El Ministerio Público registró en el año 2018 unas 2.600 denuncias por abuso sexual en menores, 3.300 en 2019 y la misma cifra del año pasado se mantendría este 2020 con la diferencia que en los primeros 3 meses de la cuarentena disminuyeron un 30 a 40%, según mencionó la agente fiscal.

Sobre el descenso de las denuncias en los 3 primeros meses, Sánchez explicó que realizaron un análisis con relación al panorama, si bien la disminución causó cierta tranquilidad, la conclusión a la que llegaron fue que los casos no se denunciaban.

“No es que los hechos no estaban ocurriendo. ¿Por qué llegamos a esa conclusión? Porque los niños estaban encerrados en sus casas y los abusos generalmente se producen en el entorno más cercano, es decir, no se estaba visibilizando la situación”, expresó en contacto con Gen y Universo 970 AM.

Señaló que el 80 al 90% de los agresores sexuales son del entorno familiar: padre, padrastro, tío, abuelo, hasta incluso mujeres.

Sánchez atribuye que, gracias a las campañas y los medios de prensa, más personas se animan a denunciar el hecho punible porque logran identificar ciertas conductas que no son correctas sobre los niños, niñas y adolescentes.

La fiscal instó a la ciudadanía a denunciar cualquier tipo de violencia física, psicológica que sufre un niño, niña o adolescente en la comisaría más cercana, además en Fiscalía y Ministerio de la Niñez.

“Al sistema 911 y al 147 pueden llamar también”, apuntó.

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Terribles cifras de casos de abuso infantil. De enero a julio, se registraron 1.438 denuncias.
Conversamos con la Fiscal Carina Sánchez.

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Educación sexual integral

“Necesitamos educar a los chicos, es necesaria la educación sexual, para que sepan identificar abusos, no podemos dejar que nuestros niños sigan siendo abusados”, respondió la fiscal al ser consultada sobre la educación sexual integral para los niños y adolescentes en escuelas y colegios.

Sostuvo que desde el Ministerio Público apoyan el pedido de integrar dicha educación en los centros educativos.

“Tenemos que darles las herramientas a nuestros niños y no solo desde la casa sino también en el ámbito educativo”, subrayó.

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“Necesitamos educar a los chicos, es necesaria la educación sexual, para que sepan identificar abusos, no podemos dejar que sigan siendo abusados nuestros niños”. – Fiscal Carina Sánchez.

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El ministro de Defensa Nacional, General (SR) Oscar González, señalo que las charlas y advertencia para erradicar esa práctica, se realizan de manera sistemática en cuarteles y centros de enseñanza.

“Personalmente doy charlas para comunicar que esas prácticas no están permitidas en las FF.AA. Desde que asumí el cargo (agosto pasado) hemos insistido con énfasis en esta cuestión”, dijo Gonzáles en comunicación con la 1080 AM. Agrego que las agresiones de ese tipo reciben castigos ejemplares. En el último caso dado a conocer en la última horas, remarcó, la penalización en ambitos del Tribunal de Justicia Militar, contempla años de cárcel y de baja deshonrosa.

La advertencia del titular de Defensa viene a colación al volver de vuelta al tapete los episodios de agresiones en las FF.AA, perpetrados por oficiales superiores.

El cadete al que tuvieron que extirpar un bazo, tras sufrir una golpiza, fue internado siete días después de recibir golpes que desembocaron en esa dolencia.

Tras ser socializada la causa, se supo, entre otras cosas, que la ley del silencio le impidió que se ventile el episodio. Las consecuencias que persisten en la milicia, señalan analistas castrenses, van desde castigos corporales a freno de carrera interna y de presiones psicológicas conocidas también como bullying.

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En las últimas horas surgió la versión de que en la Fuerza Área había un caso en que oficiales agredieron a cadetes. Consultado sobre el tema, el ministro González dijo que desde que asumió no hay caso de ese tipo, y que averiguara los expedientes existentes relacionados a años anteriores

A través de un comunicado divulgado este jueves, representantes de la familia Ruiz Diaz Peralta expresaron “su más profundo agradecimiento a toda la ciudadanía” por el inmenso apoyo y la solidaridad demostrados tras la trágica muerte de la escribana y sus dos hijos.

Dentro de este agradecimiento incluyen a los bomberos voluntarios, las fuerzas policiales, navales y civiles, así como también a los medios de prensa y a todas las personas que han colaborado en la búsqueda de la pequeña Isabela, cuyo cuerpo aún sigue con paradero desconocido.

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“La dedicación y compromiso de todos nos ha brindado una luz de esperanza en medio de esta aflicción. Este triste acontecimiento ha dejado un vacío irreparable en nuestros corazones”, menciona el texto.

En ese mismo sentido, la familia agradece “a todos los que se han acercado a la residencia de nuestra querida Carmen, encendiendo velas, ofreciendo oraciones, cánticos y manteniendo vigilias”, asegurando que sus muestras de cariño y apoyo “les dan la fortaleza para seguir adelante”.

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“La familia Ruiz Diaz Peralta, padres y hermanos, se mantiene unida y fuerte en esta adversidad”, reza la parte final del comunicado, al tiempo de enfatizar que “no buscan venganza sino solamente piden justicia”.

Hoy se cumplen 8 días del lamentable episodio que tuvo como protagonistas a la escribana Carmen Ruiz Díaz y sus dos hijos, siendo la niña de 3 años quien aún permanece con paradero desconocido tras ser arrojada por su madre a las aguas del río Monday.

El retraso en honrar dichos compromisos, por parte de los vecinos, implica problemas al gobierno paraguayo en pagar a su vez a varios frentes que se proveen de esos recursos.

Los atrasos y pagos irregulares de Argentina ya habían generado en marzo pasado, el reclamo del Ministerio de Economía de Paraguay al gobierno de Javier Milei, para el pago, al menos en cuotas mínimas de 30 millones de dólares, que inicialmente fue aceptado por el mandatario argentino. Sin embargo, ese acuerdo no lo ejecutaron.

La idea de esa oferta de acuerdo hasta ahora incumplido era evitar la acumulación excesiva de las deudas y de ir amortizando las consecuencias que de ella derivan.

La binacional cerró el año 2023 con siete meses de deuda impagas, transfiriendo solo un total USD 54.296.786.

El año pasado, se dio un impasse entre las autoridades de ambos países, que empujó al gobierno nacional a poner en jaque la continuidad de cesión de energía a Argentina.

El episodio en cuestión se había dado durante el período final del gobierno de Alberto Fernández.

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