La dramática afirmación figura en informes elaborados por el Banco Mundial, Unicef, Unesco, USAID y otras agencias internacionales.

Según el documento titulado “Dos años después: salvando a una generación”, del BM, Unicef y Unesco, cuatro de cada cinco niños en América Latina y el Caribe no podrán comprender un texto simple.

Asimismo, el estudio “Situación de la pobreza de aprendizaje a nivel mundial: actualización 2022”, elaborado por el BM, las mencionadas agencias de la ONU, USAID FCDO y BMGF, revela que nueve de cada diez alumnos de la región son incapaces de leer un texto simple al final de la educación primaria.

Sólo África Subsahariana presenta resultados peores.

El primer informe destaca que la pandemia de covid-19 provocó en América Latina y el Caribe los cierres de escuelas más largos y constantes del planeta, a raíz de los cuales los alumnos de la región perdieron en promedio 1,5 años de aprendizaje.

Ello puede significar un retroceso más de diez años, subraya el texto.

La región “enfrenta una crisis educativa sin precedentes que podría comprometer el desarrollo futuro de nuestros países”, comentó Carlos Felipe Jaramillo, vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe.

“El hecho de que una gran mayoría de los alumnos de sexto grado tal vez no logre comprender lo que leen pone un signo de interrogación sobre el bienestar futuro de millones de niños que aún no desarrollaron competencias fundamentales críticas, algo que eleva el riesgo de profundizar aún más las desigualdades de larga data en la región”, agregó.

“Demasiados niños no han podido regresar a la escuela a tiempo completo, y muchos de los que han regresado están perdidos. En ambos casos no están aprendiendo”, dijo por su lado Jean Gough, director de Unicef para América Latina y el Caribe, para quien esta “catástrofe educativa” se reproduce “día tras día”.

Según Claudia Uribe, directora de OREALC/UNESCO Santiago, solo priorizando la educación en la agenda pública se puede lograr una recuperación.

Entre las “acciones clave” para “reencauzar a esta generación”, el documento propone reintegrar a todos los alumnos que hayan abandonado el sistema educativo y asegurar que permanezcan en él, así como valorar y formar a los docentes.

Fuente: AFP

Trump designó a Bryan Bedford, director ejecutivo de Republic Airways, para encabezar esta dependencia que gestiona la Organización de Tráfico Aéreo y está supervisando las operaciones de seguridad de Boeing tras una serie de incidentes de gran resonancia.

Su nombramiento requiere, sin embargo, la confirmación del Senado.

En su red Truth Social, Trump citó las más de tres décadas de experiencia en aviación de Bedford y aseguró que éste trabajará con el Departamento de Transporte “para reformar enérgicamente la agencia”, “salvaguardar” las exportaciones y “garantizar la seguridad de casi mil millones de desplazamientos anuales de pasajeros”.

En una nota de Republic Airways, Bedford afirmó que aspira a “desarrollar y desplegar un sistema de control aéreo nuevo, moderno y rentable que conduzca a una red de aviación más segura y eficiente”, objetivos para los que pidió el apoyo del Congreso.

La FAA anunció la semana pasada nuevas restricciones al tráfico de helicópteros cerca al aeropuerto de Washington, donde el 29 de enero un avión chocó contra un Black Hawk militar, matando a 67 personas.

El incidente, que puso fin a una racha de 16 años sin accidentes aéreos comerciales mortales en Estados Unidos, agravó la preocupación por el sistema local de control aéreo, que algunos consideran una tarea con escasez de personal y plagada de equipos antiguos.

La agencia también es objeto de los recortes de personal de la comisión de eficiencia gubernamental (DOGE) dirigida por el magnate Elon Musk, ahora cercano asesor de Trump.

La FAA también está en estrecho contacto con Boeing mientras implementa reformas de seguridad y control de calidad tras un incidente ocurrido en enero de 2024 en un Boeing 737 MAX, en el que la escotilla de la puerta estalló en pleno vuelo.

Ese incidente siguió a dos accidentes mortales de su modelo MAX en 2018 y 2019 en Indonesia y Etiopía.

“Por el Ministerio del Interior trabaja la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional en coordinación con Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia) del Ministerio de Defensa y Presidencia”, indicó a la AFP la informante.

“Habrá comunicación oficial en unas horas”, agregó, sin dar más detalles.

Según los reportes de prensa, el sitio de la Dinacia, dependiente del Ministerio de Defensa, fue vulnerado este lunes con información extraída el viernes del Sistema de Gestión de Seguridad (SGSP) del Ministerio del Interior.

El periodista local Eduardo Preve afirmó en su cuenta en la red X que “el ataque se produjo desde Argentina y su autor fue La Pampa Leaks”, en colaboración con BogotaLeaks & Uruguayo1337, según se indica en el foro de internet BreachForums.

En la captura de pantalla de la web de la Dinacia, divulgada por varios medios, se puede ver las fotos de Orsi y del director de seguridad de Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agecic), Mauricio Papaleo, supuestamente tomadas de sus documentos de identidad.

El teléfono personal del presidente Orsi también aparecía, según los informes, pero no se muestra en el material publicado.

Además, se puede leer el siguiente mensaje: “Uruguay cada vez está peor, hay más corrupción política, más mafias, más pobreza y lo único que ve el pueblo en la respuesta del Estado son agendas políticas dictadas por la agenda 2030 y el WEF (Foro Económico Mundial)”.

