“La Sala Constitucional del máximo tribunal de la República anuló, a solicitud del Defensor del Pueblo, ciudadano Alfredo Ruiz Angulo, la disposición contenida en el único aparte del artículo 565 del Código Orgánico de Justicia Militar, por carecer de suficiente claridad y precisión jurídica en lo que respecta a la conducta que pretendía sancionar“, indicó el TSJ en su sitio web.

“La referida norma, cuya existencia fue cuestionada por organismos internacionales, imponía pena de 1 a tres 3 años de prisión, al militar que cometiera ‘actos sexuales contra natura’, sin definir qué debe entenderse por tales actos”, añadió la nota.

La máxima corte consideró además que “dicha interpretación, a la luz de las concepciones científicas, sociales y jurídicas actuales, no resulta compatible con la Constitución ni con instrumentos internacionales (…) por ser contraria al postulado fundamental de progresividad en materia de garantía de los derechos humanos“.

Tras varias reformas, la más reciente en septiembre de 2021, el artículo 565 del Código de Justicia Militar se había mantenido inamovible, pese a pedidos de derogación de activistas ante el Parlamento, de mayoría oficialista.

La decisión de la máxima corte, sobre la que recaía declarar o no la inconstitucionalidad de este artículo, es considerada una “victoria” por miembros del movimiento LGBTI en Venezuela, un país eminentemente conservador.

“Después de tantos años de lucha hemos logrado la nulidad del artículo del código de justicia militar”, dijo a la AFP el activista Leandro Viloria, uno de los promotores de la abolición del artículo que derivó en la expulsión de un número no precisado de oficiales.

Un militar expulsado tras descubrirse que era homosexual señaló a la AFP que la anulación del artículo le abre la posibilidad a pedir su reenganche dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

“Ahora es cuestión de evaluar si dada esa situación mi reenganche procede, al menos con esto desaparecerá el temor”, señaló bajo anonimato.

Los diputados aprobaron con una mayoría de 170 sobre 329 escaños una serie de enmiendas a una ley antiprostitución de 1988, que también criminaliza a las personas transgénero.

Un borrador previo proponía la pena capital para las relaciones entre personas del mismo sexo, algo criticado por los activistas LGTBQ como una “peligrosa” escalada en un país donde esta comunidad ya es objeto de discriminación y ataques.

Las nuevas enmiendas establecen penas de entre 10 y 15 años de cárcel por mantener relaciones sexuales homosexuales, según el documento visto por la AFP.

También imponen un mínimo de siete años de cárcel por “promover” la homosexualidad y una pena de entre uno y tres años para los hombres que “intencionalmente” actúen como mujeres.

Las enmiendas también criminalizan “el cambio de sexo biológico basado en el deseo” y castigan a las personas transgénero y a los doctores que participen en cirugías de cambio de sexo con hasta tres años de cárcel.

La homosexualidad es tabú en la conservadora sociedad iraquí, pero hasta ahora no existía una ley que castigara explícitamente las relaciones entre el mismo sexo.

Aun así, miembros de la comunidad LGTBQ eran perseguidos por acusaciones de sodomía u otros tipos penales vinculados a la moralidad y la prostitución.

“Irak ha traducido en ley la discriminación y la violencia a las que los miembros de la comunidad LGBTI han estado sometidos con absoluta impunidad durante años”, dijo Razaw Salihy, investigadora por este país en Amnistía Internacional.

“Las enmiendas que afectan a los derechos LGBTI son una violación de los derechos humanos fundamentales”, denunció.

Según el diputado Raed al Maliki, que avanzó las enmiendas, “la ley sirve como medida preventiva para proteger a la sociedad de estos actos”, dijo a la AFP.

La aprobación se aplazó hasta después de la visita del primer ministro Mohamed Shia al Sudani a Washington este mes para evitar que la ley, criticada en Estados Unidos y la Unión Europea, impactara en ese viaje.

El Departamento de Estado estadounidense expresó preocupación por la ley y advirtió que “mina los esfuerzos de reforma política y económica de gobierno”, dijo su portavoz Matt Miller.

