El portavoz de los manifestantes, ingeniero Estiben Ferreira relató que el concurso fue realizado en diciembre del año pasado, donde participaron distintos profesionales de ingeniería y además técnicos para los cargos vacantes en la ANDE.

“La Secretaria de la Función Pública tardó 4 meses en evaluar nuestros documentos, desde diciembre hasta marzo no tuvimos ningún tipo de respuesta por parte de esta institución. Después del “ok”, llegó la pandemia y el Ministerio de Hacienda dijo que no habría contrataciones hasta el 30 de junio”, expresó en contacto con GEN y Universo 970 AM.

El vocero indicó que a raíz de la respuesta de Hacienda, comprendieron el panorama por lo que esperaron hasta la fecha establecida. Sin embargo, al culminar el mes de junio les dijeron que las contrataciones se deben evaluar de acuerdo al Equipo Económico.

Según Ferreira, la ANDE envió una nota a la cartera de Hacienda solicitando el ingreso de los 239 ganadores de los concursos pero que hasta la fecha no tuvieron ningún tipo de retorno.

“Estamos más de 300 postulantes que ganamos el concurso limpiamente y necesitamos trabajar, pasaron 7 meses y más del 80% de los compañeros están sin trabajo”, apuntó

Asimismo, mencionó que desde la ANDE les anunciaron que, en caso que el Equipo Económico no apruebe la incorporación, el concurso quedará sin efecto.

Por otra parte, manifestó que a pesar de la pandemia se realizaron contrataciones en otras instituciones públicas por lo que denuncian el manejo de los puestos de forma injusta.

#2EnLaCiudad

Ganaron cargos y siguen sin trabajar: Ingenieros seleccionados para la Ande se manifiestan frente a Hacienda exigen que se les deje trabajar tras haber ganado los concursos.
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— GEN (@SomosGEN) July 27, 2020

Teresa Servín, abogada de la familia de Rolando Núñez Scolari, explicó que el sobreseimiento provisional implica que todavía existen diligencias para llegar a la certeza real de la responsabilidad de los procesados en la muerte del joven.

Se llegó a esta instancia porque ayer se cumplió la fecha para la presentación del requerimiento conclusivo. El sobreseimiento puede ir hasta un año.

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“Hay una visión jurídica de lo nuevo a lo que la doctora no tuvo acceso. Ver la responsabilidad de otras personas o ampliar la responsabilidad de los que ya estaban investigados”, informó la defensora, en un contacto con la 730 AM.

La necesidad de más tiempo también se sustenta en la aparición de un reglamento de la ANDE que especifica el manejo en materia eléctrica. Se tuvo acceso al contenido recién hace una semana.

Respecto a un acuerdo económico, la abogada reconoció que hubo un acercamiento y una oferta un par de semanas atrás, sin embargo, no se llegó a ningún acuerdo.

María Lilia Contreras y Édgar Torres, de la Empresa Prolife SA; María M. Contreras y Oscar Daniel Ruiz, de la Empresa Epro SA fueron imputados por homicidio culposo por la fiscal Teresa Rojas, quien luego fue recusada.

En su reemplazo asumió de manera interina la fiscal Karina Serón, quien lleva la carpeta hace un mes y por ello necesita más tiempo para la pesquisa.

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Un llamativo hecho aconteció cerca de la 02:00 de la madrugada de este jueves, en la playa de Funes Automotores, situada sobre la Avda. Mariscal López y Luis Alberto del Paraná.

Al sitio llegaron desconocidos, quienes descendieron de un vehículo y arrojaron una bomba molotov contra el local.

Un automóvil Toyota Auris, color plata, recién importado, fue totalmente consumido por las llamas y quedó inservible.

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Efectivos de la Comisaría 2ª Central recibieron el aviso en la oficina de guardia y, una vez en el lugar, intentaron apagar el fuego con precarios baldes de agua, mientras esperaban la llegada de los bomberos. Desafortunadamente, no pudieron salvar el vehículo.

De momento, se desconoce quiénes podrían estar detrás del atentado y cuáles serían los motivos que los llevaron a cometer el hecho. En la escena encontraron botellas con combustible.

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“Soñamos con un mañana mejor” es el nombre que lleva el proyecto del Centro de Rehabilitación y Reinserción Laboral de Mujeres, que consiste en la confección de escarapelas.

El trabajo estará a cargo de las internas y el resultado será la distribución de sus productos en centros educativos e instituciones de Alto Paraná.

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“El deseo de las mujeres privadas de libertad de volver a ser útiles a la sociedad”, comentó la directora del centro Juana María de Lara, Lourdes Nelsi Centurión.

La meta de llegar a 4.000 escarapelas será la misión confiada a 20 mujeres privadas de su libertad en dicho lugar.

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Además de aplicar penas para hacer justicia por los delitos cometidos, otra de las funciones del Estado es la reinserción social de las personas que cometieron un hecho punible. Los talleres de oficios, las capacitaciones y otras actividades forman parte de esa misión de preparar a la gente para insertarse a la sociedad, una vez que recuperen su libertad.