Caso Miguel Cuevas: Un esquema de abuso de los recursos públicos
Facturas falsas que sirvieron para engañar a decenas de familias campesinas con obras que nunca se terminaron, una gestión de la merienda escolar convertida en negocio familiar y serias denuncias por supuesta malversación de fondos, son algunos de los oscuros antecedentes del actual presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Cuevas, que datan de su época de gobernador de Paraguarí. La Fiscalía se decidió a investigarlo.
La Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos había anunciado la apertura de una investigación por supuesto enriquecimiento ilícito contra el diputado colorado Miguel Cuevas (Colorado Añetete), actual presidente de la Cámara Baja.
La denuncia que involucra al actual presidente de la Cámara de Diputados guarda relación con su época de gobernador de Paraguarí, entre los años 2013 al 2017, cargo al cual renunció para candidatarse a diputado por el movimiento Colorado Añetete.
La denuncia fue planteada por el concejal de Ybycuí Ezequiel Cáceres, quien plantea en su escrito ante el Ministerio Público un faltante de al menos 40 mil millones en el presupuesto 2016 de la gobernación, dinero que tenía que haberse usado, entre otros rubros, a una mejor distribución de la merienda escolar en el departamento de Paraguarí.
LAS PUBLICACIONES
El 9 de agosto pasado, el equipo periodístico de GEN y La Nación publicó la primera nota sobre Miguel Cuevas y lo que sería el esquema de engaño que fue montado en la Gobernación de Paraguarí, mediante el cual engañaron a decenas de familias con la promesa de entregar pozos artesianos u otros trabajos comunitarios.
En efecto, la publicación recogió lo ocurrido con el Comité de Mujeres Kuña Aty, de Cerro Ko’ê, de Paraguarí. A esta agrupación la administración de Cuevas le prometió crear una huerta familiar que beneficiaría a 12 familias que conforman dicho comité. Para el efecto, la gobernación le compraría los insumos y lo principal, el pozo artesiano para tener agua.
Sin embargo, el pozo nunca se terminó y las facturas que le entregaron a esta organización habrían sido “clonadas”. La gobernación supuestamente compró para el comité Kuña Aty un total de 40 bolsas de fertilizantes por valor de G. 10 millones, según factura N° 2.147, timbrado 11778423, sin fecha, pero de mayo del 2017. La compra se hizo, supuestamente, del Comercial Báez de Caazapá. El local está a 136 kilómetros de Paraguarí.
El equipo de GEN y La Nación llegó hasta el Comercial Báez en Caazapá y comprobó que en este local jamás vendieron fertilizantes y que nunca fueron proveedores de la Gobernación de Paraguarí. Según la factura original N° 2.147, timbrado 11778423, que consta en sus estados contables de Comercial Báez. La firma vendió sal mineral y dos desmamantes por valor de G. 1.760.000 el 22 de mayo del 2017. Además de esta situación, la gobernación hizo figurar que la construcción del pozo artesiano para el Comité Kuña Aty costó G. 40 millones a la institución. Sin embargo, la propia empresa que hizo el pozo que figura en los documentos tasó ese mismo trabajo en un total de G. 20 millones.
Lea aquí la historia completa: El esquema de engaño
Estos ejemplos son apenas una muestra de todo el esquema. A esto se suman varias otras denuncias similares, tanto de pozos como de construcciones de escuelas que nunca se terminaron o que se hicieron con materiales de mala calidad.
MERIENDA Y NEGOCIO
La merienda escolar en Paraguarí durante los años 2015 y 2016 fue un gran punto para hacer negocios para Cuevas. Como primera medida nombró como coordinador de dicho programa a su propio hijo, Enzo Cuevas, quien se encargó de desarrollar el proyecto. Como si esto no fuera suficiente, el titular de Diputados le otorgó millonarios contratos a la empresa de su nuera y consuegra.
Se trata de la empresa Albicar SRL, que tiene como representante legal a Marina Cañete de Montiel, mamá de Alba Montiel Cañete, esposa de Enzo Miguel Cuevas, el hijo del actual presidente de Diputados. La firma Albicar SRL tiene apenas tres adjudicaciones con el Estado desde que empezó a operar en el 2013. De las tres operaciones, dos se hicieron con la Gobernación de Paraguarí durante la gestión de Miguel Cuevas en el año 2016 por un monto total de G. 283 millones para proveer alimentos para la Escuela Agrícola de Ybycuí –dentro del programa de merienda escolar– y también de balanceado para esta misma institución.
Según denuncias, el reparto de la merienda escolar fue pésima durante la administración del actual presidente de la Cámara de Diputados.
