La pandemia golpeó fuertemente a la mayoría de los sectores productivos del país, primero con la cuarentena total que obligó a todos los negocios (a excepción de supermercados, tiendas de conveniencia y farmacias) a cerrar sus puertas y por lo tanto a tener ingreso cero en todo este tiempo.

Posteriormente la implementación del plan inteligente permitió el paulatino regreso de algunos rubros con una importante inversión en el protocolo sanitario, sin embargo, la reanudación no significó una inyección económica, tanto por el temor de los clientes por acudir a los locales, como por la falta misma de circulante en medio del desempleo. Hasta aquí no va más allá de un simple estímulo para levantar el ánimo por volver a trabajar.

La asistencia social brindada en cuatro meses (Ñangareko, Pytyvö, subsidio de IPS, ingredientes para ollas populares) no alcanzó y el 29 de junio pasado el Ejecutivo presentó el plan de recuperación económica Ñapu’ã Paraguay, que costará 2.500 millones de dólares y deberían ejecutarse en 18 meses.

Sin embargo, 350 millones de dólares no están disponibles y para ellos se requiere recurrir a nuevos créditos que deben ser autorizados por el Congreso, donde por ahora hay marcadas posturas en contra de un nuevo endeudamiento, pese al fuerte lobby de Hacienda.

De los 350 millones que hoy no existen, US$ 100 millones se prevén destinar al IPS, US$ 80 millones para fortalecer Pytyvõ en la frontera, otros US$ 100 millones para el MOPC a fin de dinamizar la economía, US$ 40 millones para la construcción de viviendas, US$ 10 millones para el Fondo Ganadero y US$ 20 millones para el Crédito Agrícola de Habilitación, según lo detalló el propio presidente de la República Mario Abdo Benítez, el día de la presentación del plan.

PYTYVO 2.0

Una de las asistencias sociales más esperadas por su clara superioridad frente a la lentitud de Ñangareko es el programa Pytyvõ, que llegará en su versión 2.0 y proyecta alcanzar a 770.000 trabajadores informales.

Esta vez se pretende dar un énfasis a los comerciantes fronterizos, 125.000 de ellos se vieron beneficiados en las tandas anteriores (75.000 solamente en Alto Paraná) y la idea es aumentar esa cifra para ese sector que hoy en día es prioritario por la enorme desventaja que enfrenta ante el cierre de frontera.

Se prevé un nuevo periodo de inscripción y se apunta a que las transferencias sean más de cuatro veces, lo que al mismo tiempo implicará reducir el monto que anteriormente era de 548.000 guaraníes y que podría quedar en 350.000 guaraníes, según la disponibilidad presupuestaria con que finalmente se cuente.

Los requisitos en general serán los mismos, entre ellos, no ser funcionario público, no estar alcanzado por el IRP, no recibir ninguna otra asistencia del Estado, entre otros, pero en esta ocasión con un énfasis en certificar la ubicación geográfica, ya que se dará prioridad a los pobladores de frontera.

La preocupación pasa por la falta de una parte de los recursos, pues de los 250 millones que se invertirán, US$ 80 millones dependen del nuevo endeudamiento que por ahora no tiene el visto bueno y que en tal caso obligará a buscar nuevas fuentes de financiamiento o de última a modificar el programa.

Sobre este punto intentamos conversar con la directora de estudios económicos del Ministerio de Hacienda, Carmen Marín, a fin de saber qué alternativas manejan de no surgir el préstamo, sin embargo,pese a la insistencia, el coordinador de entrevistas se negó a concedernos la nota, porque a su criterio “no hay nada nuevo” que comunicar.

OTROS ASPECTOS DE ÑAPU ´A

La inversión en obras públicas es uno de los ejes del plan y solamente en este segundo semestre proyectan desembolsar US$ 1.330 millones de dólares, con lo cual se generarían 124.240 empleos.

Otro pilar es la construcción de 6.000 viviendas adicionales a las inicialmente previstas, incluyendo un subsidio a la clase media con una estimación de 46,7 millones de dólares. Además, la concesión de créditos para Mipymes y cuentapropistas.

