González Macchi: “Acta de imputación no puede ser discutida”

La causa penal donde están procesados el expresidente de la República Mario Abdo Benítez y otros exmiembros de su gabinete, actualmente paralizada a nivel judicial, enfrenta una intensa campaña de sabotaje por parte de los medios afines al exmandatario y enfocados en su defensa. El renombrado doctor en derecho y catedrático penalista José Ignacio González Macchi comparte en esta entrevista con Nación Media su visión respecto de algunos aspectos relevantes que se discuten sobre el caso.

  • Por Cinthia Mora
  • Periodista

-En el acta de imputa­ción contra Mario Abdo y otros se describen hechos pun­tuales, por ejemplo, el montaje de una oficina paralela para investigar a enemigos políticos. Los fiscales exponen 42 ele­mentos que sostienen la imputación. ¿Por qué es importante que la Fisca­lía pueda avanzar en esta causa?

–En primer lugar, debo advertir que no estoy en conocimiento acabado de los términos de la imputa­ción sobre este caso, más allá de lo que se observa y escucha en los medios, que de por sí hay muchos criterios diferentes de opiniones y comentarios, según sea el sector polí­tico que la empresa mediá­tica defiende o empatiza. Ahora bien, generalizando, respecto a cualquier impu­tación debe asumirse que existe un cúmulo de infor­mación relevada por el medio que sea, y que fue considerada para la toma de decisión de iniciar un proceso penal en contra de una o varias personas, sobre un hecho o conjunto de hechos que prima facie son considerados delicti­vos. En el proceso penal paraguayo, estructurado sobre la doctrina de un sis­tema acusatorio moderado o mixto, el acta de imputa­ción no puede ser discutida. No opera en esta parte del procedimiento la doctrina de “igualdad de armas pro­cesales” que, de hecho, no es un criterio abso­luto. Hay actos proce­sales que son propios de una de las partes, en la que el control bilateral o adversarial no tiene con­trapesos, como es el caso de una imputación. Es por ello que, una vez instada la imputación, el Ministerio Público hace uso de la obli­gación que le es impuesta por el Art. 18 del CPP, en congruencia con normati­vas propias de su ley orgá­nica; y el imputado no tiene un “botón” de salida pro­cesal que pueda activar en contra. Al respecto, existe una sola jurisprudencia –al menos que yo conozca– en la que la Corte Suprema de Justicia en un caso parti­cular anuló todos los trá­mites procesales que se dieron con posterioridad a la imputación, e incluso la imputación misma. En aquel caso, hay que adver­tir que la imputa­ción tenía serias falencias que convertían al acto en inhábil para sostener un proceso penal contra una persona, pues pretendía procesar a la persona impu­tada con base en dos códigos penales, el de 1914 y el de 1998, lo que a todas luces era absolutamente incongruente. Dicho esto, también debemos adver­tir que la decisión de la Corte se tomó en un caso que, como decimos los abogados litigan­tes, tenía nombre y apellido. Es decir, en otra situación similar o hasta análoga, la Corte no habría resuelto lo que deci­dió en aquella oportunidad.

–¿Por qué la filtración de información confiden­cial que poseen las ins­tituciones del Estado es delito?