“Nos cansamos del progresismo, las mentiras de los políticos y sobre todo de que la imagen del Uruguay esté decayendo. Uruguay necesita gobernantes, no títeres”, añade.

“Tenemos acceso a todas las direcciones, registros SGSP, secretos y carpetazos de cada político y funcionario público. Sabemos quénes son, sabemos dónde se encuentran y les haremos pagar por lo que están haciendo con Uruguay”, concluye el texto.

El director de la Dinacia, Leonardo Blengini, dijo al diario El Observdor que se había creado “un parche por encima del portal”, una especie de “foto” puesta por arriba, pero descartó indicios de acceso al interior de la web gubernamental.

Fuente: AFP

Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, usada por última vez durante la Segunda Guerra Mundial, para emitir la orden de expulsión, pero el sábado un juez federal la suspendió, al parecer cuando ya estaba en marcha el proceso de traslado a El Salvador.

“Hoy llegaron a nuestro país los primeros 238 miembros de la organización criminal venezolana Tren de Aragua”, informó en la red social X el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, quien precisó que también fueron enviados 23 miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13), entre ellos dos cabecillas.

Bukele publicó un video que muestra el operativo de traslado “inmediato” de los detenidos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), en Tecoluca, 75 km al sureste de San Salvador, donde, dijo, permanecerán por “un período de un año (renovable)”.

En una reunión con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en febrero en El Salvador, Bukele había ofrecido encarcelar en su país a “peligrosos criminales” que enviara el gobierno de Trump.

Estados Unidos incluyó en febrero en su lista de organizaciones terroristas al Tren de Aragua, de origen venezolano; a la MS-13, creada por salvadoreños y otros migrantes en Los Ángeles, y a seis cárteles mexicanos.

Al emitir la orden de expulsión, Trump argumentó que tenía derecho a declararlos “enemigos extranjeros” bajo la ley de hace más de dos siglos.

Ante esa decisión, el gobierno venezolano consideró este domingo que Trump “criminaliza” a migrantes de la nación sudamericana usando esa antigua ley que calificó de “anacrónica”.

“Venezuela rechaza de manera categórica y contundente la proclama del gobierno de Estados Unidos que criminaliza de forma infame e injusta a la migración venezolana”, reza un comunicado del gobierno de Nicolás Maduro.

- Encadenados y rapados -

Los tres aviones con los presos aterrizaron en el aeropuerto internacional de El Salvador.

En los videos divulgados por el gobierno salvadoreño se ve a los militares cuando bajan de los aviones a los detenidos encadenados, y los suben a autobuses para llevarlos al Cecot.

A su llegada a la cárcel de máxima seguridad, fueron arrodillados mientras decían sus nombres a los agentes penitenciarios, quienes les raparon sus cabezas. El video mostró también cómo fueron ingresados a sus celdas vestidos con pantalón corto, camiseta y calcetines blancos.

“Estamos ayudando a nuestros aliados, haciendo autosostenible nuestro sistema penitenciario”, agregó en X Bukele, al señalar que “Estados Unidos pagará una tarifa muy baja por ellos, pero alta” para El Salvador.

Este domingo, en su plataforma Truth Social, Trump agradeció a Bukele. “Estos son los monstruos que el corrupto (expresidente) Joe Biden y los demócratas de izquierda radical enviaron a nuestro país”, escribió Trump.

Bukele lanzó el Cecot hace tres años en el marco de su cruzada contra las pandillas, cuestionada por organizaciones de derechos humanos por permitir arrestos sin orden judicial. Miles de inocentes fueron detenidos.

El criminólogo salvadoreño Misael Rivas opinó que para Bukele es una oportunidad de mostrar su “capacidad de ayudar” a un “socio importante”. “No llegan a pasear (los presos), estarán bajo un régimen severo”, dijo a la AFP.

Considerada la prisión más grande de América Latina, fue inaugurada el 31 de enero de 2023. Esta diseñada para 40.000 presos, pero hasta ahora estaban recluidos unos 15.000 miembros de la MS-13 y la pandilla rival Barrio 18.

“Es un enorme negocio para Bukele, va a sacarle la plata a Estados Unidos alquilándole el Cecot sin rendirle cuentas de eso a nadie y sin tener una ley que lo respalde”, declaró a la AFP Ingrid Escobar, directora de la oenegé Socorro Jurídico Humanitario.

En su cuenta en X, Rubio informó también del envío a El Salvador de 23 miembros de MS-13 y de “más de 250 extranjeros enemigos del Tren de Aragua”. Esa cifra difiere de la anunciada por Bukele.

El Tren de Aragua se conformó en 2014 en la cárcel venezolana de Tocorón, en el estado de Aragua (centro-norte). Está vinculado a asesinatos, secuestros, robos, venta de drogas, prostitución, extorsión y trata de personas.

Sus actividades se expandieron a varios países del continente, entre ellos Estados Unidos, y en Sudamérica a Colombia, Chile y Perú, según diversos informes de inteligencia.

Tres países centroamericanos -Guatemala, Panamá y Costa Rica- han aceptado servir de “puente” para migrantes deportados por Washington, pero El Salvador es el único que acepta presos.

Fuente: AFP