En entrevista con la periodista Mina Feliciángeli de la 1080 AM, la abogada Cecilia Pérez, quedó en “offside” al no poder responder sobre lo realizado por Mauricio Espínola, quien se encuentra bajo proceso judicial al filtrar datos reservados de Santiago Peña, cuando éste ni siquiera era todavía candidato a la Presidencia.

Pérez fue consultada sobre la ilegalidad de la publicación realizada por Espínola, sin embargo dijo que en este caso le corresponde hablar como abogada y no en otra condición.

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“Son conceptos técnicos y con un contenido jurídicamente importante”, esgrimió la abogada.

Lo que se atribuye a Espínola es la filtración de datos confidenciales de Santiago Peña, publicados por Espínola en sus redes sociales. Todo esto se habría dado con el único fin de perjudicar su imagen en medio de la contienda electoral.

Mauricio Espínola, exsecretario de Mario Abdo Benítez, se encuentra imputado por revelación de secretos de servicio (Art. 315 del CP), revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial (Art. 148 del CP), inducción a un subordinado a cometer un hecho punible (art. 318 del CP), denuncia falsa (Art. 289 del CP), simulación de un hecho punible (Art. 291 del CP), usurpación de funciones públicas (Art. 241 del CP) y asociación criminal (Art. 239 del CP).

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Al respecto, la Cámara de Diputados ya recibió el pedido de desafuero de Mauricio Espínola, quien no se opondría (tampoco tiene capacidad de hacerlo) y que enfrentaría a la justicia como corresponde.

La apacible localidad de Tava’i en la tarde de ayer se vio conmocionada por un violento ataque a tiros que dejó como saldo dos fallecidos y cuatro heridos.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Justo Pastor Bogado Ortigoza, de 29 años, y Julio César Ortega Servián, de 26 años, este último uno de los sicarios que perpetró el atentado.

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En las últimas horas trascendió la información de que Ortega -oriundo del distrito de Yby Pytá, Canindeyú- formaba parte del primer anillo del peligroso criminal Felipe Santiago Acosta Riveros.

Este sujeto había sido identificado como parte de la estructura liderada por alias “Macho”, de acuerdo a un organigrama divulgado tiempo atrás por el Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI). En este caso, sería uno de sus hombres de confianza, a cargo de su seguridad.

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El Crio. Blas Fernández, subjefe del Departamento de Investigaciones de Caazapá, no descartó una eventual implicancia del peligroso criminal en este episodio catalogado como “sicariato”, más aún considerando la relación de cercanía que tuvo con el fallecido.

Datos de inteligencia sindican como el supuesto blanco del ataque a Julio César Sanabria Torales, alias “Julito”, de 35 años, quien es una de las cuatro personas que resultaron heridas de bala.

En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el Observatorio del Ministerio Público expuso un pormenorizado informe que revela la compleja situación de vulnerabilidad social y penal que atraviesan los pueblos originarios en Paraguay.

Dicho reporte expone desde la prevalencia de delitos graves hasta las barreras de discriminación que sufren al migrar a las zonas urbanas.

Entre los hechos punibles de mayor frecuencia registrados en las comunidades figuran la violencia familiar, la lesión, las amenazas, el homicidio doloso y el abuso sexual en niños. A esta lista se suman la coacción, el estupro, los delitos ambientales (Ley N.º 716/96) y el hurto agravado, siendo los días sábado, domingo y lunes los de mayor concentración de denuncias.

Los departamentos más sensibles

El análisis territorial identifica siete departamentos como las zonas más críticas por la frecuencia de causas investigadas:

• Canindeyú
• Caaguazú
• Amambay
• Concepción
• Alto Paraná
• Boquerón
• San Pedro

Según la Fiscalía, el avance del crimen organizado en estas regiones, sumado al flagelo del embarazo precoz y la violencia familiar, genera un impacto destructivo en el tejido social indígena. A esto se suma la migración hacia las ciudades, un fenómeno que expone a los nativos a la exclusión social, la pérdida de su identidad étnica y la falta de contención de sus líderes y familias extendidas.

El proceso penal: Entre la ley nacional y el derecho consuetudinario

Frente a la comisión de un delito, el sistema judicial paraguayo aplica un régimen diferenciado respaldado por la Constitución Nacional (Arts. 62 al 65) y el Convenio 169 de la OIT. Este marco reconoce la coexistencia del derecho estatal con el derecho consuetudinario indígena, siempre que no se vulneren los derechos humanos fundamentales.

El protocolo de intervención del Ministerio Público ante denuncias en comunidades sigue cuatro pasos clave:

1. Notificación inmediata: La Oficina de Denuncias Penales comunica el caso al fiscal de turno y a la Dirección de Derechos Étnicos.
2. Designación técnica: Se asigna un consultor técnico y un equipo especializado que se traslada hasta la comunidad para recabar datos e informar al líder comunitario.
3. Abordaje en el territorio: En casos de abuso sexual o violencia familiar, una psicóloga atiende a la víctima dentro de su propia comunidad para evitar traslados costosos. El líder aconseja si corresponde aplicar la justicia ordinaria o las normas consuetudinarias.
4. Dictamen jurídico-antropológico: Se elabora un informe con recomendaciones al fiscal sobre la ley aplicable, medidas de protección y posibles salidas al conflicto.

Justicia plural y diversidad cultural

El Código Procesal Penal (en sus artículos 26, 380 y 432) habilita la posibilidad de extinguir la acción penal si el conflicto fue resuelto satisfactoriamente según el derecho consuetudinario de la comunidad y con el acuerdo de las partes, previa verificación del juez.

“La configuración del delito no posee un carácter universal, sino que depende del contexto cultural. Determinadas conductas consideradas punibles por el derecho positivo pueden no serlo dentro de una comunidad indígena, y viceversa”, explicó la abogada Viviana Benítez, del equipo técnico de la Dirección de Planificación de la Fiscalía.

Esta convivencia entre el derecho estatal y las costumbres ancestrales busca garantizar que la aplicación de la justicia no despoje a los pueblos originarios de su identidad, priorizando la reparación del daño y el respeto a la diversidad cultural en todo el proceso penal.

En la noche del sábado se registró un accidente de tránsito con derivación fatal a la altura del Km 70 de la Ruta PY03, en la ciudad de Arroyos y Esteros, departamento de Cordillera.

Se vieron involucrados en el percance un automóvil de la marca Toyota modelo Vitz, a bordo del cual viajaban Sheyla Jazmín Rodríguez Duarte (25) y Delia Calonga Roble (26), y dos camiones semirremolque.

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El vehículo acabó colisionando de forma violenta contra estos camiones, luego de que su conductora aparentemente intentara realizar una maniobra de adelantamiento, de acuerdo a reportes de medios locales.

Los datos indican que el rodado habría intentado adelantarse por la izquierda y, al tratar de retomar su carril, impactó contra estos vehículos de gran porte que circulaban en sentido contrario.

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Ambas jóvenes, quienes son oriundas de la ciudad de Pedro Juan Caballero, fallecieron de manera instantánea a causa de la aparatosidad del choque y la gravedad de las heridas sufridas.

Los transportistas involucrados resultaron ilesos tras el siniestro vial. Por protocolo, ambos fueron sometidos a la prueba de alcotest y arrojaron un resultado negativo, de acuerdo al informe de la Comisaría 3ª de Arroyos y Esteros.