La concurrencia, aquel día, de la ministra Cecilia Pérez al penal mayor, festejada en su momento como una “solución exitosa”, en los hechos fue la coronación de Armando Javier Rotela como el “dueño” de Tacumbú.

Cinco días después del motín, la ministra Pérez designó a Rodolfo Julián Bernadet como nuevo director de la Penitenciaría, en reemplazo de Domingo Antonio Anarilla, con la anuencia de “La Jungla”.

La otra imposición de Rotela, entonces, fue el no traslado de reos que responden a su facción. La razón obvia es que necesitaba la totalidad de sus ‘soldados’ para ampliar su poder.

La debilidad (y complicidad de muchos funcionarios del anterior gobierno), fueron combustible para que Rotela expanda su plan de dominio en las cárceles.

Ese afán expansionista derivó en una masacre el 16 de junio del 2019, cuando en la cárcel de San Pedro, el PCC y “La Jungla” se enfrentaron, generando la muerte (varios de ellos decapitados) de 10 reclusos.

La situación penitenciaria, por esos días, ya escapó totalmente de las manos del gobierno de Mario Abdo Benítez. El Estado quedó ausente en los reclusorios.

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El sangriento episodio, significó concesiones a ambos carteles mafiosos.

La “negociación” del gobierno para abordar el volcán penitenciario, terminó en la potenciación de las pandillas.

Así, el clan Rotela quedó con la hegemonía de Tacumbú, en tanto, el PCC impera en las cárceles de Pedro Juan Caballero, Ciudad del Este y el de Itapúa. En Emboscada, Misiones y Coronel Oviedo, “acordaron” una cohabitación. El volcán entraba en erupción.

La ex ministra Cecilia Pérez posa con la General Laura J. Richardson del Comando Sur de EE UU, foto compartida en las redes de la exfuncionaria, en donde se jacta de su “liderazgo”.

EL EFECTO TACUMBU

Tras el aplastamiento del clan Rotela dentro de la cárcel de Tacumbú, desde el gobierno sostienen que, el hecho es apenas el comienzo de un plan para sanear el sistema de elementos mafiosos, y que, eso implica ir a las raíces del problema, que, entre otros factores, tiene a la complicidad de funcionarios, como base fundamental de la mafia carcelaria.

“Vamos a iniciar un proceso de profundización, quiénes han sido los encubridores del Clan Rotela durante tantos años”, dijo a GEN el ministro de Justicia, Ángel Ramón Barchini.

El mismo apuntó que, la corrupción minó los fundamentos del sistema penitenciario, y que la tarea que queda ahora, es enfrentar todos los problemas que se plantean, y que son numerosos.

Hasta hace poco, apuntó Barchini, el cargo de director de cárcel se convirtió en un puesto muy apetecido. Y esto, en razón de que desde ese puesto, las “negociaciones” con mafiosos, representa millonarias propinas, por hacer y dejar hacer ilícitos desde los penales.

El crecimiento de Rotela, que opera desde la cárcel, escupe algunos hechos de terror: 90.000 adictos al crack y otras drogas en Asunción y Central. Así también la conversión de barrios enteros, como el de Santa Ana y otros del Bañado Sur capitalino, en territorios en donde familias (principalmente niños y adolescentes, por inimputables) se dedican al microtráfico (previa adicción de menores). A ellos se suman los casos de sicariatos que azotan periódicamente Asunciòlón y el área Metropolitana. Y todo como fruto de la “negociación” con bandas criminales.

El presidente de la República, Santiago Peña, recibió hoy a los intendentes de Cordillera, uno de los departamentos en donde comenzará a regir el programa de Universalización de la Alimentación Escolar.

“Nosotros estamos identificando que el programa Hambre Cero en las escuelas, cuanto menos, va a generar 60.000 empleos a nivel nacional y esto es un número grande”, destacó Peña, durante su intervención.

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Este número, de concretarse, representaría más del 10 % de su meta de campaña, sobre la creación de 500.000 empleos en cinco años.

Para el mandatario son tres los grandes ejes que traerá el proyecto: la nutrición de calidad para los niños, las fuentes de trabajo y la garantía de mercado para los productores frutihortícolas.

La labor que cumplan los intendentes será fundamental, pues, a criterio de Peña, gran parte de las ausencias del estado son cubiertas por las gestiones de las municipalidades.

Peña cree que, de mantenerse abierto el canal de comunicación entre municipios y el Ejecutivo, los resultados serán mucho más efectivos.

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La agenda se reactivo tras el viaje tierra colombiana que realizaron fiscales paraguayos para recabar información que cuenta el ministerio público de ambos países, tras la condena de los sicarios que perpetraron el magnicidio.

La reunión binacional de fiscalías se hará con el trasfondo del episodio dado a conocer días atrás, en el que se mencionaba la intención de la DEA norteamericana, de extraditar a los condenados en torno al caso.

Esa posibilidad se afianzó después de declaraciones de referentes del poder Judicial de Colombia, que señalaron como factible la extradición.

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Estados Unidos habla adelantado su intención de esclarecer a los autores morales del crimen de Pecci. Eso al punto en que ofreció una recompensa de USD 5 millones, por datos que lleven al que ordenó y pago la muerte del fiscal antimafia.

Según publicaciones de la prensa colombiana, el interés de EEUU en el aso Pecci, tendría relación con la supuesta colaboración que tenía el asesinado funcionario paraguayo con Estados Unidos, en la pesquisa en torno a grupos terroristas que operan en la Triple Frontera. Esto explicaría la intención norteamericana de llegar al fondo del asunto.

Desde la cartera estatal señalan que este progreso está acercando cada vez más el sueño de más de 30.000 compatriotas que residen en dicha región del país.

El ingeniero Miguel Martínez, jefe de obra de la contratista WHEEL.CO S.A., destacó la importancia económica de la zona, principalmente enfocada en la agricultura y la ganadería. “En este sector se cultiva mucha mandioca, hay producción lechera y también ganadera. Es un área en pleno desarrollo”, señaló el profesional.

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El trayecto, cuyas obras de pavimentación asfáltica están en pleno desarrollo, parte desde la ciudad de Maracaná, pasando por numerosas comunidades productivas del departamento de Canindeyú hasta llegar al barrio San Pedro, ya dentro del segundo departamento del país.

CARACTERÍSTICA DE LA OBRAS

La calzada contará con un ancho de 7 metros y una carpeta asfáltica de 5 cm de grosor, mientras que las banquinas tendrán 1,5 metros a cada lado, compuestas por una capa de asfalto de 3 cm.

Además, el proyecto prevé la instalación de señalización vertical y horizontal, tachas y tachones reflectivos, barandas de defensa metálicas, cordón cuneta, empastado, así como la construcción de 2 nuevos puentes de hormigón armado.

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La constructora encargada es WHEEL.CO S.A., que tiene un plazo de ejecución de 18 meses para concluir la obra, mientras que la fiscalización corre a cargo de la consultora Guaraní S.A.

Todo esto demandará una inversión de G. 54.875.917.365, financiada por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y el Banco de Desarrollo (Fonplata).