La rendición de cuentas de un proyecto de “Reacti­vación económica posco­vid revela la repartija de hono­rarios entre el clan de Agustín Carrizosa Gubetich, presi­dente del Centro de Informa­ción y Recursos para el desarro­llo (CIRD), ONG que ejecutó los millonarios fondos que le trans­firió el Estado, a través del Sis­tema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (Sinafo­cal). Entre los privilegiados con­sultores también está el hijo del mediático consultor anticorrup­ción Francisco Darío Alcaraz, precisamente coordinador de “Más ciudadanía, menos corrup­ción”, uno de los proyectos más ruidosos de esta ONG.

El proyecto de reactivación económica poscovid fue lan­zado el año pasado por la entonces ministra de Tra­bajo, Carla Bacigalupo, junto con Alfredo Mongelós, secre­tario técnico de Sinafocal, y el presidente del CIRD.

El objetivo marcado es la “capacitación y fortaleci­miento de mipymes y del Sina­focal, para promover el incre­mento del empleo formal y la posibilidad de que los benefi­ciarios puedan convertirse en profesionales”. Los primeros en asegurar el empleo y reac­tivar su economía fueron los miembros del clan Carrizo­sa-Alcaraz. Según documen­tos de rendiciones de cuentas presentados a la Contraloría General de la República (CGR), el monto del convenio especí­fico transferido al CIRD fue de G. 6.093 millones. Entre los detalles de gastos figuran varios cobros de jornales de G. 4,5 millones de Paola Carri­zosa Bradshaw, hija del presi­dente de la ONG.

Así también, se registran rei­terados cobros de honorarios por “consultorías, asesorías e investigaciones” de María Berta Rojas Aveiro, pareja de Carrizosa, que solo en el pro­yecto poscovid facturó G. 212 millones. Se suma al clan de privilegiados con honorarios por “consultorías, asesorías e investigaciones” Marta María Rojas Aveiro, que es hermana de Berta y, por ende, cuñada del presidente del CIRD, que facturó por G. 109 millones.

El CIRD es una institución que tiene infinidad de conve­nios con diferentes entidades del Estado, administra proyec­tos sociales muy sensibles en el rubro de Salud, gestión pública, trabajo, además de reivindicar la transparencia y el combate a la corrupción con iniciativas de debate que cuestionan la discrecionalidad, el tráfico de influencias del poder político que saca provecho y privilegia a su entorno, etc.

La repartija de sueldos en familia aprovechando un con­venio financiado con dinero público y los negocios de con­sultoría que corren entre los amigos que actúan de con­sultoras satélite de la ONG, empresas a las que también facturan y están vinculadas quienes activan en el CIRD, no condicen con el discurso que pregonan desde la orga­nización. Por ello consultamos a Carrizosa sobre los cobros de jornales y jugosos honora­rios de su familia en el citado proyecto, a lo que respondió: “Familiares míos, quién por ejemplo?

Sobre el caso de su hija, señaló: “Ah sí, Paola, ella es fotógrafa. Pero ella es la única”, pero al consultarle sobre María Berta, dijo: “Ah bueno, ella es la coor­dinadora, sí. Ella es mi pareja, verdad, no es familiar. Bueno, si es familiar. ¿Y después?Ante su pregunta le hicimos refe­rencia sobre los cobros de una cuñada, hermana de María Berta, a lo que respondió: “Ah Marta, sí. Ella es consultora. Sí eso, ¿y después? ¿Eso nomas, verdad?”.

Carlos Francisco Alcaraz, hijo del coordinador de proyecto del CIRD “Más ciudadanía, menos corrupción”, Fran­cisco Darío Alcaraz, figura con varios cobros de jornales.

Sobre el caso, Francisco Alca­raz refirió: “Él es un profesor independiente, no tiene nin­guna limitación para trabajar, el CIRD tiene sus procedimien­tos internos, es una organiza­ción del sector privado”.

Alcaraz sostuvo que su hijo no está contratado en “Más ciuda­danía, menos corrupción”; sin embargo, otra ONG contratada para este proyecto tiene como profesional al joven para reali­zar charlas con dinero recibido para el financiamiento de esta iniciativa.

