“Vengo en nombre de la República Argentina a ratificar el reconocimiento de su responsabilidad internacional (…) por la violación a los derechos humanos de las víctimas del atentado contra la AMIA y sus familiares”, dijo Natalia D’Alessandro, titular de la unidad especial del Ministerio de Justicia que se encarga de esta causa.

En “el peor ataque terrorista contra la sociedad argentina”, el Estado “no tomó las medidas adecuadas de protección a pesar del riesgo”, sostuvo.

“También es responsable por la violación de los derechos al acceso a la información (…) Quienes estaban a cargo del poder público en ese momento tomaron la decisión de encubrir la verdad”, añadió, antes de afirmar que el reconocimiento “se extiende” desde 2005 “hasta hoy”.

Argentina aceptó por decreto su responsabilidad en el atentado en 2005.

Las declaraciones fueron parte de los alegatos finales en el segundo y último día de audiencia pública por este caso en Montevideo, en el marco del 153 período de sesiones de la CorteIDH que transcurre esta semana en Uruguay.

El tribunal abordó la denuncia de la Asociación Civil Memoria Activa -compuesta por familiares de víctimas- y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que señalan al Estado argentino de no haber prevenido y no haber investigado de manera adecuada el atentado ocurrido el 18 de julio de 1994 que dejó 85 muertos y 300 heridos.

Los demandantes apuntan a graves irregularidades por parte de los órganos estatales que dirigieron la investigación, la cual se desvió deliberadamente por más de ocho años.

Tras escuchar el reconocimiento, el juez uruguayo Ricardo Pérez Manrique, presidente de la CorteIDH, recordó que en la audiencia se invocaron como causa de las demoras en la investigación “corrupción, falta de independencia y falta de profesionalismo en las más altas esferas del Estado argentino”.

“Debemos entender que esto está abarcado dentro del reconocimiento que se ha hecho”, apuntó.

Asimismo, en referencia a palabras de D’Alessandro, que pidió “una sentencia de vocación transformadora”, recalcó que el tribunal está actuando “porque el Estado argentino no ha resuelto la problemática vinculada con la investigación del atentado terrorista a lo largo de 28 años”.

“Todos sabemos que una sentencia de la Corte va a demorar (…) pero creo que hay una cantidad de líneas de acción que no tienen que esperar una sentencia para activarse”, señaló, antes instar a “generar hechos concretos”.

En la misma línea contestó la integrante de Memoria Activa Diana Wassner, quien el jueves declaró como testigo de los demandantes.

“Realmente, es para nosotros alentador este reconocimiento (…) pero nos parecerá bien en el momento que se traduzca en acciones concretas”.

El atentado bomba del 18 de julio de 1994 a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) derrumbó completamente su edificio de ocho pisos en el barrio Once, tradicional de la numerosa colectividad judía de Buenos Aires.

La justicia argentina determinó que los principales sospechosos del ataque son los gobernantes iraníes de aquel momento, entre ellos el expresidente Ali Rafsanjani.

No hay detenidos por el caso ni se han logrado esclarecer aún los motivos del atentado.

Un juicio por encubrimiento de la investigación finalizó en 2019 con penas leves para funcionarios judiciales y del gobierno del expresidente Carlos Menem (1989-99) pero sin determinar la razón del ocultamiento.

Órgano consultivo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la CIDH investiga casos que presenta a la CorteIDH cuando determina que hubo violaciones a los derechos humanos no subsanadas por los estados.

Los fallos del tribunal, con sede en San José de Costa Rica, son definitivos e inapelables.