La citada propuesta legislativa, elaborada por el Ministerio de Hacienda, se enmarca en una serie de proyectos impulsados por el Gobierno Nacional, en el marco de la trasformación del Estado, con el objetivo de lograr el uso eficiente de los recursos públicos y mejorar la entrega de los servicios a la ciudadanía.

El proyecto incorpora reglas claras y herramientas que permiten el fortalecimiento de la prestación de servicios misionales y una optimización de los ámbitos financieros y de apoyo operativo de las instituciones.

Además de buscar la eficiencia y modernización, también contribuye a la mejora de la calidad del gasto a través de una coordinación más eficiente en la forma de trabajar de los entes públicos por medio de mecanismos de coordinación y el fortalecimiento de las políticas y la rectoría sectorial.

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Entre las principales innovaciones que propone el proyecto se incluyen:

1) Normas y criterios generales que orienten de forma explícita la estructuración del Estado, enfocados en torno a un paradigma de racionalización que justifique cualquier creación y modificación de estructuras administrativas sobre la base de las necesidades públicas, la disponibilidad de recursos y el interés general de la ciudadanía.

2) Se definen cuáles son los instrumentos jurídicos necesarios para aprobar la creación, modificación de las cartas orgánicas de los organismos y entidades del Estado, así como las normas de organización en general (creación de unidades dependientes, funciones, etc.).

3) Se establecen los contenidos básicos de las cartas orgánicas y los requisitos de creación de dependencias administrativas.

Además, el proyecto de ley clasifica los ámbitos de la organización según el tipo y naturaleza de funciones, establece los medios de control de acuerdo a la naturaleza de las distintas estructuras administrativas del Estado y regula la resolución de controversias o conflictos entre instituciones. Un tema relevante es la regulación de las potestades de los ministerios en la rectoría, así como en la coordinación del sector, salvo los casos en que la ley otorgue esa potestad a otros organismos o entidades.

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Asimismo, se regulan normas sobre figuras como la avocación, desconcentración del ejercicio de competencias y delegación de firma, que posibilitan a las autoridades delegar o asumir atribuciones para agilizar la gestión, sobre las cuales no existen regulaciones al respecto.

A solicitud del equipo de transición del gobierno electo, el proyecto prevé la inclusión de mandatos de carácter especial de reordenamiento institucional, orientados a la combinación de recursos, funciones y responsabilidades de instituciones estratégicas del Poder Ejecutivo, que complementan a los demás instrumentos incluidos al proyecto marco.

Como parte del protocolo de contingencia, la institución movilizó 175 cuadrillas y cerca de 500 técnicos en todo el territorio nacional, entre funcionarios y personal de empresas contratistas, con el objetivo de agilizar la reposición del servicio eléctrico en las zonas afectadas.

Según informó la ANDE, los principales inconvenientes registrados hasta el momento obedecen a la caída de árboles y ramas sobre las líneas de distribución, como consecuencia de la intensidad de los vientos.

La estatal señaló que mantiene un monitoreo permanente de la situación y que las cuadrillas trabajan de manera ininterrumpida, priorizando los casos que representan un riesgo para la seguridad de las personas y aquellos que afectan la continuidad del suministro eléctrico.

Asimismo, recordó que los usuarios pueden reportar inconvenientes a través de la aplicación Mi ANDE, el WhatsApp Luz Asistente Virtual (0962 160 160), el portal web de la institución y la línea telefónica 160, opción 1.

En las últimas tres semanas epidemiológicas (SE 25 a la SE 27) se confirmaron solo tres casos de dengue: dos en el departamento Central y uno en Presidente Hayes. Entre ellos fue identificado el serotipo DENV-1. Con estas cifras, el acumulado de casos confirmados en lo que va del 2026 asciende a 288.

Uno de los datos más alentadores del informe es que no se registraron pacientes hospitalizados ni fallecidos por la enfermedad durante el periodo analizado.

El brote detectado en el municipio de Limpio también muestra una evolución favorable, con una disminución de las notificaciones y un solo caso confirmado en las últimas semanas.

No obstante, Vigilancia de la Salud advirtió un aumento de notificaciones de casos sospechosos en Asunción y los departamentos de Central, Presidente Hayes, Alto Paraná, Guairá, Caazapá, Concepción, Itapúa, Cordillera, Misiones y San Pedro.

En cuanto al chikungunya, el reporte señala que en lo que va del año se confirmaron 18 casos en el país, de los cuales tres fueron importados desde Bolivia.

Las autoridades sanitarias insisten en eliminar los criaderos de mosquitos y consultar de forma oportuna ante síntomas como fiebre, dolor de cabeza o dolores corporales, además de evitar la automedicación.

Las obras demandarán una inversión cercana a G. 26.400 millones, financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y permitirán mejorar la infraestructura de establecimientos donde ya funciona la estrategia de Atención Primaria de la Salud.

Las nuevas USF incorporarán espacios más amplios y funcionales, con consultorios médicos y odontológicos, áreas para controles prenatales, atención ginecológica y otros servicios esenciales, con el objetivo de brindar una atención más integral tanto a los pacientes como al personal sanitario.

Durante la jornada, la ministra de Salud, María Teresa Barán, afirmó que el inicio de estas obras representa un nuevo paso para acercar los servicios de salud a las comunidades y fortalecer la atención primaria como puerta de entrada al sistema sanitario.

Los nuevos edificios estarán distribuidos en los distritos de Caazapá, San Juan Nepomuceno, Abaí y Tavaí, donde miles de pobladores reciben actualmente atención médica, vacunación, controles prenatales, planificación familiar, odontología y otros servicios básicos.

Además del fortalecimiento de la red sanitaria, el proyecto prevé la contratación de mano de obra local y la compra de materiales en la zona, con el propósito de generar un impacto económico durante la ejecución de las obras.