Por cierto, el consultor anti­corrupción Alcaraz también contrató a la consultora de su contadora Isabel Benítez Espínola en “Más ciudada­nía, menos corrupción” y, a la vez, la mujer figura como su empleadora en el Instituto de Previsión Social (IPS), en condiciones poco claras. “Hay varias modalidades de aporte y una de las modalidades es el aporte voluntario que no constituye ningún delito por­que permite la legislación del IPS. Y yo desde hace muchos años en realidad le brindo ciertos servicios a la licen­ciada Isabel Benítez, es el sector privado, no es público, yo le puedo brindar servicios”, dijo Alcaraz, dejando al descu­bierto las vinculaciones y los negocios de clanes detrás de los proyectos anticorrupción. (Ver infografía).

La acción encarada por la Ande se realizó en el marco de las festividades del 14 y 15 de mayo, con el fin de acompañar todas las actividades previstas en los días de conmemoración del día de la independencia del Paraguay y de las gloriosas madres paraguayas.

Se realizaron las reparaciones necesarias en 116 artefactos de alumbrado público, asegurando así un entorno seguro y adecuadamente iluminado.

Puede interesar: Ministerio Público tilda de “falacia” el reclamo de forense por falta de infraestructura

A su vez, la Policía Nacional prepara un operativo de seguridad para resguardar la seguridad de todas las personas que participarán de los diferentes actos festivos para este 14 y 15 de mayo.

Desde el viceministerio impulsarán alternativas de desplazamientos en caso de que el Centro de Empresarios del Transporte Público del Área Metropolitana (Cetrapam) persista con el paro de buses.

Te puede interesar: Estas son las calles que serán clausuradas en Asunción por las festividades patrias

Este denominado plan de contingencia incluye el apoyo y acompañamiento de instituciones gubernamentales, como el ofrecimiento del sector privado, para garantizar a los ciudadanos el servicio de transporte.

Fernández informó a los representantes de Opama, respecto a la reunión tripartita convocada por el Viceministerio de Trabajo para el próximo 16 de mayo, y las acciones que se llevarán adelante.

Indicó que las conversaciones con las organizaciones civiles son importantes y aportan de manera estratégica en el plan de reforma del sistema de transporte que se prevé impulsar. Además, reiteró que el paro de buses es una medida anacrónica, e insistió que el diálogo es el camino que conducirá a mejorar el servicio público.

“Rechazamos cualquier medida de presión como el paro, y nos mantenemos en eso. Nosotros hemos dicho desde el primer día que nuestra estrategia es el diálogo institucionalizado, lo que significa tratar los puntos en las mesas establecidas”, manifestó.

“Un paso trascendental, luchamos en su momento para que la ley se haga realidad. Hoy estamos haciendo realidad la reglamentación que va a permitir que productos paraguayos, productos que se realizan aquí en el Paraguay, el cemento, pueda ser utilizado para las obras viales, que nos van a permitir también dar, aparte de la mano de obra, una mayor calidad y durabilidad a nuestra red vial”, expresó el presidente Santiago Peña.

Al respecto de la promulgación, la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, manifestó que después siete años hoy finalmente están dando inicio a una transformación de infraestructura, la de pavimento rígido con cemento nacional, marcando un hito importante en el desarrollo del país.

Puede interesar: Diputados piden informes sobre áreas protegidas

Cabe recordar que durante el Seminario Internacional Construcción de Pavimentos de Hormigón organizado por la Asociación Paraguaya de Carreteras (APC), la ministra Centurión había enfatizado la importancia del pavimento rígido, el hormigón, como un elemento fundamental en la ingeniería, destacando su nobleza y su contribución al progreso y desarrollo nacional.

Subrayó el papel crucial que desempeña la utilización de este tipo de pavimento, su impacto en la industria nacional, impulsando el crecimiento económico y la generación de empleo en todo el país.

IMPLEMENTACIÓN

Según el Decreto 1.683/24 “Que establece la utilización de pavimento rígido en los proyectos de obras viales”, a los efectos del cumplimiento gradual de las disposiciones contenidas en el Artículo 2° de la Ley N.º 5841/2017, será considerado “Primer año inicial” al año 2024, “Segundo año” al año 2025, “Tercer año” al año 2026 y “Cuarto año” al año 2027.

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) deberá planear, programar, presupuestar y contratar la construcción de pavimento rígido en un porcentaje del: 15% del total de las obras viales programadas para el año 2024; 20% del total de las obras viales programadas para el año 2025; 25% del total de las obras viales programadas para el año 2026; 30% del total de las obras viales programadas para el año 2027 y subsiguientes, según reza el artículo 3 de la normativa.