Durante casi cuatro años de diálogos en Cuba, el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se marcaron una hoja de ruta de seis puntos para terminar con un enfrentamiento que ha involucrado a otras guerrillas, paramilitares y fuerzas del Estado, con un saldo oficial de 260.000 muertos, 45.000 desaparecidos y 6,9 millones de desplazados.

El pacto de La Habana, un complejo texto de 297 páginas, prevé en esencia que las FARC se desarmen y se conviertan en un partido político, pero sólo entrará en vigor si es aprobado por los colombianos en un plebiscito el 2 de octubre.

Con Cuba y Noruega como garantes y Venezuela y Chile como acompañantes, además del apoyo de Estados Unidos, el papa Francisco y Naciones Unidas, el acuerdo de paz contiene los siguientes compromisos:

– Fin de la guerra –

Activo desde 1964, el conflicto con las FARC está prácticamente detenido desde julio de 2015 cuando los rebeldes suspendieron de forma unilateral sus acciones y el gobierno, en respuesta, interrumpió los bombardeos meses después.

Con el acuerdo de paz vigente, entrará a regir el alto al fuego bilateral y definitivo en todos sus términos. Entonces, la guerrilla entregará la lista completa de sus miembros (el gobierno estima que son unos 7.000 combatientes, más un número similar de milicianos y colaboradores), que se concentrarán temporalmente en 28 puntos de Colombia para, en un plazo de seis meses, dejar las armas y reincorporarse a la vida civil.

Todo esto se hará bajo verificación de un órgano tripartito compuesto por el gobierno, los rebeldes y observadores desarmados de la ONU. Los fusiles serán fundidos y se levantarán tres monumentos.

– Víctimas –

Las víctimas del conflicto serán cobijadas por un sistema que buscará garantizar verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de la violencia.

El esquema prevé la creación de tribunales especiales con un total de 48 magistrados – 10 de ellos extranjeros – que juzgarán a guerrilleros, agentes del Estado y civiles involucrados en delitos graves como secuestro, violaciones sexuales, desplazamiento, reclutamiento de menores, entre otros.

Quienes confiesen su responsabilidad en este tipo de acciones podrán evitar la cárcel, de lo contrario pagarán condenas de ocho a 20 años.

Al final será la corte especial la que determinará la pena alternativa y la reparación, que en el caso de las FARC no está claro si lo harán con recursos propios.

Sin embargo, se espera que la mayoría de los guerrilleros sean amnistiados con una ley que el gobierno presentará al Congreso una vez el plebiscito dé luz verde a lo negociado.

– Narcotráfico –

A partir de los años 1980, el narcotráfico alimenta y agrava el conflicto con los rebeldes.

Las partes acordaron un plan para la sustitución de cultivos ilícitos en las zonas de influencia guerrillera, en tanto la guerrilla se comprometió a desvincularse del negocio del narcotráfico.

Las autoridades seguirán combatiendo el narcotráfico, pero darán alternativas de sustento a los campesinos que acepten el reemplazo de cultivos. El consumo de drogas será tratado como problema de salud pública.

– Política sin armas –

Las FARC pasarán a ser una fuerza política, para lo cual recibirán garantías legales y de seguridad para competir en elecciones.

El compromiso del gobierno es asegurarles diez escaños en el Congreso (de 268 legisladores) por dos períodos si no logran los votos suficientes. También habrá circunscripciones especiales de paz en zonas castigadas por el conflicto donde serán elegidos representantes de movimientos no tradicionales, lo que se supone ampliará el espectro democrático.

Las FARC contarán con condiciones de seguridad para evitar que sus cuadros sean asesinados, como ocurrió a finales de los 1980 y principios de los 1990 con el asesinato en masa de dirigentes, militantes y simpatizantes de izquierda de la Unión Patriótica, un partido surgido con exmiembros de las FARC tras el fallido proceso de paz de 1984.

– Atención del campo –

Históricamente, las FARC justificaron su lucha en la defensa de los campesinos pobres y víctimas de la violencia estatal.

El gobierno se comprometió a dar mayor acceso a tierras, créditos y dotar de servicios básicos las zonas rurales azotadas por la violencia. Este punto demanda millonarias inversiones a largo plazo.

