Un sueño largamente anhelado por los pobladores del departamento de Concepción está encaminado a hacerse realidad luego de tanta espera.

Durante su visita a dicha zona del país, el presidente Santiago Peña expresó su preocupación a la gobernadora Liz Meza por el estado actual del tramo Concepción-Pozo Colorado.

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Cabe recordar que la construcción de la ruta había quedado inconclusa luego de detectarse irregularidades en la obra, lo cual derivó en la rescisión del contrato con la firma B&B S.A.

Durante la charla mantenida entre ambos, el jefe de Estado confirmó a la jefa departamental que Concepción-Pozo Colorado será la primera ruta en ser pavimentada con cemento, destaca la publicación de Concepción al Día.

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Meza manifestó, de acuerdo a lo informado por el presidente de la República, una vez concluido el proceso de rescisión del contrato, se convocará a una nueva licitación para llevar a cabo el pavimentado con cemento de dicho tramo de la Ruta PY05.

Esta medida busca dar una solución definitiva a los problemas existentes en esta importante obra que será de gran beneficio para quienes circulen por este tramo.

La fiscal Zunilda Ocampos Marín abrió un proceso contra la propietaria de una recicladora de la ciudad de Santa Fe del Paraná. Se trata de Ana Liz Miranda de Carvalho (55), de nacionalidad brasileña, quien enfrenta cargos por procesamiento ilícito de desechos y por eludir obligaciones de medidas de mitigación de impacto ambiental.

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De acuerdo con la investigación, se sospecha que la extranjera, en su calidad de representante legal y proponente del proyecto RESIPAR S.A, habría eludido obligaciones legales referentes a medidas de mitigación de impacto hacia el medio ambiente, la salud y la integridad física de las personas. Esto estaría relacionado con un proyecto de reciclaje de envases vacíos de agroquímicos desarrollado en un inmueble de la localidad de Santa Fe del Paraná, el cual habría incumplido varias medidas ambientales exigidas por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES).

Según el informe técnico presentado por el perito ambiental del Ministerio Público, Lic. Derlis Álvarez Ojeda, se pudo detectar que los envases vacíos de agroquímicos que la empresa adquiría se almacenaban a cielo abierto a la intemperie, incumpliendo de esa forma con las medidas de almacenamiento establecidas en la licencia ambiental. Además, no se encontraron pisos impermeabilizados en el depósito de la empresa, como requería el plan de gestión ambiental aprobado.

La imputada, al haber firmado bajo declaración jurada la obligación de cumplir con las acciones de mitigación de impacto impuestas en la licencia ambiental, se comprometía a dar cumplimiento con esas responsabilidades. Sin embargo, según los informes técnicos, eludió dichas obligaciones, incurriendo en los delitos establecidos en la ley especial 716/96 de Medio Ambiente y normas del Código Penal.

Por lo que la fiscal Zunilda Ocampos decidió presentar el acta de imputación contra la presunta responsable, quien deberá ejercer su defensa bajo el control jurisdiccional.

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En el marco de las investigaciones de filtraciones en la Seprelad y uso del aparato estatal para fines políticos, el defensor Felino Amarilla recurrió a un recurso para delatar la continuidad del proceso.

La denuncia presentada por Amarilla señala que, al revisar el sistema informático de la Corte con su usuario asignado, se percató de que el Ministerio Público contestó el pedido de informe que solicitó la Sala Penal de la corte sobre la acumulación de dos denuncias contra el diputado Mauricio Espínola en fecha 30 de mayo, pero presuntamente se fechó el 31 de mayo.

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Sin embargo, la Fiscalía contestó el pedido de informe ya el 21 de mayo, no el 30 ni el 31 como lo sostiene Amarilla, quien, de esta manera se contradice en su argumento de adulteración del sistema, según informó el periodista de Nación Media, Aldo Ynsfrán.

Pese a estar en conocimiento de ello, Amarilla persiste en su denuncia, y, con ello, solamente lograr dilatar el proceso y tener más tiempo para preparar su defensa.

La Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado, conforma el equipo de agentes fiscales encargados de investigar al exmandatario Mario Abdo Benítez y otros ocho altos funcionarios de su administración en la causa que investiga la denuncia por persecución política durante su gobierno con el uso de las instituciones públicas como garrote político.

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El comandante en jefe, Santiago Peña dispuso el relevo del comandante de la Armada, Silvio Vargas Méndez y designó en su reemplazo al vicealmirante Lucio Benítez.

Además, nombró a Christian José Rotela Valdez como jefe interino de Estado Mayor del Comando de la Armada; a Albino Bogarín Flor como prefecto General Naval y a Walter Fernando Díaz Aguilera como el comandante de Infantería.

El ministro de Defensa, Óscar González, dijo que no existió ningún escándalo, caso específico o irregularidad que haya motivado a realizar estos cambios, sin embargo, sí una exigencia

“De entrada se nos dijo a todos que seríamos evaluados permanentemente. Esta primera evaluación arroja este resultado que no satisfizo”, explicó el secretario de Estado, en un contacto con a 730 AM.

La atribución de la Armada en cuanto a controles se encuentra en cauces de aguas, ríos, lagos, donde, aparentemente no se logró cubrir las expectativas del presidente Peña.

En recientes declaraciones, Santiago Peña pidió no dramatizar los cambios y anunció que, decisiones como estas, serán una constante en su Gobierno porque todos están bajo constante evaluación, pero que esto no debe asustar ni preocupar a nadie.

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Antes de lo resuelto en la Armada, el último cambio dispuesto por Peña fue el lunes en el INDI (Instituto Nacional del Indígena), donde removió a Marlene Ocampos y en su lugar designó al General de División en Situación de Retiro, Juan Ramón Benegas.

Otra modificación fue la del Ministerio de Justicia, donde Ángel Ramón Barchini pidió dejar el cargo y fue reemplazado por Rodrigo Nicora.

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Un anterior fue en el Viceministerio de Transporte, donde asumió Emiliano R. Fernández en vez de Guido Benza. En esta cartera está pendiente la resolución del conflicto sobre el paro anunciado por Cetrapam para el martes, miércoles y jueves.