LOS NOMBRAMIENTOS
Desde que llegó a la Cámara de Diputados, Miguel Cuevas realizó varios nombramientos. Toda la gente que ubicó en la Cámara Baja no hizo concurso público para acceder a los cargos. Además, Cuevas hizo algunos nombramientos llamativos. Nombró con cargo de directores al esposo de la ayudante fiscal que investigó una denuncia en su contra y a un secretario del juez que desestimó el caso. La investigación contra Cuevas se basó en un supuesto faltante de G. 40 mil millones durante su gestión como gobernador de Paraguarí, que terminó desestimada.
Los nombrados fueron Alex Damián Aguirre, quien hasta mediados del año pasado fue funcionario del Poder Judicial, específicamente de la circunscripción de Paraguarí, bajo las órdenes del juez Juan Francisco Cabriza, justamente el magistrado que aceptó desestimar la primera denuncia en contra de Cuevas. Aguirre llegó con el cargo de “director de Asuntos Legislativos”. Otro funcionario que tuvo igual suerte fue Juan Gabriel Espínola Vega, esposo de María Liz Alcaraz, asistente de la fiscala Sonia Pereira, de Paraguarí, la agente que lleva adelante la investigación en el caso Cuevas. De hecho, la firma de Alcaraz aparece en las primeras pesquisas que hizo el Ministerio Público en la causa.
Unos días después de la publicación de La Nación, desde la Cámara Baja confirmaron que Alex Aguirre finalmente no continuó con el cargo y que solamente cobró el mes de agosto como funcionario.
LOS TRACTORES MÁGICOS
Durante el período de Miguel Cuevas como gobernador de Paraguarí se cargaron combustibles a móviles sin motores y otros que estaban ya totalmente destartalados. Eso es lo que confirmó el equipo de GEN y La Nación cuando revisó las órdenes de trabajo que se emitieron en el 2016 para trabajos de campo por parte de la Gobernación de Paraguarí y que en total suman G. 1.231 millones. En efecto, la propia Contraloría General de la República había objetado este hecho. Según las documentaciones a las que accedió La Nación, gracias al pedido de información pública, se utilizaron al menos 8 vehículos (entre tractores y camionetas) que no tenían motor para justificar la compra de combustibles.
ESPOSA INVESTIGADA
El trabajo periodístico de GEN y La Nación confirmó además que Nancy Florentín de Cuevas, esposa de Miguel Cuevas, no asistía a la escuela Inglaterra de Sapucai, en donde figura en la planilla, pero igual cobraba regularmente su sueldo, superior a los G. 5 millones.
La profesora Nancy aparece en los registros oficiales de dicha institución académica como “bibliotecaria” y “técnica administrativa”. Después de las averiguaciones del equipo periodístico, se presentó una extraña resolución mediante la cual la “profe” Nancy supuestamente estaba beneficiada con un permiso especial para ausentarse a trabajar.
Tras todas las pruebas arrimadas, desde el Ministerio de Educación no tuvieron otra que reconocer la situación irregular de la profesora Nancy y el propio ministro, Eduardo Petta, reconoció ante los medios que la esposa del presidente de la Cámara de Diputados figuraba en la lista de docentes investigadas por presunto planillerismo.
FUEROS
Miguel Cuevas aseguró en su momento que no tendría problema en solicitar que le quiten los fueros para que sea investigado. Dijo, además que vive en una casa “común y corriente”. Reiteró que está a disposición de la Justicia y que no tiene nada que ocultar. De nuevo aseguró que todo lo que se publica en su contra se debe a una persecución política.
Liliana Alcaraz, blanco de Abc por desenmascarar operativo “garrote”
La actual titular de la Seprelad, Liliana Alcaraz, soporta constantes ataques de sectores enfocados en la defensa del expresidente de la República Mario Abdo Benítez. Al asumir el cargo, Alcaraz ordenó sumarios que permitieron descubrir la trama del montaje y la filtración de informes.
Por Cinthia Mora, periodista.
La campaña de persecución que desató el diario Abc Color en contra de la actual titular de Seprelad, Liliana Alcaraz, con el objetivo de involucrarla, sin motivos, en la causa penal donde se investiga a Abdo Benítez y sus excolaboradores, forma parte de la estrategia de defensa mediática del exmandatario imputado.
En agosto de 2023, al asumir el cargo de ministra de Seprelad, la exfiscal Liliana Alcaraz constató que no se habían aplicado las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) respecto a las filtraciones ni tampoco sumarios a los funcionarios responsables por los graves hechos. Las filtraciones de informes de inteligencia fueron motivo de alerta por parte de los evaluadores del Gafilat que en setiembre de 2022 recomendaron la aplicación de protocolos para evitar tales situaciones y corregir los malos manejos.
