Putin, ante el mayor desafío desde que llegó al poder a fines de 1999, se dirigió en tono marcial a la nación para afirmar que la rebelión del jefe de Wagner, Yevgueni Prigozhin, a quien nunca nombró explícitamente, constituía “una puñalada por la espalda” para Rusia.

“A lo que nos enfrentamos es exactamente a una traición. Una traición provocada por la ambición desmesurada y los intereses personales” de un hombre, agregó, prometiendo que esa situación tendrá su “castigo”.

El jefe de Wagner replicó inmediatamente después que el presidente ruso está “muy equivocado” al acusar de “traición” a los paramilitares.

“Somos patriotas. Nadie planea rendirse a petición del presidente, de los servicios de seguridad o de nadie”, sostuvo Prigozhin, criticando por primera vez directamente al Kremlin.

En redes sociales, cundieron rumores de que Putin había abandonado Moscú, pero su portavoz, Dmitri Peskov, citado por la agencia Ria Novosti, aseguró que el presidente está “trabajando en el Kremlin”.

Previamente, Prigozhin anunció la toma del cuartel general del ejército ruso en Rostov, centro neurálgico de las operaciones en Ucrania, y aseguró que controla varias instalaciones militares, “incluido el aeródromo”.

Las autoridades regionales de Rostov y de Lipetsk (a unos 400 km al sur de Moscú) instaron a la población a permanecer en sus hogares.

Por la tarde, combatientes de Wagner fueron señalados en la región de Lipetsk.

En su discurso, Putin admitió que la situación en Rostov era “difícil”.

El gobernador de Voronezh indicó que un depósito de carburante ardió en esa región a medio camino entre Rostov y Moscú y que el ejército estaba llevando a cabo operaciones de “combate” en el marco de una “operación antiterrorista”.

En Moscú se instauró un “régimen de operación antiterrorista”.

Prigozhin advirtió el viernes que cuenta con 25.000 efectivos decididos a llegar “hasta el final” y “destruir todo lo que se interponga” en su camino.

“Estamos muriendo por el pueblo ruso, que debe ser liberado de quienes bombardean a la población civil”, afirmó.

“Hay que poner freno a quienes tienen responsabilidad militar en el país”, insistió el jefe paramilitar, llamando a los rusos a unirse a sus tropas y a no oponer resistencia.

Para apoyar a Putin, el líder de la república rusa de Chechenia (en el Cáucaso), Ramzan Kadirov, anunció que envió a sus combatientes a las “zonas de tensión” para “preservar la unidad de Rusia”.

– “Con el presidente” –

El presidente de la cámara baja del Parlamento ruso, Viacheslav Volidin, instó a la población a respaldar al “presidente Vladimir Putin, comandante en jefe”, y su par de la cámara alta, Valentina Matvienko, recalcó que la fuerza” de Rusia reside en “la unidad” y su “intolerancia histórica a las traiciones y las provocaciones”.

El patriarca Cirilo, jefe de la Iglesia ortodoxa de Rusia y aliado de Putin, llamó igualmente a la “unidad” ante los “intentos de sembrar la discordia”.

Los responsables de la ocupación rusa en las regiones ucranianas de Donetsk y Lugansk (este) y de Zaporiyia y Jersón (sur) también dieron el apoyo de esos territorios a Putin.

Desde Ucrania, el presidente Volodimir Zelenski afirmó que la rebelión de la milicia de mercenarios demuestra la “evidente” debilidad de Rusia y destacó que su país está protegiendo a Europa “del mal y el caos” rusos.

– Investigación –

La fiscalía general rusa abrió el viernes una “investigación penal en relación con el intento de organizar un motín armado”, anunció el portavoz del Kremlin.

En sus mensajes de ese día, el jefe de Wagner afirmó que sus hombres fueron bombardeados por el ejército ruso cerca de la línea de frente con Ucrania y acusó al ministro de Defensa, Serguéi Shoigu, de haber ordenado esos ataques.

Unas acusaciones que son una mera “provocación” y “no se corresponden con la realidad y son una provocación”, replicó el Ministerio de Defensa.

Las fuerzas de seguridad rusas, el FSB, llamaron a los combatientes de Wagner a detener a su jefe y un influyente general ruso, Serguéi Surovikin, instó a los milicianos a renunciar a su revuelta.

Fuente: AFP

Las tropas rusas han logrado varios avances en la región de Donetsk la última semana, lo que ha generado incluso críticas de los blogueros militares ucranianos, que no suelen enjuiciar a las fuerzas armadas de su país.

“Gracias a las operaciones activas, unidades del grupo de fuerzas central han liberado la aldea de Novobajmutivka”, indicó el Ministerio de Defensa ruso.

Esta posición está situada a cerca de 10 kilómetros al norte de la ciudad de Avdiivka, que las fuerzas rusas tomaron en febrero tras una de las batallas más rudas desde que empezó el conflicto en febrero de 2022.

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Este avance colocó en dificultades al ejército ucraniano, que enfrenta esta ofensiva con una escasez de hombres y de municiones.

El jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, Oleksandr Syrsky, afirmó a mediados de mes que la situación en el frente oriental “empeoró considerablemente” y reconoció que Rusia ha obtenido algunos “éxitos tácticos”.

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El director de inteligencia del Ministerio de Defensa ucraniano, Kirilo Budánov, advirtió este mes que la situación en el frente iba a empeorar hacia mediados de mayo y junio.

