Con cánticos de “que pague, que pague” y un pasacalles en la que es declarada como “persona no grata para el grupo de Bolt y Uber. Estafadora”, los conductores de plataforma se manifestaron frente a la vivienda de Carolina Ferreira, ubicada en la ciudad de Hernandarias.

La escrachada.

Iván Espínola, el afectado, contó que trasladó a la pasajera desde el km 12 de Ciudad del Este hasta el barrio Virgen del Carmen de Hernandarias, una distancia considerable y por la que acordaron el pago de G. 150.000 por el servicio.

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Al llegar al punto, Carolina le dijo al chofer entraría a su casa a buscar el dinero para pagarle. El joven esperó desde las 02:00 del domingo hasta las 07:00, pero pese a las constantes llamadas y mensajes, ya no la volvió a ver. Incluso, durante la semana insistió con recibir el pago, pero la mujer se negó y finalmente desistió del cobro y lo dio como perdido.

En tal sentido, sus compañeros le demostraron su apoyo y realizaron el escrache a la mujer.

Pero, ¿Quién es Carolina Ferreira?

Un tiempo atrás, Carolina Ferreira fue detenida por efectivos de antisecuestros de la Policía Nacional durante una entrega vigilada.

Fue luego de que haya extorsionado a un padre, amenazándole que iba a mostrar conversaciones de ella y el religioso con quien supuestamente tenía una relación amorosa.

Carolina estuvo privada de su libertad por un buen tiempo, pero luego le concedieron medidas alternativas a la prisión. Ahora los conductores de plataformas la declararon persona no grata.

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En el barrio Lote Guasu de San Lorenzo se encuentra la vivienda allanada esta mañana por la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público.

La pesquisa parte de la base del reporte emitido por la Contraloría General de la República, donde se habla de una inconsistencia entre los salarios de Cáceres y los bienes que posee. En ese marco fue imputado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

En el procedimiento se constató que Cáceres y su esposa, Ruth Da Silva, de profesión odontóloga, continúan residiendo en la casa, pese a que, según las investigaciones, la pareja había vendido este inmueble a una joven de 20 años. Esta operación se habría hecho con el objetivo de ocultar la propiedad de la residencia.

La presunción de la Fiscalía es que Cáceres adquirió los terrenos y los transfirió a una tercera persona con el fin de borrar su nombre de al propiedad.

Además de Cáceres, tanto Da Silva y la joven presuntamente involucrada, fueron imputadas por lavado de activos.

Un niño que se divertía sobre su bicicleta se salvó de ser embestido por un vehículo, cuyo conductor se encontraba en estado etílico. El hecho ocurrió ayer en horas de la mañana en inmediaciones del mercado municipal “La Placita” de la ciudad de Encarnación y fue captado por un circuito cerrado de la zona.

En imágenes se observa al pequeño sobre su biciclo paseándose en la vereda cuando, en un momento dado, el automovilista perdió el control de su rodado subiéndose sobre la calzada donde estaba el niño y tras casi impactarlo, escapó del lugar.

Tras el reporte a la Policía Nacional, los agentes comenzaron la búsqueda del conductor hallándolo en estado de ebriedad. Luego de ser aprehendido fue trasladado hasta la base policial, donde se le practicó el alcotest arrojando como resultado 0,493mg/L de alcohol en sangre.

El conductor irresponsable fue identificado como Óscar David Alvarenga González, de 33 años, domiciliado en el barrio Pacú de la mencionada localidad.

El caso fue comunicado a la fiscal de turno, Zulma Britos, quien dispuso la incautación del vehículo involucrado, además que Alvarenga continúe en la comisaría en carácter de aprehendido.

Amarilla presentó un escrito ante la sala penal de la máxima instancia judicial donde solicitó que se pida informe a la Fiscalía Gene­ral del Estado si las causas Carlos Arregui y otros sobre revelación de secretos de servicios y otros y Mauricio Espínola sobre revelación de secretos de carácter privado están acumuladas.

Ante el pedido, la sala penal de la Corte hizo lugar y en fecha 6 de mayo remitió un oficio a la Fiscalía General del Estado, quien tendrá que contestar la solicitud hecha por la máxima instancia judicial.

Debido a que dicha presen­tación, los ministros Luis María Benítez Riera, Manuel Ramírez Candia y César Die­sel no pueden resolver aún la recusación que presentó Amarilla contra los cama­ristas María Belén Agüero, Jesús Riera y Arnaldo Flei­tas, quienes a su vez deben estudiar y decidir si con­firman la competencia de la jueza penal de Garantías Cynthia Lovera, quien fue recusada por el abogado Emilio Fúster, defensor del imputado Arnaldo Giuzzio.

CHICANAS PARALIZAN PROCESO

Los abogados de cada uno de los imputados han presen­tado hasta la fecha más de una docena de chicanas ante la jueza penal de Garantías, Cynthia Lovera, quien tam­bién está recusada. La acti­tud de los profesionales del derecho denota la intención de no litigar o desvirtuar la imputación, sino más bien de dilatar el proceso penal.

Igualmente, los abogados Osvaldo Granada, defensor de René Fernández; Jorge Rolón Luna, quien ejerce la defensa de Carmen Pereira y Francisco Pereira Cohene; y Enrique Kronaweter, defen­sor de Daniel Alberto Farías, habían presentado inicial­mente una reposición y ape­lación en subsidio contra la determinación adoptada por la jueza Cynthia Lovera. Misma acción efectuaron los letrados Felino Amarilla y Emilio Fúster.

Otro incidente planteado por la gavilla de Abdo Bení­tez guarda relación con el cuadernillo de extracción de datos de la Seprelad. Al respecto, los involucrados en el esquema de filtracio­nes para el garrote político no quieren que esta prueba –que forma parte del acta de imputación– sea aceptada, pese a que la magistrada ya la admitió.

Así también, el abogado Kro­naweter apeló la resolución de la jueza de turno Clara Ruiz Díaz, quien había hecho lugar en el mes de enero a la autorización judicial para la extracción de datos como acto investigativo, mediante la cual la Fiscalía tuvo ele­mentos de convicción para sostener su imputación con­tra el expresidente Mario Abdo Benítez y sus excolabo­radores. Con esta medida, la defensa busca obtener la nuli­dad del acta de imputación.