Alcaraz ordenó la aplicación de sumarios a los funcionarios asignados a la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico y la aplicación de los protocolos recomendados por el Gafilat. Los resultados de estos sumarios fueron enviados al Ministerio Público por solicitud de los agentes fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grissetti, en diciembre de 2023.
Los informes remitidos desde la Seprelad al Ministerio Público aportaron información relevante que permitieron colectar datos, correos electrónicos y testimonios que hoy forman parte de los 42 elementos que sustentan la imputación contra Abdo Benítez y su gavilla.
EL DOCUMENTO SECRETO Y LOS CORREOS
Entre los 42 elementos de prueba que sustentan la imputación contra Abdo Benítez resaltan dos informes remitidos por la nueva administración de Seprelad. El primer informe es del 21 de noviembre de 2023, en el cual la Seprelad responde a un pedido de los fiscales Cantero y Grissetti sobre los procedimientos ejecutados dentro de la Unidad de Inteligencia Financiera.
La respuesta de la Seprelad aportó un detalle que se convertiría luego en la “brújula” de la investigación fiscal, el documento secreto elaborado por Daniel Farías y René Fernández. Este documento en formato word fue detectado en los archivos de la DGAFE (Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico), dirección que estuvo a cargo de Carmen Pereira y de Guillermo Preda Galeano, ambos imputados en la causa.
El documento secreto fue utilizado como base para la elaboración del informe de inteligencia (10/2022) que luego fue presentado al Ministerio Público y enviado a EE. UU. en carácter de “información espontánea”. El archivo fue redactado en una oficina paralela dentro de la Seprelad y a cargo de un funcionario que no pertenecía a la institución. En el borrador se introdujo información falsa y tergiversada, según lo expuesto por el Ministerio Público.
Este revelador documento fue uno de los elementos de prueba que permitió a los agentes fiscales construir la tesis de la persecución política ya que fue elaborado por fuera de lo que establece la ley y bajo la orden específica de perseguir exclusivamente a Cartes y a sus empresas.
El otro informe remitido por la ministra Liliana Alcaraz y que permitió avanzar aún más en la investigación contra Abdo Benitez y su camarilla fueron los correos electrónicos entre la exviceministra Carmen Pereira y los funcionarios de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Seprelad, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira, todos imputados en la causa.
En estos correos se detalla la manera en que fue incorporado el documento secreto, redactado por Farías y Fernández, al circuito institucional de la Seprelad para que sea utilizado como base para la elaboración de un informe de inteligencia contra Horacio Cartes. En estos correos también se ordenaba incorporar al documento oficial información tendenciosa y juicios de valor para perjudicar a los enemigos políticos.
DESMIENTE INFORMACIÓN FALSA DE ABC
Publicaciones de tinte malicioso y falso del diario Abc Color tienen como objetivo instalar que Liliana Alcaraz fue partícipe del esquema de filtración en su calidad de punto contacto del sistema que recibió el pedido de información de la fiscalía de Panamá.
La actual titular de Seprelad mencionó que recién tuvo acceso al sistema mencionado en marzo de 2022, dos meses después de haberse registrado la filtración a los medios Abc Color y Última Hora, y de la declaración del entonces ministro del Interior Arnaldo Giuzzio, quien fue el responsable de revelar públicamente el contenido del pedido de cooperación de la fiscalía panameña.
Alcaraz explicó que la RRAG es una plataforma electrónica que se encuentra en el extranjero (Costa Rica) a través de la cual los países que conforman el Gafilat pueden intercambiar información de manera segura y recién una persona se convierte en punto de contacto cuando tiene acceso a la plataforma. Cada país tiene un coordinador y es este quien gestiona estos accesos. En ese entonces era el ministro de Seprelad Carlos Arregui. Actualmente ese cargo lo ocupa Liliana Alcaraz. “La responsabilidad siempre es del coordinador nacional”, subrayó.
Documento secreto: los “cerebros” y cómo la Fiscalía descubrió la trama
El acta de imputación contra Mario Abdo Benítez y miembros de su gabinete revela cómo se fraguó, montó y filtró un informe de inteligencia utilizando de manera ilegal instituciones del Estado y a funcionarios no autorizados. El Ministerio Público construyó la tesis sobre el montaje y la filtración en base a un total de 42 elementos de sospecha, entre ellos un documento secreto que fue detectado en los archivos de la propia Seprelad.
