En una nota presentada hace un mes, el pasado 28 de agosto, un grupo de socios requirió informes al actual presidente de la cooperativa, Guillermo Cantero, referente a la situación financiera dejada por la administración anterior y las medidas adoptadas en ese sentido, las cuales estarían repercutiendo negativamente contra los propios asociados.

En ese sentido, en el escrito remitido se deja constancia de que a las pérdidas acumuladas del ejercicio 2022 sumado a los cargos diferidos al inicio del año 2022, suman montos impresionantes si se relaciona con el aporte/capital de los socios. Del total de las pérdidas reconocidas solo en el ejercicio 2022, se dispuso que Gs. 78.670 millones sean trasladadas a ejercicios siguientes para que amorticen en proporción durante los próximos 10 años siguientes. 

Bomba de tiempo: San Cristóbal castiga a socios y estalla roncha generalizada.

📌Cero solidaridad: Corrupción y desastroso manejo recaen en el asociado.

📌El dilema del socio: Retirarse sin sus ahorros o quedarse a esperarse.#LCNPy📺 pic.twitter.com/R94q843E62

— La Caja Negra (@CajaNegraPy) September 27, 2023

También para que las pérdidas del ejercicio 2022 de Gs. 54.205 millones tengan un impacto menor en los socios, la asamblea decidió que utilice la reserva legal de Gs. 22.760 millones, resultando la pérdida neta por ese año de Gs. 31.445 millones.

Ante esta situación financiera crítica, el consejo de la cooperativa adoptó decisiones importantes para intentar solventar la crisis. Una de ellas fue aplicar una medida contra los socios que pretendan retirarse y sacar sus ahorros. 

Esta situación consta en la nota enviada al presidente de la institución, en la cual se manifiesta que “preocupan los numerosos comentarios de socios en las propias redes sociales oficiales de la Cooperativa cuando en cada posteo generan una alta ansiedad, sobre todo porque quienes renuncian, son castigados con el retorno de aproximadamente 20% de sus respectivos aportes y el 80% son asumidos por los renunciantes. Inclusive esas inquietudes nunca son respondidas con el nivel de autoridad que corresponde en las páginas oficiales”.

San Cristóbal castiga a socios y estalla roncha generalizada.

💬"Nosotros vamos a perder toda nuestra plata, necesitamos que las autoridades que le diga a los socios que esta pasando".

👉Jorge Díaz – socio activo de la cooperativa San Cristóbal.#LCNPy📺 pic.twitter.com/H4NWwi5Clq

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De acuerdo a un vistazo a las redes de San Cristóbal puede observarse el descontento generalizado entre los socios debido a una quita del 80% de sus ahorros en caso de presentar su renuncia a la cooperativa. Así, los renunciantes pueden retirar solo el 20% de su capital aportado. Es decir, de cada millón guardado, solo pueden recibir el monto de 200 mil guaraníes.

Quien sí salió a hablar, al menos a través de comentarios en las redes sociales, fue Carlos Lugo, integrante del Consejo de Administración de la entidad. En respuesta a una de las tantas inquietudes de los socios, el mismo alegó que el aporte que solidariamente ingresaron a la cooperativa, no constituye una caja de ahorro, sino más bien es el capital social de la  entidad y resaltó que se procedió a enjugar la pérdida. Escribió además: “Por nuestra parte, que estamos al frente del Consejo de Administración desde el mes de mayo/2023, no podemos retrotraer actuaciones administrativas, o lo que se hizo o dejó de hacer en los Consejos anteriores, así también debemos cumplir lo que la Asamblea decidió. Los malos procedimientos que constituyeron delitos, eso se encuentra en el campo judicial que es el que debe determinar y juzgar las acciones deshonestas y desleales”.

San Cristóbal castiga a socios y estalla roncha generalizada.

💬"Yo renuncié en diciembre del año pasado y me dijeron que mi aporte me iban a dar en el mes de abril, me fui en esa fecha y que no había nada".

👉Juan Paniagua – exsocio de la cooperativa San Cristóbal.#LCNPy📺 pic.twitter.com/SzWZm9dsV5

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Los ahorristas solicitan a los directivos que den a conocer información oficial, de modo a dar tranquilidad a los desesperados socios, en vista a que los comentarios que se están generando en las redes y el resultado negativo del patrimonio de la cooperativa, constituyen una verdadera bomba de tiempo.

También requieren informes sobre los préstamos que está asumiendo la entidad, cuya finalidad debería ser la colocación de nuevos créditos, pero que, según información manejada, se estaría destinando a otros fines.

Otro punto reclamado es conocer el estado de las demandas civiles contra los socios morosos, que obtuvieron préstamos a tasas irrisorias muy por debajo de los convencional y sin ninguna garantía que permita asegurar el retorno del dinero dado en préstamo.

San Cristóbal castiga a socios y estalla roncha generalizada.

💬"4.750.000 lo que me corresponde de todo mi aporte, soy socio hace 13 años de la cooperativa".

👉Juan Paniagua – exsocio de la cooperativa San Cristóbal.#LCNPy📺 pic.twitter.com/faJcMXp4AF

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El proceso de intervención en la cooperativa, que concluyó después de casi un año, encontró diversos hallazgos preocupantes, siendo uno de los más graves el alto nivel de morosidad en los créditos otorgados por la cooperativa. Además, reveló que se otorgaron préstamos sin garantía viable, a pesar de las advertencias previas por parte de la administración durante el proceso de revisión de antecedentes.

Finalmente los socios exigen avances en la demanda penal hecha ante el Ministerio Público. Sin embargo, todas estas solicitudes todavía no fueron respondidas a la fecha.

