Harris es senadora y representa a la ciudad de California y aspira a ser la primera mujer que ocupe dicho cargo en caso de ganar las elecciones.

Ella es la elegida por el candidato del Partido Demócrata Joe Biden, quien el pasado 15 de marzo había anunciado que se decantaría por una mujer como acompañante en la ruta previa a las elecciones a desarrollarse el 3 de noviembre próximo.

Kamala Harris es reconocida por sus inclaudicables luchas por la reivindicación de la población de color en Estados Unidos, que tuvo alta representación con la presidencia de Barack Obama, quien fue sustituido por el magnate y empresario Donald Trump, rival de Biden en las urnas.

Es parlamentaria desde el 2016 y fue fiscal de distrito en San Francisco, como así de la ciudad de California. Es la primera mujer en dirigir los servicios judiciales de California y la segunda parlamentaria de color en la historia de Estados Unidos.

Estudió en la Universidad de Howard y está casada desde el 2014 con un abogado. Es hija de un profesor de economía jamaiquino y una india tamil, ya fallecida, investigadora del cáncer de mama.

Fuente: AFP

De pie delante de su silla, el pontífice, gran amante del fútbol, le dio un puntapié al balón que dio inicio al partido que disputaron durante cinco minutos los dos equipos, en los que se mezclaban niños y antiguas glorias de la liga italiana, como el portero Gigi Buffon, entre otros.

A su llegada al Estadio Olímpico de Roma, el papa Francisco fue recibido con entusiasmo por decenas de miles de niños acompañados por sus familias y procedentes de todos los continentes.

Se leyeron varios mensajes de niños, como el de Victor, un palestino de nueve años, que asegura que “solo queremos jugar, estudiar y vivir libres como tantos otros niños en el mundo”.

Francisco respondió a las preguntas de varios niños, a la vez que repartía caramelos a su alrededor.

Esta Jornada Mundial de los Niños finalizará el domingo con una misa en la plaza de San Pedro, en el Vaticano, presidida por el pontífice.

Un joven de Argelia apuñaló a su hermana, a la que dejó clavado un cuchillo en el cuello, mientras hacia una transmisión en vivo en Instagram* el jueves, informa el canal local Ennahar.

La mujer apuñalada tiene 40 años y vive en la ciudad de Laghouat, en el norte del país. Según medios locales, la hija de la víctima habría estado presente en el momento de la agresión a su madre, que quedó tirada en el suelo y cubierta de sangre.

La mujer fue hospitalizada, el personal médico le prestó inmediatamente los primeros auxilios necesarios y la trasladó al quirófano. Ahora está en la unidad de cuidados intensivos. Hasta el momento se desconocen los detalles sobre el móvil del ataque.

por Juan Sebastian SERRANO, AFP

Uribe es señalado de “ofrecer dinero en efectivo u otras utilidades a seleccionados testigos de hechos delictivos para que faltaran a la verdad”, en un caso que lo vincula con grupos paramilitares, según un escrito presentado por el fiscal, Gilberto Villarreal, quien levantó cargos por soborno, soborno a testigos y fraude.

En la reanudación de una audiencia virtual que inició la semana pasada, el exmandatario insistió en su inocencia y solicitó que el caso fuera anulado.

“No tomé nunca incitativa de buscar testigos. Pretendí defender mi reputación”, argumentó Uribe, quien se expone a una pena de entre seis y 12 años.

La jueza Sandra Heredia rechazó este pedido y reconoció como posibles víctimas a un senador, a la exesposa de un paramilitar que relacionó al exgobernante con estos grupos armados y a dos exfiscales.

- “Impacto en el alma” -

Considerado uno de los políticos más influyentes en Colombia, Uribe dijo sentir “un impacto en el alma” por ser el primer expresidente en tener que defenderse ante la justicia.

También alegó ser víctima de un complot urdido por jueces y “opositores” que usaron “interceptaciones (telefónicas) ilegales” para obtener pruebas en su contra.

A sus 71 años, responde por una denuncia que inicialmente lanzó él, pero que luego se volvió en su contra.

En 2012, Uribe, entonces senador, presentó una denuncia contra el congresista de izquierda Iván Cepeda, al que acusó de buscar testimonios falsos para vincularlo con los paramilitares que libraron una guerra feroz contra las guerrillas de izquierda entre los años 1990 y comienzos de 2000.

Pero la Corte Suprema no solo se abstuvo de enjuiciar a Cepeda, sino que en 2018 comenzó a investigar al expresidente por sospechas de que fue Uribe quien en realidad trató de manipular testigos.

Uribe presuntamente trató de enlodar a Cepeda con la acusación de que había contactado a exparamilitares presos para que lo relacionaran con estos escuadrones de ultraderecha responsables por cientos de masacres.

En agosto de 2020 los altos magistrados ordenaron el arresto domiciliario del exmandatario, argumentando que en libertad podría entorpecer la investigación.

Luego Uribe renunció al Senado y su expediente pasó a un tribunal ordinario, que levantó la orden de reclusión y reinició todo el proceso.

- Montajes -

El exfiscal general (2012-2016) Eduardo Montealegre y su segundo Jorge Perdomo también habrían sido objeto de un montaje concebido por Uribe, según la tesis de la fiscalía.

A través del abogado Diego Cadena, el exmandatario habría ofrecido beneficios a paramilitares presos para que denunciaran a los entonces fiscales por supuestamente ofrecerles beneficios por testificar contra Uribe.

La siguiente audiencia del juicio fue convocada para el 10 de julio.

Durante su mandato, Uribe gozó de una inmensa popularidad por la política de mano dura con la que su gobierno debilitó las guerrillas.

Sin embargo, su imagen se ha visto afectada por múltiples escándalos y procesos judiciales en los últimos años.

En noviembre de 2023, el exmandatario testificó ante la fiscalía en una investigación preliminar por su supuesto conocimiento anticipado de una masacre y el asesinato de un defensor de derechos humanos, a raíz del testimonio del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso.

También fue denunciado ante un tribunal argentino por su presunta responsabilidad en más de 6.000 ejecuciones y desapariciones forzadas de civiles cometidas entre 2002 y 2008, durante su gobierno, un caso conocido como “falsos positivos”. La justicia de ese país aun no se ha pronunciado sobre el caso.