Por Cinthia Mora, periodista.
Durante parte de su gobierno, el expresidente Mario Abdo Benítez (2021 a 2022) habría gestado, según el Ministerio Público, un esquema que aspiraba a generar investigaciones penales en contra de figuras contrarias a su movimiento dentro del Partido Colorado (Horacio Cartes y Santiago Peña) con el propósito de debilitar sus figuras en el ámbito político, económico y electoral.
Para llevar adelante ese objetivo, el expresidente Abdo Benítez compuso su gabinete de ministros con personas de experiencia en el ámbito investigativo (exagentes fiscales) entre ellos Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio y René Fernández.
La estrategia incluso había sido revelada por un excolaborador de Abdo, Eduardo Petta, quien reconoció en un programa de televisión que generar “pruebas” contra Cartes, a espaldas de la Justicia y en un contexto de odio político, era objetivo del Gobierno. Esta “confesión” de Petta revelaba la estrategia que luego sería utilizada en contra de los enemigos políticos de Abdo.
El acta de imputación de la Fiscalía revela de qué manera en el gobierno de Mario Abdo Benítez, autoridades y funcionarios no autorizados fueron armando una historia ficticia en contra de sus adversarios políticos y luego la publicaron en los medios oficialistas, con meros fines electorales.
EL ARCHIVO SECRETO
De acuerdo con la imputación, entre los meses de diciembre de 2021 a mayo de 2022, Carlos Arregui, entonces ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), junto con los funcionarios Carmen María Pereira Bogado, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene habrían redactado el informe de inteligencia n.° 10/2022 referenciado como “MARA041922MP” introduciendo información tergiversada y falsa, en colaboración con personas ajenas a la institución.
Este informe de inteligencia está fechado el 20 de mayo del 2022, dos meses antes de la “designación” hecha pública contra Horacio Cartes por parte de la Embajada de EE. UU. en Paraguay. La base documental de ese informe de inteligencia fue detectada en los archivos de la Seprelad, institución que remitió al Ministerio Público un reporte sobre los antecedentes de ese informe de inteligencia, quiénes fueron los funcionarios responsables de su elaboración y en qué condiciones fue redactado.
En su respuesta al pedido de la Fiscalía, la actual ministra de Seprelad, Liliana Alcaraz, reporta que se pudo detectar en los archivos de la Seprelad un documento en formato Word, que habría sido utilizado como borrador del informe de inteligencia del 20 de mayo. Esta respuesta de la Seprelad fue clave para que el Ministerio Público construya su tesis de montaje y filtración de los informes de inteligencia.
En el archivo informático de la Seprelad no solo quedó el borrador utilizado sino también quedaron registradas las “huellas” de quienes intervinieron en su elaboración. El reporte de Alcaraz a la Fiscalía incluye la copia de un correo electrónico de fecha 28 de marzo remitido por Carmen Pereira, entonces viceministra de Seprelad, a Francisco Pereira, director de Análisis B, donde se incluía el archivo formato Word utilizado como base del informe de inteligencia contra Horacio Cartes.
“CEREBROS” DE LA OPERACIÓN
En los archivos de la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico (DGAFE) de la Seprelad quedaron las huellas de la operación montada por funcionarios de la institución e incluso por personas ajenas a la institución y sin potestad legal para acceder a informes de inteligencia.
En el acta de imputación se incluyen los metadatos (huellas digitales) del archivo en formato Word remitido por Carmen Pereira a Francisco Pereira. Estos metadatos revelan que el autor del documento fue Daniel Farías Kronawetter y que la última modificación del documento fue hecha por René Fernández en fecha 26 de marzo del 2022 a las 21:58.
En ese sentido, según la Fiscalía, Daniel Farías Kronawetter (asesor de inteligencia financiera del ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, comisionado recién a partir de junio de 2022 a la Seprelad) y René Fernández, entonces ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción, ambos sin ser funcionarios de la Seprelad, habrían elaborado el borrador (documento Word) que sirvió para hacer el posterior informe confidencial filtrado a la prensa.
Tal es así que, Farías y Fernández habrían compuesto el archivo en formato Word “AAA_INFORME_ DE INTELIGENCIA_AAA_MJ” cuyo contenido sirvió de base para la elaboración del informe de inteligencia. Los datos confidenciales en dicho documento Word habrían sido utilizados por autoridades nacionales para que sean filtrados en redes sociales y discursos políticos.
