El juez penal Yoan Paul López solicitó a la Cámara de Senadores el desafuero del legislador Rafael Filizzola (PDP), quien aseguró en entrevista con la 730 AM que él mismo pedirá que se le quiten los fueros para seguir con la causa en que está procesado por lesión de confianza ante un perjuicio de G. 1.131.812.500, en la construcción de 23 comisarías cuando se desempeñó como Ministro del Interior.

Vale recordar que la defensa del ex Secretario de Estado planteó la prescripción de la acción luego de chicanear el proceso por más de 10 años y la jueza Pedrozo le dio curso favorable al pedido. Sin embargo, la Cámara de Apelación integrada por José Agustín Fernández, Bibiana Benítez y Gustavo Ocampos anuló la resolución. Esto fue nuevamente apelado por la defensa, lo cual está pendiente de resolución.

Al parecer del político opositor, este caso es solo un incumplimiento contractural de una empresa y que la irregularidad más bien se daría en la falta de ejecución de la póliza ante la falta de cumplimiento de contrato. Dijo desconocer por qué no concluyeron las obras y se excusó que no puede sindicársele dicha irregularidad porque ocurrió tras dejar el cargo, y además porque los funcionarios serían los responsables, no así la máxima autoridad, que solo autorizó la contratación que se hizo por licitación pública.

En otro momento reiteró que “la causa está sumamente prescripta” y justificó que las chicanas están todas justificadas. Sostuvo que la justicia ya sobreseyó a todos los funcionarios implicados, excepto a él bajo el argumento de que su defensa tuvo una “actuación obstruccionista”, por los reiterados incidentes presentados. “Es un caso disparatado”, intentó justificar sobre la millonaria tragada.

COMISARÍAS DE ORO

Este proceso se inició en el año 2010 cuando el fiscal Luis Piñánez imputó a Rafael Filizzola y a los responsables de la empresa Todo Verde Emprendimientos, perteneciente a Alejandro Apolonio Giménez, fue la empresa adjudicada para hacer refacciones en 24 Comisarías, el mencionado trabajo, por una suma de G. 1.131.812.500, mediante un contrato firmado en fecha 2 de diciembre de 2010.

Las obras iniciaron el 25 de enero del 2011 y según el documento debían concluir en 60 días en 23 comisarías; mientras que en la restante, la comisaría número 19, ubicada en el Barrio Jara, debía concluir en 90 días. El 27 de enero se abonó la totalidad del monto establecido en el contrato. El requerimiento conclusivo del fiscal explica que Filizzola llamó a licitación sin que existiera una necesidad, ni un pedido de los responsables de las áreas afectadas, que avalen la construcción de las mismas, ni un estudio técnico con relevamiento de datos de cada comisaría.

Además, refiere que el ex ministro ordenó el pago teniendo conocimiento de que el plazo para la ejecución de las obras era de 60 y 90 días, y que conforme a la fecha del llamado y del proceso administrativo las obras no estarían terminadas para el último día hábil del período fiscal 2010. Esto ocasionó un perjuicio de G. 408.112.313 según la investigación.

Durante los años de proceso se fueron presentando varios incidentes para dilatar el caso y en el 2016 Rafael Filizzola presentó una acción de inconstitucionalidad y con ayuda de la Corte Suprema de Justicia que cajoneó el caso por más de cinco años, ayudó a que se congele el caso.

Cuando se llegó a la audiencia preliminar se planteó la prescripción de la acción penal y la jueza Pedrozo sobreseyó a todos. Ahora la Cámara anuló esa resolución argumentando que los 5 años, 5 meses y 20 días que el expediente estuvo en la Corte por la inconstitucionalidad planteada por el ex ministro se debe descontar ese lapso por lo que no corresponde dar la prescripción.

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Este mañana se produjo la fuga de un recluso en la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este, en el departamento de Alto Paraná.

Se trata de Alberto Ramón Kaufmann, de 24 años, quien se encontraba recluido en la citada cárcel esteña luego de ser procesado por el hecho punible de robo agravado.

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El joven había logrado trepar la muralla perimetral desde el sector del patio de visitas, tras lo cual decidió saltar al predio de la Dirección de Policía que se encuentra contiguo.

Una vez allí, personal del Grupo Lince de la Policía Nacional se encargó de recapturar al interno del penal, frustrando así su intento de fuga.

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El hecho fue comunicado a la fiscal Olga Melgarejo, mientras que Kaufmann fue devuelto al Pabellón Negro – sector pasillo donde cumplía con su prisión.

Poco después de la medianoche se reportó un tiroteo con resultado fatal en la Compañía San Roque de San Pedro del Paraná, departamento de Itapúa.

Resultaron víctimas de este episodio Magno Gabriel Vera Guerrero (32), quien recibió dos impactos de bala en el pecho, y Alexis José Fernández Venialgo (24), quien acusó un total de siete disparos en diferentes partes del cuerpo.

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Por otro lado, una tercera persona identificada como Derlis Antonio Fernández Venialgo (20), hermano del segundo fallecido, resultó herida tras ser alcanzada por un proyectil a la altura del pecho.

Las víctimas fueron baleadas durante un festejo de 15 años que se realizaba en la comunidad. Según informan medios locales, el incidente se registró luego de que Vera se haya acercado a un hombre -cuya identidad aún no trascendió- para pedirle que dejara de realizar disparos al aire.

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Este pedido provocó el enojo del tirador, quien decidió rematar contra Vera efectuando una serie de disparos contra su humanidad, tras lo cual se dio a la fuga. Ya en medio de su huida, volvió a disparar contra Fernández y su hermano, acabando con la vida del mayor.

La Policía Nacional se encuentra realizando las averiguaciones pertinentes, a fin de confirmar la identidad y dar con el paradero del homicida.

El doctor Martín Alfaro, médico forense de la Fiscalía, confirmó al canal C9N que finalmente no pudieron llevar a cabo la autopsia del hijo de la escribana Carmen Ruiz Díaz.

Tras el levantamiento del cuerpo, el mismo fue trasladado hasta una funeraria local, esto en vista a que no existe una morgue judicial en el departamento de Alto Paraná.

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Debido a la falta de insumos y un lugar adecuado para este tipo de procedimientos, se tuvo que posponer la realización de la autopsia y proceder al traslado del cadáver a la morgue judicial de Asunción, tanto para determinar las causas de muerte como así también para la identificación del niño.

Sobre el último punto, explicó que, debido al estado de descomposición del cadáver, la víctima ya no pudo ser identificada con las huellas dactilares a través del Sistema AFIS, por lo que se recurrirá a una prueba de ADN.

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Alfaro resaltó que ninguna otra zona del país cuenta con una morgue judicial, siendo la única disponible la que se encuentra en el barrio Sajonia de la capital. Alto Paraná -el segundo departamento más poblado del país, después de Central- requiere con urgencia contar con una, afirmó.

“Por lo menos una camilla o una cámara para que se mantenga el cuerpo no existe. No tenemos guantes, tapabocas, funcionarios. En Paraguay faltan por lo menos 60 médicos forenses más para tener uno cada día de la semana en los 16 departamentos”, afirmó.