–A ver, no toda informa­ción confidencial reca­bada por un ente público es absolutamente reser­vada, y no toda filtración de una información con­fidencial de un ente esta­tal es delito. Tanto la con­fidencialidad y su grado como la ilicitud de la filtración de la informa­ción reservada dependen de varios factores. En pri­mer lugar, se debe analizar la ley orgánica del ente o sus estatutos fundaciona­les. Allí debe constar qué clase de información debe ser considerada reservada o confidencial, y la forma o medio de difundir, remi­tir o utilizar esa informa­ción en situaciones que la ley exige así sea. En el caso específico de las fil­traciones de informes de la Seprelad se debe estudiar las normativas aplicables. Así, la Ley n.º 1015/97, y en particular el artículo 32, es atinente. De la lectura de la norma se desprende que: a) existe un deber de secreto profesional; b) que es obligatorio para funcionarios de la Sepre­lad; c) respecto a toda información de carácter reservado; y d) su incum­plimiento importa responsabilidad legal. Lo que nos lleva a otro artículo legal. Por el artículo 86 de la Ley n.º 861/96, se establece el secreto bancario que incumbe a las entidades del sistema financiero (sus órganos directi­vos y funcionarios) de no suministrar infor­mación alguna sobre las operaciones de los clientes de las enti­dades financieras, salvo autorización expresa del cliente. No obstante, se debe advertir que dicha regla fue parcial­mente modificada en cuanto a permi­tir que las entida­des financieras puedan divulgar información de sus clientes, cuando algunos entes públicos lo requieran fun­dadamente. Así, entre los entes que pueden acceder a esta clase de informaciones, se encuentra la Seprelad, entre otras. Pero eso no significa que tales infor­maciones dejaron de cons­tituirse en secreto banca­rio. Por tanto, volvemos al momento de la discu­sión sobre si las filtracio­nes de información sobre clientes del sistema finan­ciero paraguayo que haya llegado oficialmente (o de otra manera) a la Sepre­lad pueda ser calificada como delictiva. Lo que nos remite al estudio del Art. 147 del Código Penal, en su inciso 1.º, numeral 2 que sanciona con pena privativa de libertad o multa a quien revelara un secreto ajeno, … res­pecto del cual le incumbe por ley la obligación de guardar secreto. En dicho artículo, en el inciso 5.º se define, por otro lado, lo que debe entenderse como secreto, a cualquier hecho, dato o conocimiento, … 2) respecto de los cuales por ley debe guardarse silen­cio. Así mismo, el Art. 148 del Código Penal agrava la pena de la revelación de secretos privados por fun­cionarios o personas con obligación especial, que sería aplicable al caso.

–El argumento del cam­bio de carátula de nomi­nado a innominado, ¿es un acto violatorio del derecho a la defensa como plantean los abo­gados defensores?

–Repito, desconozco el caso en particular, por lo que no puedo aseverar posturas al caso concreto. No obstante, en términos generales, la forma en la que los agen­tes del Ministerio Público caratulan la carpeta fiscal durante el periodo de inves­tigación no causa agravio alguno hasta que exista una imputación formal, o una citación a indagato­ria. Sin embargo, sí puede esgrimirse alguna proyec­ción a la violación al dere­cho a la defensa, cuando un abogado se presenta ante la Fiscalía que ha abierto una investigación fiscal en representación de alguna persona física o jurídica que reclame tener derechos a conocer los términos de la investigación abierta, y no accede a la información existente. No obstante, la Fiscalía puede negarse a dar información respecto de lo obrante en la carpeta, siempre y cuando en ella no se describa alguna referen­cia respecto a un hecho ilí­cito en el cual pudiera estar involucrado el poderdante. Recién podrá hablarse de afectación al derecho a la defensa si se diera un acto procesal defectuoso, luego de una indagatoria o de una imputación formalizada.

–El hecho de no haber notificado a los imputa­dos que estaban siendo investigados en plena etapa preparatoria, ¿es violatorio del derecho a la defensa?

–El Código Procesal Penal denomina imputado a la persona a quien se señale como participante de un hecho punible, en especial, en el acta de impu­tación (Art. 74). Por otra parte, la praxis proce­sal también lleva a consi­derar imputado a la per­sona citada a declarar en carácter de indagatoria, aunque no que exista acta de imputación en su con­tra. El artículo siguiente establece los derechos del imputado, en particular sin desconocer otros que están regulados en otros artículos del código pro cesal penal. Sin imputa­ción, o sin citación a inda­gatoria, no existe norma que obligue a notificar a alguien que está siendo investigado.

-En el caso que los supuestos chats de una conversación entre el abogado denunciante y el fiscal de la causa fue­ran reales, ¿invalida de alguna manera el acta de imputación?