San Cristóbal castiga a socios.

💬"Mi mamá era socia desde hace 15 y 16 años le dijeron a ella que una vez que renuncia a los 1 mes le iban dar todos sus aportes pero era una información erronea".

👉Carol Fleitas – exsocia de la cooperativa San Cristóbal.#LCNPy📺 pic.twitter.com/4shFtshL2g

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La Cooperativa de San Cristóbal se encuentra en un momento crítico en el que es necesario tomar decisiones estratégicas para su recuperación financiera y restablecer la confianza de sus socios, caso contrario la bomba terminará estallando.

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El ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, explicó los alcances del acuerdo con Brasil, publicado y puesto a la vista de todos, precisamente para evitar confusiones.

“El acuerdo que se firmó con Brasil es que Paraguay puede vender energía, punto. Dice el acuerdo de forma inmediata energía del Paraguay. No existe energía de Itaipú, de Yacyretá o de Acaray, existe energía paraguaya”, aclaró el titular del MIC, en una entrevista con la emisora 730 AM

El siguiente paso está en campo de la ANDE, que deberá elaborar su pliego de bases y condiciones, publicarlo y obtener el permiso del Ministerio de Minas y Energías del Brasil para realizar sus operaciones comerciales.

Nota relacionada: Director de Itaipú explicará al Senado los alcances del acuerdo con Brasil

Las opciones son dos. Vender directamente a las distribuidoras brasileñas o bien constituir una filial de la ANDE en Brasil para poder vender a su equivalente en ese país, anteriormente Eletrobras.

“Para mí, lo mejor es que la ANDE haga una licitación y que nos paguen directo a la ANDE lo vendido a las distribuidoras”, opinó Giménez.

A criterio del ministro, estos trámites administrativos, que pueden parecer difíciles, en realidad no son la preocupación principal, sino, antes bien, la estrategia para atraer a los compradores de energía.

En un hito histórico para los derechos humanos y la justicia social, representantes de diversas instituciones del Estado paraguayo llevaron a cabo esta semana una visita al Chaco para dar cumplimiento a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en favor de cuatro comunidades indígenas asentadas en el departamento de Presidente Hayes.

En este contexto, Yudith Rolón, Directora de Derechos Humanos del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), destacó la importancia de esta visita interinstitucional, organizada y coordinada por el Consejo Asesor Consultivo de la Comisión Interinstitucional para el Cumplimiento de las Sentencias y otros compromisos Internacionales en materia de derechos humanos (CICSI), encabezado por el vicepresidente Pedro Alliana, como un paso crucial para cumplir con las medidas ordenadas por la Corte Interamericana.

“La visita interinstitucional realizada, organizada y coordinada por el CICSI, yo creo que desde el punto de vista del INDI ha sido sumamente importante, porque bajamos con toda la supervisión de todas las medidas de la sentencia de la Corte Interamericana a las comunidades como Sawhoyamaxa y Yakye Axa, de poder hacer una evaluación e ir midiendo hasta donde se han cumplido las medidas de la Corte Interamericana, como así también del proceso abierto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la comunidad Kelyenmagategma”.

Rolón señaló la urgencia de completar estas medidas, que abarcan desde la restitución de tierras hasta la provisión de servicios básicos para una vida digna en estas comunidades. “Entonces, estos dos días intensos que hemos tenido de la visita, y sobre todo de escucharle a los líderes, a los miembros de la comunidad, con todas las instituciones haciendo un descargo. Sobre todo, el gran desafío que significa ir cumpliendo a cabalidad todas las medidas, ha sido sumamente interesante”.

Las obras de infraestructura y las acciones gubernamentales ya en marcha fueron resaltadas durante la visita. “También se resaltaron muchos compromisos que por parte del Estado ya se ha hecho, como la adquisición de tierras. Falta formalizar, eso sí, ya para la restitución formal a nombre de la comunidad”.

Todas estas acciones se llevaron a cabo en el departamento de Presidente Hayes, aproximadamente en el km. 350 de la ruta Concepción – Pozo Colorado, donde las autoridades del Estado han trabajado incansablemente para garantizar el pleno respeto de los derechos y la dignidad de estas comunidades indígenas.

Esta iniciativa conjunta entre instituciones estatales y líderes indígenas marca un hito en el compromiso del Estado paraguayo con los derechos humanos y el bienestar de sus ciudadanos indígenas, subrayando la importancia de trabajar en colaboración para abordar las necesidades más apremiantes de estas comunidades.

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Con el objetivo de atacar a las estructuras criminales, que durante años establecieron y acrecentaron sus operaciones de producción y acopio de marihuana en bosques que forman parte del Parque Nacional Caazapá, un contingente operativo de la SENAD desarrolló dos fases de incursiones que permitieron ocasionar golpes significativos contra el narcotráfico.

Las fuerzas antidrogas detectaron y destruyeron 53 campamentos narcos, dentro de los cuales localizaron un total de 145.300 kilogramos de marihuana lista. Así también, procedieron a la erradicación de 111 hectáreas de cultivos de cannabis.

Las intervenciones generaron fuerte impacto contra las organizaciones criminales, dejando fuera de circulación aproximadamente 478 toneladas de marihuana del mercado regional. Ello representa un lucro cesante a los financistas del narcotráfico de unos 14 millones de dólares.

Además de afectar a las organizaciones criminales, la Operación “FRENTE SUR” apunta a frenar la deforestación producida por las mismas, puesto que para el establecimiento de las parcelas ilícitas depredan grandes superficies de bosques nativos.

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