Conforme al acta de imputación, el archivo habría servido de base para la filtración de datos, en primer lugar, cuando el entonces presidente de la República, Mario Abdo Benítez, afirmó durante un discurso político el 8 mayo del 2022 que Horacio Cartes a través de la firma Tabesa pagaba un sueldo de G. 16.000.000 a Óscar Boidanich, exministro de la Seprelad, a cambio de su silencio.
En segundo lugar, a través del diario Última Hora cuando publicó la noticia “Empresas de Cartes pagaron hasta 50 millones mensuales a Boidanich”. Y, en tercer lugar, a través del entonces secretario privado adjunto del presidente de la República, Mauricio Espínola, quien habría publicado en su red social Twitter (X) datos de los salarios percibidos por Santiago Peña como directivo del Banco Basa.
La Fiscalía sospecha que, el archivo secreto elaborado por Farías y Fernández habría tenido un doble propósito, por un lado, servir de base para la filtración de datos confidenciales de Santiago Peña y Óscar Boidanich a través de los medios de prensa, y por el otro, que estos mismos datos fueran utilizados para la emisión del posterior informe de inteligencia.
Senadora Amarilla tiene otra empresa con proveedor de la merienda escolar
Los ataques a proveedores de alimento escolar por parte de la parlamentaria liberal Celeste Amarilla para desacreditar el proyecto que busca centralizar de alguna manera los fondos para este rubro reflotaron sus vínculos con el negocio al punto de salpicarla en un esquema con prestanombres, acusaciones hasta de tráfico de influencias. De hecho, la senadora no puede desmarcarse mucho ya que tiene otra empresa con representante legal de una de las contratistas más grandes de la merienda escolar del Estado.
- Por Rossana Escobar M.
- rossana.escobar@nacionmedia.com
Para varios de sus detractores, colegas parlamentarios, era predecible la sacudida que iba a dar la senadora Celeste Amarilla con el proyecto del Ejecutivo que, de alguna manera, busca centralizar más la ejecución y el control de gastos en la compra de la merienda y el almuerzo escolar con la creación del Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae). Efectivamente, la reacción de la legisladora liberal no se hizo esperar y en la premura disparó contra algunos proveedores que según ella son los privilegiados con el plan oficialista.
Con los dardos que lanzó Amarilla, proveedores del rubro reflotaron los vínculos de esta con el negocio de las licitaciones de la merienda escolar. El empresario Miguel Cardona, uno de los principales blancos del ataque de la senadora liberal, no se hizo esperar para generar el efecto búmeran de los intereses particulares que presuntamente hacen reaccionar a la parlamentaria.
En entrevista, Cardona dijo que Amarilla sigue siendo su competidora en el rubro, pero que la misma hace figurar a otras personas para pasar desapercibida y que todo el país sabe de las empresas Pinoty SA y Arcángel SA de la senadora que proveen merienda y almuerzo escolares.
En redes sociales, incluso, el crítico internauta Hugo Portillo mostró documentos con firmas de la parlamentaria para incremento presupuestario a gobernación que arrastra deudas por provisión de alimento escolar. Esto además de que en Tortugas Py SA, empresa que declara Celeste Amarilla ante la Contraloría General de la República, figura como accionista Patricio Benjamín Buteler, representante legal de una de las prósperas proveedoras de merienda escolar.
No hay que olvidar que si bien la senadora se borró de los papeles al asumir el cargo, arrastra miles de millones en cuentas a cobrar a las proveedoras Pinoty SA y Arcángel SA que hoy día se llama LF Latinfood SA.
En sus declaraciones juradas Amarilla consignó en 2018 deudas a cobrar a Arcángel SA (LF Latinfood SA) por G. 3.000 millones y en 2019 G. 3.425 millones, cifras que en su última manifestación de bienes se redujeron a G. 125 millones; es decir, cobró el 9 6% de lo que le debían. Mientras que las cuentas a cobrar a la proveedora Pinoty SA de G. 4.500 millones en 2018 bajaron a G. 1.611 millones durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.
Mientras la parlamentaria ataca la iniciativa de centralización del uso de fondos de alimentación escolar alegando que la intención es “debilitar” al gobernador Ricardo Estigarribia y restar poder económico al departamento Central, lo que cae en realidad es el negocio de las proveedoras a las que se la vincula, considerando que el 53 % de las licitaciones adjudicadas en la última década, precisamente, fueron por parte de la Gobernación de Central.
María Isabel Gavilán, amiga de Celeste Amarilla y Patricio Buteler, socio de la senadora en otra empresa, representantes de proveedora de alimento escolar
Accionistas de la empresa Tortugas Py que declara la senadora Amarilla ante la Contraloría