–Insisto, solamente conozco algunos pormeno­res del caso a través de los medios de prensa. Ahora bien, negar la praxis de que los abogados nos comuni­camos con fiscales, jueces, camaristas, miembros de la Corte e incluso con nues­tros colegas de la contra­parte por medios telefóni­cos sería irreal. De ahí a que del contexto de las comuni­caciones sean consideradas antiéticas o, incluso, peti­cionando o requiriendo alguna ilicitud, eso ya generaría efectos al respecto. A mí parecer, tales situa­ciones serían absoluta­mente independientes de las actividades procesales plasmadas por los órganos judiciales o fiscales intervinientes, que podrían ser materia de incidentes o excepciones, exclusiva­mente en cuanto a aquellas facultadas en la ley proce­sal. A tu pregunta, salvo el caso mencionado con ante­rioridad como jurispruden­cia de la CSJ, mi respuesta es que esas situaciones no pueden invalidar el acta de imputación. Me remito a un caso particular, en el cual no se hizo lugar a la pretensión de mi defensa res­pecto a la nulidad del acta.

JOSÉ I. GONZÁLEZ
MACCHI.JOSÉ I. GONZÁLEZ MACCHI.


JOSÉ IGNACIO GONZÁLEZ MACCHI,

DOCTOR EN DERECHO PENAL

“En el proceso penal paraguayo, estructurado sobre la doctrina de un sistema acusatorio moderado o mixto, el acta de imputación no puede ser discutida. No opera en esta parte del procedimiento la doctrina de “igualdad de armas procesales” que, de hecho, no es un criterio absoluto”

“Por mi experiencia profesional sé que hay funcionarios que prevarican, y eso no significa que la institución no sirva, o no funcione. La Seprelad es una institución necesaria, así como lo es el Ministerio Público. De ahí a que sus órganos funcionales se comporten conforme a la ley es otra cuestión”

Territorialidad en caso Pecci: Colombia y Paraguay se distribuirán tareas

El principio internacional de territorialidad exige que los hechos sean investigados dentro de su jurisdicción. Sin embargo, en el asesinato de Marcelo Pecci, Colombia y Paraguay, a través de un acuerdo de cooperación, se distribuirán las competencias.

El fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, mantuvo una reunión de tres horas con su homóloga de Colombia, respecto al equipo conjunto conformado para la investigación del asesinato de Marcelo Pecci.

El encuentro se dio, luego de la aceptación colombiana a la propuesta paraguaya de trabajar entre ambos países en la búsqueda de los autores intelectuales del magnicidio.

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Respecto a la territorialidad, Doldán reconoció que es un asunto bastante complejo en derecho penal, pero que el instrumento de cooperación técnica permitirá desatar ese nudo.

El equipo conjunto de investigación como una de sus aristas tiene la pauta para fijar la jurisdicción, la distribución de jurisdicción y competencia”, respondió el fiscal Doldán.

También explicó que este procedimiento se ejecuta en base a normas de las Naciones Unidas y no precisamente a un Estado.

El principio de territorialidad exige que los hechos punibles sean investigados dentro de su jurisdicción, pero existen aristas que propician la investigación extraterritorial y penal y eso es lo que vamos a pautar”,confirmó.

En cuanto a la publicación del medio colombiano Semana, que dice haber accedido a la investigación de la autoría intelectual y habla de una alianza entre tres narcotraficantes, Doldán sostuvo que el dato se desprende de las declaraciones de Francisco Correa Galeano, pero que la Fiscalía no puede confirmar ni descartar nada.

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No lo predijo: detienen a tarotista por vaciamiento de cuentas

La Policía Nacional y la Fiscalía detuvieron este miércoles al parapsicólogo Diego Parra por supuestamente estar involucrado en un esquema de vaciamiento de cuentas bancarias.

