Amnistía internacional va a la Corte, contra intendente que desató conflicto por marcha LGTBI
Amnistía Internacional, presentó el lunes 14 de octubre ante la Corte Suprema de Justicia una Acción de Inconstitucionalidad contra dos resoluciones de la Junta e Intendencia Municipal de la Ciudad de Hernandarias, las cuales consideran que vulneran los derechos humanos de personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (LGBTI).
La acción fue promovida junto al equipo Diversxs Alto Paraná, y con el apoyo de la Red Paraguaya de la Diversidad Sexual (REPADIS) e It Gets Better Paraguay.
Justamente el colectivo Diversxs Alto Paraná, había presentado el pasado 19 de septiembre un oficio informando al Intendente de Hernandarias sobre la realización de una marcha en esa ciudad programada para el 29 de septiembre.
La marcha tenía como motivo recordar el homicidio de Bernardo Aranda y los hechos vinculados a las investigaciones del caso en 1959, durante la dictadura de Alfredo Stroessner. El 27 de septiembre, el Intendente de Hernandarias, Rubén Rojas, emitió la Resolución 3076/19, que prohibió la realización de la marcha por considerarlas contrarias a la “moral pública”, y confirmó la Resolución 036/19, por la cual se declara a Hernandarias “Ciudad Pro-Vida y Pro-Familia”.
Al respecto, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, dijo que las resoluciones son “claramente de intolerancia” y refuerzan los prejuicios sociales, aumentando de esa manera las persecuciones en contra de las personas LGBTI.
A pesar de la decisión de las autoridades locales de prohibir la marcha, la organización decidió seguir adelante con la actividad. Desde el grupo denuncian que fueron agredidos física y verbalmente, sin que la Policía Nacional interviniera para defenderlos.
Mediante la Acción de Inconstitucionalidad presentada ante la Corte Suprema, Amnistía Internacional argumentó que las resoluciones violan los derechos a la libertad de expresión, la libertad de reunión y manifestación pacífica, y a la igualdad de las personas, entre otros.
Asimismo, la organización denunció la utilización de argumentos en favor de la protección de la “moral pública” como un pretexto para restringir indebidamente el derecho a la libertad de reunión y manifestación pacífica, particularmente en contra de las personas LGBTI.
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