– Refrendación en un plebiscito –

El acuerdo de La Habana será sometido a un plebiscito el próximo 2 de octubre. Para su aprobación se requiere al menos de 4,4 millones de votos por el ‘Sí’ y que esa opción no sea superada por el ‘No’.

Solo entonces el Congreso podrá aprobar las leyes y reformas necesarias para los pactos, cuya implementación tardará en principio hasta 2018. Si se impone el ‘No’, el acuerdo tal como fue negociado no podrá ser llevado a la práctica.

El Ministerio de Salud de Argentina confirmó en fecha reciente el primer caso humano de encefalitis equina del oeste (EEO) en más de dos décadas, según se lee en un comunicado difundido por el organismo en su portal oficial.

De acuerdo con el reporte, se trata de una persona residenciada en una localidad de la provincia de Santa Fe (noreste), donde las autoridades sanitarias ya habían detectado caballos enfermos e implementado el protocolo de vigilancia epidemiológica en humanos, de conformidad con la alerta decretada el pasado 28 de noviembre.

“En este marco, el caso se abordó como sospechoso ante los síntomas que presentaba y el antecedente de residencia en una región donde hubo casos confirmados en equinos”, precisa el texto.

Las autoridades sanitarias explican que la EEO “es una enfermedad causada por un virus que se transmite a través de la picadura de mosquitos infectados que actúan como vectores, principalmente en áreas rurales”, que “tiene un periodo de incubación de dos a 10 días” y que, por lo general, presenta un cuadro leve de fiebre, cansancio, malestar general y dolores musculares, que remite “espontáneamente” en un lapso de entre siete y 10 días.

Como medidas preventivas recomiendan sanear el ambiente destinado a los caballos, drenar o rellenar los espacios donde puedan acumularse aguas que sirvan como receptáculos de cría de huevos de mosquitos y desmalezar las áreas circundantes a las viviendas, para disminuir la presencia de mosquitos adultos.

A esto suman vestir de mangas largas en lugares de riesgo, instalar mosquiteros en puertas y ventanas, usar insecticidas domésticos y fumigar periódicamente las áreas abiertas con repelentes de insectos que contengan el ingrediente activo DEET.

“He ordenado la activación de una acción conjunta de toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana sobre el Caribe Oriental de Venezuela, sobre la fachada atlántica, una acción conjunta de carácter defensiva y como respuesta a la provocación y a la amenaza del Reino Unido contra la paz y la soberanía de nuestro país“, dijo Maduro en una cadena de radio y televisión, en la que mostró imágenes de navíos y aviones de guerra patrullando la zona.

De concretarse un conflicto bélico, sería el tercero en curso detrás del que enfrenta a Ucrania y Rusia y el de Israel y el grupo terrorista Hamás. Además, el primero en desarrollo en Sudamérica, luego de mucho tiempo.

“El día 24 vamos a hacer un paro con movilización al Congreso para apoyar a aquellos diputados y senadores que nos planteen que esto no puede pasar en Argentina”, dijo Daer este jueves, al considerar que el decreto y los proyectos de ley, que buscan desregular la economía argentina, concentrarían en el presidente “la suma del poder público”.

Milei, un ultraliberal que asumió la presidencia el 10 de diciembre, se propone dar un gigantesco remezón a la economía argentina con la derogación o reforma de más de 300 leyes mediante un decreto que entrará en vigor el viernes y que incluye el régimen laboral.

Puede interesar: Inflación de diciembre fue de 0,3%, según informe del BCP

Además, presentó esta semana al Congreso un paquete de modificaciones de leyes que permitirá la privatización de más de 40 empresas públicas y limitará el derecho de reunión y manifestación, entre otros aspectos.

La CGT pidió el miércoles ante la justicia la declaratoria de inconstitucionalidad del decreto de Milei, con una movilización de miles de personas a la sede de los tribunales en Buenos Aires.

“No hay ningún contacto con el gobierno, y nosotros no propusimos esta dinámica”, declaró Daer.

Lea también: Sanear las cuentas heredadas de la era Abdo, prioridad económica para el gobierno

“En menos de una semana transforman la Argentina y nos llevan a la Argentina pastoril”, criticó el dirigente sindical al aludir a las propuestas de Milei, quien se considera un libertario capitalista.