La protección social constituye otro factor importante y además del Pytyvõ 2.0 también se prevé dinero para otros programas, entre ellos Adultos Mayores con US$ 6,3 millones y la incorporación de 10.800 beneficiarios, unos US$ 3,1 millones para Tekoporä con la inclusión de 16.000 familias en situación de pobreza y Abrazo con US$ 317 millones, alcanzando a 1.931 familias.

La acción encarada por la Ande se realizó en el marco de las festividades del 14 y 15 de mayo, con el fin de acompañar todas las actividades previstas en los días de conmemoración del día de la independencia del Paraguay y de las gloriosas madres paraguayas.

Se realizaron las reparaciones necesarias en 116 artefactos de alumbrado público, asegurando así un entorno seguro y adecuadamente iluminado.

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A su vez, la Policía Nacional prepara un operativo de seguridad para resguardar la seguridad de todas las personas que participarán de los diferentes actos festivos para este 14 y 15 de mayo.

Desde el viceministerio impulsarán alternativas de desplazamientos en caso de que el Centro de Empresarios del Transporte Público del Área Metropolitana (Cetrapam) persista con el paro de buses.

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Este denominado plan de contingencia incluye el apoyo y acompañamiento de instituciones gubernamentales, como el ofrecimiento del sector privado, para garantizar a los ciudadanos el servicio de transporte.

Fernández informó a los representantes de Opama, respecto a la reunión tripartita convocada por el Viceministerio de Trabajo para el próximo 16 de mayo, y las acciones que se llevarán adelante.

Indicó que las conversaciones con las organizaciones civiles son importantes y aportan de manera estratégica en el plan de reforma del sistema de transporte que se prevé impulsar. Además, reiteró que el paro de buses es una medida anacrónica, e insistió que el diálogo es el camino que conducirá a mejorar el servicio público.

“Rechazamos cualquier medida de presión como el paro, y nos mantenemos en eso. Nosotros hemos dicho desde el primer día que nuestra estrategia es el diálogo institucionalizado, lo que significa tratar los puntos en las mesas establecidas”, manifestó.

“Un paso trascendental, luchamos en su momento para que la ley se haga realidad. Hoy estamos haciendo realidad la reglamentación que va a permitir que productos paraguayos, productos que se realizan aquí en el Paraguay, el cemento, pueda ser utilizado para las obras viales, que nos van a permitir también dar, aparte de la mano de obra, una mayor calidad y durabilidad a nuestra red vial”, expresó el presidente Santiago Peña.

Al respecto de la promulgación, la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, manifestó que después siete años hoy finalmente están dando inicio a una transformación de infraestructura, la de pavimento rígido con cemento nacional, marcando un hito importante en el desarrollo del país.

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Cabe recordar que durante el Seminario Internacional Construcción de Pavimentos de Hormigón organizado por la Asociación Paraguaya de Carreteras (APC), la ministra Centurión había enfatizado la importancia del pavimento rígido, el hormigón, como un elemento fundamental en la ingeniería, destacando su nobleza y su contribución al progreso y desarrollo nacional.

Subrayó el papel crucial que desempeña la utilización de este tipo de pavimento, su impacto en la industria nacional, impulsando el crecimiento económico y la generación de empleo en todo el país.

IMPLEMENTACIÓN

Según el Decreto 1.683/24 “Que establece la utilización de pavimento rígido en los proyectos de obras viales”, a los efectos del cumplimiento gradual de las disposiciones contenidas en el Artículo 2° de la Ley N.º 5841/2017, será considerado “Primer año inicial” al año 2024, “Segundo año” al año 2025, “Tercer año” al año 2026 y “Cuarto año” al año 2027.

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) deberá planear, programar, presupuestar y contratar la construcción de pavimento rígido en un porcentaje del: 15% del total de las obras viales programadas para el año 2024; 20% del total de las obras viales programadas para el año 2025; 25% del total de las obras viales programadas para el año 2026; 30% del total de las obras viales programadas para el año 2027 y subsiguientes, según reza el artículo 3 de la normativa.