A través de una nota, el Ministerio del Trabajo propone al IPS un estudio de factibilidad de un pago excepcional superior al 50 % del salario mínimo en diciembre a los que tienen contratos suspendidos, como una medida paliativa a la falta de cobro de aguinaldo.

Si bien la cifra viene en descenso, actualmente son 30.000 personas las que continúan suspendidas y que por lo tanto no contarán con ese decimotercer salario que estimaban.

El 25 de septiembre pasado el IPS realizó el quinto paso de compensación económica a los trabajadores suspendidos. El sexto ya está anunciado entre el 20 al 25 de octubre; el séptimo para noviembre y el octavo en diciembre, pero ya en concepto de aguinaldo.

Los cobros se efectivizan a través del Banco Nacional de Fomento (BNF) y mediante las tarjetas de débito con las que habitualmente los empleados perciben sus salarios.

El gerente de prestaciones económicas del IPS, Pedro Halley, confirmó días atrás que de hecho ya se baraja la posibilidad de absober una parte del aguinaldo.

El agente fiscal Orlando Quintana formuló imputación contra el suboficial de la Policía, Fernándo Llamas Ríos (29), quién sería responsable en la comisión de los hechos punibles de asociación Criminal, y frustración de la persecución y ejecución penal.

Según la denuncia, el suboficial estaría directamente vinculado al grupo criminal encargado de perpetrar el robo a la asociación de cambistas de Ciudad del Este, ocurrido el pasado mes de febrero.

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La Fiscalía estima que al menos 15 hombres participaron de manera directa en la sustracción del dinero de los cambistas en Ciudad del Este.

El acceso a la bóveda de los cambistas de Ciudad del Este era potestad exclusiva de los que estaban registrados como socios y depositantes. El plano visual externo del recinto, por lógica, fue proveído por alguien que conocía a la perfección la disposición de las cajas.

“Es llamativo que sean (los puertos privados) los que han sido los sitios por donde se llevaron a cabo los más grandes envíos, durante el gobierno pasado. Deben ser objeto de investigación profunda”, dijo Martínez en comunicación con la 1020 AM.

Apuntó que la vista gorda aplicada por organismos de la administración anterior, como los casos de la Senad y del ministerio del Interior en la era de Arnaldo Giuzzio, fueron fundamentales para que el tráfico de drogas se afianzara en el país.

Martínez aludió luego al asesinato del empresario Mauricio Schwartzmann, como un punto de pesquisa necesaria para desvelar la trama del narcotráfico ligada al crimen del exfiscal Marcelo Pecci. “Si resuelven el caso Schwartzmann, estoy seguro que van a llegar al fondo de la cuestión (magnicidio)”, acotó.

Remarcó que el ámbito portuario manejaba la información de que el empresario asesinado era un “gerente de grupos narcotraficantes”, y que detectaron que el mismo era informante de la DEA, y que por eso lo habrían sentenciado a muerte.

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Esto a partir de detalles y líneas de investigación abiertos a la Policía, y que van cobrando forma. El hecho que llevó a denuncias contra la mujer fue la sextorsión. Queda por desvelar si su ‘coartada’ de que hackearon su cuenta para cometer los aprietes, es real o ficticia.

De momento, Duré Meaurio (alias Vicky) se encuentra con prisión domiciliaria por disposición de la Fiscalía.

Otro hecho existente respecto a las denuncias contra Virginia, es que casi todas fueron hechas por sus colegas ‘modelos’ que trabajaban para ella, que conseguía y proveía clientes para servicios de compañía íntima.

Filtraciones de la pesquisa fiscal-policial, consignan que las señoritas de compañía, mantenían relaciones sexuales con hombres, la mayoría de los ámbitos empresarial, futbolístico y político. Y que a la par de los actos en sí, se generaban filmaciones de estos (supuestamente sin conocimiento de las chicas), las cuales se utilizaban para extorsionar.

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Aparentemente el hecho de que sean las damas de compañía las que hicieron las denuncias contra Vicky, obedezca al hecho de que los varones contratantes, sujetos de la extorsión, se muestran renuentes a entrar a una disputa judicial abierta que necesariamente verá la luz pública, si llega a juicio. Se presume que muchas de las víctimas, varones, pagaron lo que les exigían para la no divulgación de los videos.

El seguimiento de tema en cuestión, en lo que a evolución de la pesquisa se refiere, develará más detalles de lo que se le acusa a alias Vicky.

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