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Según imágenes retransmitidas por televisión, 399 diputados votaron a favor de la iniciativa y 10 lo hicieron en contra, aunque el texto todavía tendrá que ser aprobado por el Senado, antes de que el rey lo promulgue. Un procedimiento que podría tomar semanas o incluso meses.

Tras el resultado, un diputado llevó una bandera arcoíris al hemiciclo.

“Hoy, la sociedad nos ha demostrado que se preocupan por los derechos LGTB”, declaró a la AFP Tunyawaj Kamolwongwat, un parlamentario del Partido Avanzar, una formación progresista que ha presionado en favor de los derechos de las personas lesbianas, gays, trans, bisexuales y queer.

“Ahora por fin tenemos los mismos derechos que el resto”, agregó.

En Asia, solo Taiwán y Nepal reconocen los matrimonios entre personas del mismo sexo. En India, el Tribunal Supremo declinó pronunciarse sobre la cuestión y afirmó que corresponde al Parlamento decidir si ese tipo de enlace se debe legalizar.

En Tailandia el colectivo LGTBQ es muy visible, pero la nación, de mayoría budista, sigue regida por unas leyes conservadoras que discriminan a las parejas homosexuales y a las personas trans.

La propuesta que aprobaron este miércoles los diputados busca sustituir las menciones de “hombres”, “mujeres”, “esposos” y “esposas” de la ley actual sobre el matrimonio por términos de género neutro.

Si es ratificada, la nueva ley otorgará a las parejas homosexuales derechos en materia de adopción y herencia.

- “Un paso enorme” -

“Esto es un paso enorme para nuestro país”, declaró a la AFP Mookdapa Yangyuenpradorn, portavoz del grupo de defensa de derechos humanos Fortify Rights.

“Espero que la última etapa se desarrolle de forma fluida, y que Tailandia esté al mismo nivel que el resto del mundo en materia de derechos LGTB+”, añadió la vocera.

El año pasado, el gobierno del primer ministro, Srettha Thavisin, accedió a que el Parlamento debatiera sobre esta cuestión.

El primer ministro ha expresado abiertamente su apoyo al colectivo LGTBQ+, haciendo de esta política una bandera. El año pasado, dijo a la prensa que este cambio fortalecerá las estructuras familiares.

Se trata de un “momento de orgullo para la sociedad tailandesa, que camina unida hacia una mayor igualdad social y el respeto de las diferencias”, destacó Thavisin en la plataforma X.

Los activistas llevan más de una década reclamando la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, pero en un país en el que la política se suele ver sacudida por golpes de Estados y protestas masivas, sus logros han sido escasos hasta ahora.

En 2022, los legisladores tailandeses dieron su visto bueno inicial a dos proyectos de ley destinados a autorizar el matrimonio homosexual y a otros dos para que permitir las uniones civiles entre personas del mismo sexo.

Pero la iniciativa no prosperó porque el Parlamento fue disuelto para organizar las elecciones generales celebradas el año pasado.

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“Se trata del primer caso penal de este tipo en Rusia tras la decisión de la Corte suprema de clasificar como extremista al movimiento LGBT”, se congratuló Ekaterina Mizulina, una militante de los “valores tradicionales” defendidos por Vladimir Putin.

Tras una audiencia a puerta cerrada, el tribunal de Orenburgo decidió “encarcelar a dos personas acusadas”, indicó en Telegram el tribunal de Orenburgo que juzgaba el caso.

Precisó que el director artístico y la administradora del bar “Pose” seguirán detenidos al menos “hasta el 18 de mayo”. La detención provisional es por lo regular prolongada en Rusia hasta el veredicto del proceso.

Selon la acusación, “durante la investigación, se estableció que los acusados, personas con orientación sexual no tradicional, (...) apoyan también las opiniones y las actividades de la asociación pública internacional LGBT prohibida en nuestro país”.

Ambos acusados pueden ser condenados a penas de hasta diez años de cárcel, según las autoridades.

Desde 2013, una ley en Rusia prohíbe la “propaganda” de “relaciones sexuales no tradicionales” para los menores.

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