La vivienda el reconocido tarotista colombiano “Maestro” Diego Parra, ubicada en la ciudad de Ñemby, fue allanada en la mañana de este miércoles por una comitiva fiscal-policial, en el marco de una investigación por estafa y lavado de dinero a través del supuesto vaciamiento de cuentas bancarias.

Parra, quien se dedica a resolver problemas amorosos y leer las cartas, estaría involucrado -junto con su pareja Karina de Parra- en la sustracción bancaria de unos G. 1.800 millones, realizada entre los años 2020 y 2024.

El esquema estaría liderado por la exfuncionaria de una entidad financiera, identificada como Milca López González (detenida), quien era Ejecutiva de Cuentas y supuestamente accedía a los datos de los clientes que figuraban en su cartera. De acuerdo con los intervinientes, la trabajadora activaba tarjetas a nombres de sus víctimas y comenzaba a mover dinero, aumentando la línea de crédito. Supuestamente, para sacar el dinero de los clientes, la mujer utilizaba el aparato POS del tarotista Parra, haciendo figurar que la sustracción era por pago de servicios.

Siempre conforme con la investigación, con el fin de no levantar sospechas en su trabajo, López hacía figurar en el sistema informático que los clientes de la financiera hacían sus pagos correspondientes a la financiera, pero estos eran meramente ficticios al no ingresar realmente el dinero físico al sistema financiero. Todo esto ocurría sin que los titulares de las cuentas estén enterados.

En total, la funcionaria desleal logró desviar G. 1.800 millones de la financiera, de los cuales G. 1.800 millones fueron a parar al tarotista. Parra recibió estas transferencias, a través de un POS que estaba a su nombre, y no pudo demostrar ante la Fiscalía y Policía que efectivamente las operaciones consistieron en pagos por “sus servicios”. “No encontramos facturas de sus servicios de tarotista, por eso se presume de otra hipótesis. Tenemos comprobado de que él recibió 1.200 millones y se realizaron 53 operaciones mediante el POS que estaba a su nombre y su esposa”, mencionó la fiscal Ruth Benítez en charla con los medios.

ANDE ya intervino 71 granjas ilegales de criptominería y ahora busca elevar sanciones

Hasta el momento, lograron desmantelarse 71 granjas ilegales de criptominería en nuestro país. La ley que debe ser tratada este miércoles en el Senado busca aumentar las penas por robo de energía eléctrica.

Nelson Medina, asesor jurídico de la ANDE, señaló al canal GEN que el auge de la criptominería empezó en el 2019, año en que se realizó la primera intervención contra una granja ilegal en la zona de Ciudad del Este.

A partir de allí, este negocio sufrió un crecimiento exponencial, principalmente al margen de la ley, puesto que la mayor cantidad de granjas de minería de criptomonedas opera de forma ilegal e incurre en la sustracción de energía eléctrica.

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Hasta la fecha, se tienen contabilizadas 71 intervenciones por robo de energía eléctrica para criptominería, según un informe elaborado por la ANDE. La mayor cantidad de allanamientos se realizaron en Alto Paraná (48), siendo el departamento con más denuncias.

Medina recordó que, una vez que la ANDE formaliza la denuncia, el Ministerio Público es la institución que tiene a su cargo impulsar las diligencias pertinentes y ordenar los allanamientos, lo cual anteriormente no se lograba con celeridad. “El factor sorpresa ya desaparecía y en delitos de esta naturaleza es un factor determinante”.

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AUMENTO DE PENAS POR ROBO DE ENERGÍA

El asesor jurídico de la ANDE señaló que la aprobación del proyecto de ley que eleva las penas por robo de energía eléctrica es de vital importancia para sancionar con todo el peso de la ley a quienes incurren en este delito. “El resultado que hemos obtenido es casi nulo”.

Debido a que muchos de los acusados suelen obtener una salida procesal a sus causas penales, desde la institución y otros entes del gobierno evaluaron la posibilidad de aumentar las sanciones para los responsables de estos hechos, lo cual llevó a la presentación del proyecto a ser tratado en el Congreso.