradicionales compuesta por elementos de organizaciones indígenas. Ese mismo año comienza a laborar como comunicador social en la petrolera estatal Petroecuador, donde luego asesoraría a su federación de trabajadores como sindicalista.

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A inicios de la década del 2000, retomó el periodismo y comenzó a labrar prestigio como investigador junto a portales digitales como Vanguardia, Plan V, Periodismo de Investigación, entre otros. En una entrevista reciente con el diario El Universo, el propio Villavicencio aseguró haber hecho unas 260 investigaciones sobre casos relacionados con corrupción.

Durante el primer mandato de Rafael Correa, en 2007, como parte de una comisión de expertos petroleros, Villavicencio le sugirió al presidente terminar un contrato con la brasileña Petrobras debido a un “perjuicio de 2.000 millones al Estado”. Correa desestimó la recomendación y el entonces periodista denunció ante la Fiscalía los hechos. Desde entonces se posicionó como una de las voces más críticas contra el correísmo.

En enero de 2014, Villavicencio y el legislador por Pachakutik Cléver Jiménez, a quien el primero le servía como asesor político, fueron sentenciados a 18 meses de cárcel por injurias al presidente Correa. Ambos se refugiaron en la Amazonía. Fernando salió de Ecuador y posteriormente Perú le dio asilo político y se mantuvo en la clandestinidad durante tres años.

En 2017, durante el Gobierno de Lenín Moreno, Villavicencio regresó a su país. Ese año presentó ante la Fiscalía una denuncia por mal uso de recursos públicos en la comercialización de crudo entre Ecuador y la empresa privada Petrochina. También fue uno de los que denunció el caso Sobornos 2012-2016, conocido como Arroz Verde —por el que se sentenció a Correa a ocho años de prisión por cohecho—, recoge el periódico El Comercio.

En octubre de 2020, Fernando Villavicencio anunció su candidatura a la Asamblea Nacional de la mano del movimiento Alianza Honestidad y ganó. Desde el Legislativo, mantuvo varios enfrentamientos con grupos de oposición y con el Gobierno.

Entre mayo de 2021 y mayo de 2023 dirigió la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, hasta que el presidente del país, Guillermo Lasso, invocó el mecanismo conocido como ‘muerte cruzada’ y disolvió la Asamblea Nacional. Este recurso constitucional obligó a la convocatoria de las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas.

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El pasado 12 de junio, Villavicencio presentó su candidatura como aspirante a jefe de Estado, acompañado en la papeleta de Andrea González como candidata a la Vicepresidencia. La agencia EFE lo describe como un candidato con inicios ideológicos en una “izquierda moderada”, que ahora se define de centro, pero sin partido político. Entre sus propuestas se destacan sus proyectos para enfrentar la inseguridad que atraviesa Ecuador, entre ellos el de construir una cárcel de “altísima seguridad” para “encerrar” a los delincuentes más buscados del país. 

En una entrevista con EFE en mayo, el exlegislador había asegurado que deseaba llegar al Palacio de Carondelet para “enfrentar y derrotar a las mafias que han cooptado el Estado y que tienen de rodillas a la sociedad”. Insistió en que, de salir victorioso en los comicios, combatiría las “mafias políticas que están vinculadas al narcotráfico”, así como las “estructuras delictivas de minería ilegal” y aquellas “estructuras corruptas en el sector público”.

La victoria de Palacios en noviembre en San Salvador desató las mayores movilizaciones en las calles de Nicaragua desde las protestas de 2018, en las que ella participó y que sacudieron al gobierno de Daniel Ortega. Desde su triunfo no ha regresado a su país.

“Dueña de Miss Universo confirma la salida de la familia de Sheynnis Palacios de Nicaragua y el imposible regreso a su patria de la Miss”, indicó el portal del diario La Prensa, que ahora se edita en Costa Rica.

“Exilio de Sheynnis Palacios y ‘toda su familia’ es ‘indefinido’”, señaló, por su parte, el portal 100% Noticias, que también despacha desde el país vecino.

Ambos medios citaron como fuente una publicación en Instagram de la copropietaria del concurso Miss Universo, la empresaria tailandesa Anne Jakrajutatip, pero la versión no ha sido confirmada por el gobierno de Ortega.

Tras la coronación, la vicepresidenta nicaragüense y esposa de Ortega, Rosario Murillo, afirmó que los opositores manipulaban su triunfo, pues destacaban que Palacios participó en las protestas de 2018.

En un mensaje por el Día de la Madre, Jakrajutatip saludó a Palacios y a la empresaria nicaragüense Karen Celebertti, exdueña de la franquicia de Miss Universo en Nicaragua, a quien el gobierno de Ortega prohibió regresar después del certamen en San Salvador.

Jakrajutatip escribió a Palacios: “Eres valiente, fuerte e inteligente, pero también muy humilde y trabajas duro para cuidar de tu madre y de toda la familia que ahora están fuera de tu patria”.

La Miss Universo, cuya madre reside en Estados Unidos desde hace años, había dicho en enero a un medio mexicano que buscaba sacar a su abuela y a su hermano de Nicaragua para que pudieran vivir con ella en el exterior.

La abuela y el hermano consiguieron visa para Estados Unidos y se marcharon de Nicaragua en abril, según fuentes opositoras.

Este lunes se llevó a cabo la diligencia para revisar la negociación a la que llegó el capturado, preso en la cárcel La Picota, en Colombia.

Correa Galeano afirmó que con su colaboración con la Fiscalía, en la que se comprometió a “aceptar y mostrar voluntad de arrepentimiento y de reparación a las víctimas”.

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El mismo fue condenado como autor del delito de porte ilegal de armas con funciones agravadas, en concurso heterogéneo y sucesivo con amenazas contra servidor público a la pena principal, en virtud del acuerdo, a seis años y seis meses de prisión, lo que daría lo mismo a 78 meses.

Cabe recordar, varias personas ya fueron condenadas en la justicia colombiana, entre ellas Margareth Lizeth Chacón, quien fue sentenciada por una juez a 39 años y 10 meses de cárcel por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

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Además, aceptaron su responsabilidad en el crimen de Marcelo Pecci -y bajo ese escenario los sentenciaron- Wendre Still Scott Carrillo, Eiverson Adrián Zabaleta Arrieta, Gabriel Carlos Luis Salinas Mendoza y Cristian Camilo Monsalve Londoño.

En su primer viaje a España, Milei no solo no se reunió con Sánchez ni con el rey Felipe Vi, sino que “dinamitó” las relaciones de ambos países.

Milei en contrapartida se reunió con el líder del partido de ultraderecha VOX, Santiago Absacal.

También sostuvo un encuentro con empresarios, como los directivos de los bancos BBVA y Santander, la empresa de telecomunicaciones Telefónica y la aerolínea Iberia.

Javier Milei, además de atacar a la primera dama española, tildó al socialismo de “satánico” y “cancerígeno”, en la primera jornada de una visita a España en la que recibió un nuevo ataque de un miembro del gobierno del socialista Pedro Sánchez.

“No dejemos que el lado oscuro, negro, satánico, atroz, espantoso, cancerígeno, que es el socialismo, nos gane”, dijo Milei en una charla sobre su libro “El camino del libertario”.

Durante un discurso en un encuentro en Madrid de dirigentes de extrema derecha organizado por el partido español Vox, Milei se refirió a Begoña Gómez como “mujer corrupta”.

Aunque no identificó a Sánchez o a su esposa por su nombre, la alusión de Milei al periodo de reflexión que se tomó él para decidir si dimitía por los ataques a su esposa permitió identificar a la pareja.