Kiev espera que la aprobación en el Congreso de Estados Unidos de un nuevo paquete de ayuda militar por miles de millones de dólares le permita estabilizar la situación en las extensas líneas del frente.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará a partir de la cero hora del lunes un paro de 72 horas en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

La medida, dijo el secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, paralizará las exportaciones de agroalimentos y controles sanitarios en todo el territorio argentino.

“Este paro seguramente acarreará pérdidas multimillonarias para nuestro país y el Gobierno es el único responsable. Si se aprueba la Ley Bases, el Estado será destrozado”, dijo Aguiar.

La medida se produce en la etapa inicial del período de mayor liquidación de agroexportaciones e ingreso de divisas a la Argentina, pues implica la paralización de controles en puertos, aeropuertos y aduanas.

Al cese de la fiscalización de las barreras zoofitosanitarias, que impide la salida de productos, se sumará la movilización del sindicato el martes 30 de abril al Congreso de la Nación, fecha en que se estima que la Cámara de Diputados continuará tratando el proyecto oficial en una maratónica sesión que se iniciará el lunes.

Proyecto con dictamen

El tratamiento de la versión reducida del original proyecto de “Ley de Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” es el resultado del dictamen de mayoría firmado el jueves en la Cámara baja.

Según ATE, la pieza legislativa propicia “una dura reforma del Estado que deteriorará notablemente el funcionamiento de organismos estatales, incluido el Senasa. Por eso, dice el sindicato, “el 30 de abril ATE se movilizará frente al Congreso en una nueva Jornada Nacional de Lucha en el marco del Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas, fecha en la que se estará tratando el proyecto en el recinto parlamentario”.

“El único lenguaje que entiende el Gobierno es el de los números, y por eso decidimos paralizar todas las exportaciones. Se van a suspender todos los controles en las aduanas, puertos y aeropuertos, y se van a levantar todas las barreras de control zoofitosanitarias en el país”, dijo Aguiar.

Según el dirigente sindical, “si se aprueba esta ley, el presidente Milei tendrá facultades para reestructurar cualquier dependencia pública, incluso achicar, fusionar y hasta disolver cualquier organismo”.

Respecto al caso del Senasa, agregó: “pretenden dejar sobre la órbita del Senasa solamente la certificación de las importaciones, porque es lo único que le interesa al Gobierno para obtener divisas. El resto de las funciones se la van a delegar empresas privadas o incluso a los estados provinciales. También quieren que los controles de pasos fronterizos terrestres pasen a Gendarmería, y en los aeropuertos internacionales a la Aduana”.

En busca de una excepción

El objetivo de la medida, dijo Aguiar, es que el gobierno exceptúe al Senasa de los organismos alcanzados por la ley. En un comunicado, ATE subrayó la importancia de “contar con un servicio de control de calidad y sanidad fuerte y eficiente, especialmente ante una política de apertura de importaciones tan marcada como la del Gobierno nacional”.

El Senasa tiene a su cargo la fiscalización de producción agroalimentaria y está habilitado al respecto por la Organización Mundial del Comercio (OMC) que el organismo de control de la normas fitosanitarias necesarias para exportar a los otros países.

Según ATE, “sin estos controles no habrían exportaciones ya que son el único organismo argentino con la potestad de regularlo”.

Como ejemplo, apuntó: “si se levantan las barreras de control zoofitosanitario, se pone en riesgo el estatus sanitario alcanzado por la Argentina, pudiendo perderse la zona libre de moscas de los frutos que dificultaría el comercio de productos con Estados Unidos, encareciendo considerablemente los costos de la exportación.

El sindicato también aseguró que “se perdería la zona libre de aftosa, por lo cual la carne que se comercializa entraría en el circuito mundial de comercialización de países con aftosa, perdiendo el mercado de países que compran carne al circuito no aftosa que se paga mucho más”, como el caso de Japón.

Según ATE, “no hay ningún motivo para aplicar un recorte en este sector, ya que el mismo se autofinancia, e incluso le aporta al Estado argentino decenas de miles de millones de pesos anuales”.

La institución indicó en la red social X haber “logrado que 14 pandilleros de la MS (Mara Salvatrucha), que operaban en diferentes sectores de Santa Tecla y La Libertad, sean condenados a penas de hasta 120 años de cárcel”.

Los pandilleros fueron encontrados culpables del homicidio de 14 personas entre 2017 y 2019.

“Estos criminales privaban de libertad a las víctimas, les quitaban la vida y las enterraban en cementerios clandestinos. Entre las víctimas hay un policía”, señaló el comunicado.

Precisó que cuatro de los acusados recibieron las condenas mayores, a 52, 64, 112 y 120 años de prisión, por los delitos de homicidio y agrupaciones ilícitas.

El presidente Nayib Bukele mantiene desde marzo de 2022 una “guerra” contra las pandillas amparado por un polémico régimen de excepción tras una escalada de 87 homicidios en un fin de semana.

Desde entonces, las autoridades han arrestado a 79.800 presuntos pandilleros, de los cuales 7.600 han sido liberados, indicó en una reciente entrevista con AFP el ministro de Justicia y Seguridad Gustavo Villatoro.

La cruzada contra las pandillas devolvió una aparente tranquilidad a las calles del país centroamericano, pero es criticada por organismos de derechos humanos debido a que el régimen de excepción permite detenciones sin orden judicial.