El denunciante, Gustavo Ramón Velázquez relató que el sábado pasado acompañó a su sobrino, un adolescente de 16 años, hasta el sector del kilómetro 5 y medio barrio La Blanca a través del transporte de Bolt. Contó que el adolescente hizo contacto con una mujer y pactaron un sitio para el encuentro. Pero al llegar al lugar indicado, fueron interceptados por dos vehículos que le cerraron el paso, que resultaron ser los oficiales vestidos de civil.

“Pensé que se trataba de un asalto, es más llegué a decirle al chofer del Bolt a que cerrara todo su auto diciéndole que nos iban a asaltar, pero ahí golpearon el vidrio y al abrir ya nos obligaron a bajar del auto”, mencionó el afectado en una entrevista con un medio local.

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Posteriormente, dijo que ambos fueron llevados hasta la comisaría 23 del barrio Las Carmelitas por los agentes mencionando que en todo el camino fue golpeado mientras le exigían explicaciones, en tanto, su sobrino era indagado sobre “dónde tenía la droga”, señalando que los policías le primeramente los acusaron de vendedores de droga.

Al llegar a la comisaría, relató que fueron obligados a desnudarse para luego ser encerrados en una celda oscura. Posteriormente, los uniformados les mencionaron que debían de pagar G. 10 millones cada uno para ser liberados y el caso no se remita a la fiscalía. Contó que él tenía en su billetera la suma de 1 millón 500 mil guaraníes y prestó 500 reales de su cuñado para realizar el pago.

En cuanto a su sobrino, dijo que el papá tuvo que empeñar una moto por G. 500.000 y pedir prestado un poco más de dinero para poder liberar a su hijo. Tras el pago, los dos fueron liberados ya cerca de las 3 de la madrugada.

El hombre dijo que hubo otras dos víctimas, pero que llamativamente no presentaron denuncia de lo ocurrido, pero que él si se animó a reportar el grave caso, ya que no hizo nada fuera de lugar.

Los involucrados son el Suboficial Inspector Emilio Ruiz, Suboficial Ayudante Walter Romero y Suboficial Ayudante Arnaldo Machuca

El informe del departamento de Comunicación Social de la Policía Federal de Brasil refiere que, durante una inspección de rutina en hoteles y posadas cercanos a la aduana del Puente Internacional de la Amistad, frontera con Paraguay, el equipo policial identificó a tres paraguayos que cargaban un camión en un estacionamiento de acceso público. Al acercarse, los agentes observaron varias herramientas esparcidas en el lugar y notaron que los sospechosos se mostraban nerviosos.

Después de una inspección del vehículo, los agentes descubrieron un fondo falso en la carrocería del camión. En el compartimento oculto encontraron más de 750 teléfonos móviles importados, aproximadamente 50 cigarrillos electrónicos y varias cajas de accesorios para móviles sin la documentación fiscal correspondiente.

Ante la evidencia del delito de contrabando, los agentes detuvieron a los compatriotas y los trasladaron a la Delegación de la Policía Federal en Foz de Iguazú. La identidad de los aprehendidos no fue aún divulgada.

La carga tenía como destino final la ciudad de San Pablo, y según se pudo saber ya de fuentes policiales, toda la mercadería había sido llevada al vecino país con la ayuda de mototaxista que de apoco iban juntando el cargamento.

Uno de los aprehendidos confesó que fue contratado por el gerente de un conocido centro comercial de Ciudad del Este para realizar el trabajo, mencionando que supuestamente la carga era de su patrón y que simplemente ellos debían de acomodar las mercaderías para ser llevadas a la citada localidad del vecino país.

Las nuevas estaciones equipadas con terminales de cobro electrónico son las siguientes: ruta PY01 en Caapucú (Paraguarí) y Coronel Bogado (Itapúa), ruta PY03 en 25 de Diciembre (San Pedro), ruta PY06 en Trinidad (Itapúa) e Iruña (Alto Paraná), sumándose a las que ya estaban implementando como Ecovía (ruta Luque – San Bernardino); ruta PY01 Itá (Central); ruta PY09 Remanso y Héroes del Chaco (Presidente Hayes- Asunción) y ruta PY03 Emboscada (Cordillera).

Con esta actualización, se amplía la disponibilidad de opciones de pago, permitiendo a los usuarios utilizar tarjetas de débito, crédito o códigos QR, además del efectivo. Esta transición gradual hacia métodos de pago electrónicos se alinea con la visión del MOPC de modernizar la infraestructura vial y mejorar la experiencia del usuario.

La introducción de pagos vía POS no solo busca agilizar el proceso de cobro, sino también promover la transparencia en la gestión de fondos públicos y optimizar el flujo de tráfico en los puntos de peaje. Además, se espera que esta medida contribuya a reducir los costos operativos y brindar beneficios adicionales a los usuarios, como promociones adaptadas a diferentes categorías de vehículos.

La implementación del sistema en estas cinco estaciones marca un hito importante en el camino hacia una infraestructura vial más moderna y eficiente, beneficiando tanto a los conductores como a la administración pública en su conjunto.

El fin de semana salió a la luz un nuevo caso de granja criptominera que operaba de manera clandestina. Se encuentra en Sapucái, departamento de Paraguarí, dentro de la propiedad del exdiputado Miguel Cuevas.

En ese marco fue entrevistado el senador Basilio Núñez, a quien se le preguntó si preocupa que un legislador de su partido esté involucrado en el delito de moda, que parece traer consigo un negocio de millones de dólares.

“Preocupa todo, preocupa también que en un shopping que tenemos acá en Asunción también se encuentre criptominería”, contestó el senador y futuro presidente del Congreso.

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Sobre el punto, recordó que, precisamente con el fin de perseguir este delito que desangra las arcas de la ANDE y pone en jaque el servicio de energía eléctrica para la población, presentaron el proyecto de ley que pretende visibilizar las consecuencias de las criptogranjas.

En septiembre de 2023, el Departamento de Gestión de Grandes Clien­tes de la ANDE remitió una notificación a la empresa Penta SA, (Shopping Mariscal) de los Zuccolillo, al detectar “fuertes indicios de que en el sitio se estaban desarrollando actividades asociadas a la minería de criptoactivos”.

La alarma de la ANDE se encendió debido al elevado consumo registrado en el lugar, pese a figurar en la categoría de edificio corporativo, lo que condujo a presumir que se utilizaba el mismo NIS del centro comercial como pantalla para la actividad de minería, al hacer pasar la elevada demanda eléctrica como una fachada industrial.

Además, HOY: Usuarios de Essap podrán canalizar sus reclamos en línea