Por LA NACIÓN

Al respecto, Miño explicó a la 650 AM que la empresa ESSA, quien está siendo investigada por las autoridades, había presentado una propuesta de G. 14.500 y esta fue aceptada por la Gobernación de Caazapá, siendo que claramente el MEC recomendaba el precio tendría que ser de G. 13.500. Las otras dos propuestas presentadas fueron de G. 13.500 y G. 13.600″, explicó Miño.

Tras esa adjudicación, ambos concejales comenzaron a investigar más el caso, presentaron una minuta por este tema pero fue archivada por la Comisión de Legislación. Finalmente realizaron la denuncia de este hecho ante la Contraloría General de la República (CGR).

Sus colegas lo sancionaron con una suspensión de 60 días sin goce de sueldo. “Capaz que no les gustó que hayamos hecho esta denuncia y como tienen mayoría, pensaron que quizás con esto nos iban a hacer callar”, agregó el concejal sancionado.

“Seguramente quieren amedrentarnos, y nos dijeron que fuimos a mentir a la CGR, pero tenemos todos los documentos de este caso y además tenemos otros casos de corrupción que hemos venido denunciando, como el caso de administración de provecho propio en contra del gobernador Pedro Alejandro Díaz Verón, quien venía entregando dinero en efectivo a su hermano para la construcción de un polideportivo”, comentó Miño.

“Para aplicar esta sanción, debe existir una mayoría de dos tercios de los votos según el reglamento interno de la Junta Departamental de Caazapá, recientemente aprobado, pero hicieron valer la mayoría simple para sancionarnos”, reclamó.

“La harina no sirve ni para tortilla”

La provisión de estos almuerzos escolares corresponden al periodo 2019-2020 y el monto de lo aprobado ronda los diez mil millones de guaraníes. Con relación a la calidad de lo proveído como servicio, informó que existen muchas informaciones provenientes de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). A causa de la pandemia, los almuerzos han sido remplazados por víveres, la mayor parte de mala calidad y con faltantes. “Ni tortilla se puede hacer con esta harina” fue uno de los reclamos que recibieron de algunos padres de alumnos, comentó Rodrigo Miño.

“Caazapá es el departamento más pobre de este país, aquí tenemos indígenas que no pueden ni alimentarse y robarle es muy triste y es una vergüenza”, comentó entre lágrimas y visiblemente afectado el concejal suspendido.

Los víveres no contenían todos los productos

El concejal Wilson López, también se comunicó con el programa radial y comentó que la gente de su departamento aún no sale de su asombro y no puede creer que hayan sido suspendidos en sus funciones por realizar una denuncia de un caso de sobrefacturación.

“Fuimos suspendidos por mal desempeño de nuestras funciones, pero ni nosotros entendemos el motivo”, explicó el sorprendido López. Comenta que habían solicitado una auditoría a sus colegas pero el pedido fue archivado. Con respecto a la entrega de víveres o kits, explicó que estos debían pesar 29 kilogramos pero la mayoría de ellos ni llegaban a 25 kilogramos, por lo que no contenían todos los productos que figuraba en el acta de entrega.

La empresa proveedora recibe un pedido de 200 kits y entrega esa cantidad pero nadie controla la entrega, por lo que hace responsable también a los directores, aunque no cree que sean cómplices de la empresa vinculada al imputado Senador Rodolfo Friedmann.

López cuenta que tomó un kit proveído por la empresa ESSA, y fue a comparar los precios en los comercios del departamento y el total de los productos que contenían uno de los kits, le costó G. 128.800, mientras que la Gobernación pagó por el mismo, G. 290.000.

Ambos concejales adelantaron que accionara judicialmente contra esta disposición, que consideran arbitraria e ilegal.

Erick Urueta, veedor judicial de Colombia, señaló que de confirmarse esa versión, y que EEUU tenga pruebas de que los asesinos ingresaron de ese modo a su esquema legal, corresponderá la extradición de los sujetos ya condenados en Colombia.

“Lo que sí está claro es que para que EEUU pida extradición de estas personas es porque se cometió una conducta delictiva en EEUU, a pesar de que el crimen fue en Colombia. Si se llega a demostrar que uno de los bancos fue utilizado para hacer llegar a Colombia la plata que salió de Paraguay para pagar el crimen, estaríamos frente a una legalidad acerca de que ese país pida la extradición. Eso es lo que cree EEUU”, manifestó Urueta en comunicación con la 1020 AM.

Enfatizó que con la evolución de las investigaciones, en Colombia existe la convicción de que se puede llegar hasta la persona que ordenó matar a Pecci.

“No es una retaliación a ese pedido de extradición. Se está solicitando una reunión urgente con la Fiscalía de Colombia para tratar ese asunto, pero no se pueden ir a EEUU si no llegamos a los autores intelectuales y yo creo que tarde o temprano lo haremos”, acotó.

El funcionario colombiano significó que la pesquisa de la DEA, podría desembocar en dilucidar las conexiones que se tejieron en torno al magnicidio.

“Pienso que se debe determinar si el fiscal Pecci fue asesinado por alguna persona intelectualmente que esté relacionada con actos delictivos en EEUU. Tiene que demostrarse muchos elementos probatorios que demuestren que estas conductas afectaron a ese país”, concluyó Urueta.

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Jara quedó con graves heridas como consecuencia del arrollamiento. Esto ya demandó muchos gastos médicos, según indicó, además de la imposibilidad de retomar su trabajo en la entidad comunal. Su cuadro empeora, considerando que la mujer está en tratamiento para someterse a una cirugía, explicaron familiares.

La agente Jara de la Unidad Operacional N° 2 se encontraba dirigiendo el tránsito cuando fue embestida por un automóvil.

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El arrollamiento quedó grabado por las cámaras de vigilancia. En las imágenes se observa a la uniformada cuando es atropellada por un conductor que pretendía incorporarse a la Avenida Mariscal López desde una de las arterias transversales (calle Bernardino Caballero).

Se observa también a la agente que estaba permitiendo la circulación de los vehículos que transitaban sobre Bernardino Caballero y que en ese momento se dispuso a detener el paso de los automovilistas para volver a habilitar la avenida Mariscal López. Allí el conductor la embiste, por lo que se verifica la negligencia de Delgado Ayala, que no prestó atención a la funcionaria comunal.

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Los últimos tres episodios de violación a mujeres, los cometió en una semana, y hay otros seis casos denunciados que no se formalizaron por temor de las victimas, según señala la concejal ovetense Rossana Bogado, quien indicó que la presunción que tienen los investigadores, es que el sujeta acciona del modo como lo hace, para evitar huellas de ADN que pudiera llevar a su identificación.

“Es bastante llamativo el modo como toma precauciones para cometer los abusos, a fin de ser detectado”, dijo Bogado en comunicación con la 1020 AM.

En todos los caos reportados, se menciona al victimario como una persona baja y robusta, que amenaza a sus victimas con cuchillo, y que ingresa las casas en donde viven mujeres solas, generalmente jóvenes, conforme observan policías que están tras los pasos del criminal.

En el más reciente episodio (el viernes pasado) la mujer que sufrió el ataque, llegó a arrebatar el cuchillo al sujeto, con el que le ocasionó una herida cortante en el pecho, lo cual hizo que el atacante huyera.

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