La segunda mayor economía suramericana tiene una inflación anual de dos dígitos desde 2002, pero este año, al calor de un escenario global de precios disparados por la guerra en Ucrania y de los desequilibrios no resueltos de la macroeconomía local, la tasa de inflación en Argentina no ha sido menor al 3,9 % en ningún mes.

Pero los datos oficiales de julio, dados a conocer el pasado jueves, dispararon todas las alarmas: los precios al consumidor avanzaron 7,4 % en relación a junio -el mayor salto mensual desde 2002- y 71 % en términos interanuales, con un alza acumulada en los primeros siete meses del año del 46,2 %.

Esta fuerte aceleración se produjo en un contexto de sobresaltos políticos, con cambios en el gabinete del Gobierno de Alberto Fernández que desembocaron a inicios de agosto en la incorporación de Sergio Massa como ministro de Economía.

En medio de la tensión política, el valor del dólar estadounidense en el mercado paralelo se disparó hasta niveles récord, desencadenando una fuerte remarcación de precios en toda la economía real.

En julio hubo alzas generalizadas en bienes y servicios, pero con un preocupante incremento promedio del 6 % en los precios de los alimentos, con aumentos exorbitantes en ingredientes básicos para cocinar como, por ejemplo, la cebolla, cuyo precio subió 57,9 % en comparación con junio.

TRES DÍGITOS

Ante esta dinámica, hubo fuertes correcciones al alza en los pronósticos de inflación.

Los economistas privados que mensualmente consulta el Banco Central para su informe de expectativas proyectaban a inicios de este año que 2022 terminaría con una inflación del 55 %, superando la tasa del 50,9 % registrada el año pasado.

Esta mismas consultoras vaticinan ya una inflación anual del 90,2 %, muy por arriba del rango de 52-62 % proyectado por el Gobierno argentino y por el Fondo Monetario Internacional.

Pero otros expertos calculan que la inflación de 2022 superará los tres dígitos.

“Seguramente, tendremos una tasa cercana al 110 %, la mayor desde la hiperinflación de 1989-1990”, dijo a Efe Leonardo Piazza, director de la consultora LP Consulting.

Para el experto, el nivel gasto público, los ajustes tarifarios y la inercia inflacionaria, entre otros factores, dejan para lo que resta del año tasas mensuales de entre el 6,5 y el 7 %.

“Si la pérdida de reservas del Banco Central continua y el Gobierno no puede desacelerar el crecimiento del gasto público, este escenario de crecimiento de la inflación anual es bastante factible”, indicó Piazza.

DESAFÍO

El nuevo ministro de Economía ha admitido que, tal como lo advierten informes de consultoras privadas, agosto también será un mes caliente en materia de precios, pero ha asegurado que a partir de septiembre la curva comenzará a ceder.

De momento, las medidas anunciadas por Massa apuntan a moderar el gasto, reducir la emisión monetaria y aumentar las reservas monetarias, pero muchos analistas consideran que se necesita un plan más agresivo para frenar la inflación.

“Si no se adopta un plan antiinflacionario, las perspectivas para el año pasan por un incremento de precios en el orden del 100 %”, advirtió Víctor Beker, director del Centro de Estudios de la Nueva Economía, de la Universidad de Belgrano.

Para el economista, el “mayor desafío” que enfrenta Massa es “poner en marcha un plan coordinado y consistente de medidas fiscales, monetarias, cambiarias y de ingresos que asegure una drástica baja de la inflación”.

“Difícilmente el gradualismo sea una opción. El desborde inflacionario impone un tratamiento de shock si se quiere evitar recaer en la hiperinflación”, sostuvo Beker. EFE

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará a partir de la cero hora del lunes un paro de 72 horas en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

La medida, dijo el secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, paralizará las exportaciones de agroalimentos y controles sanitarios en todo el territorio argentino.

“Este paro seguramente acarreará pérdidas multimillonarias para nuestro país y el Gobierno es el único responsable. Si se aprueba la Ley Bases, el Estado será destrozado”, dijo Aguiar.

La medida se produce en la etapa inicial del período de mayor liquidación de agroexportaciones e ingreso de divisas a la Argentina, pues implica la paralización de controles en puertos, aeropuertos y aduanas.

Al cese de la fiscalización de las barreras zoofitosanitarias, que impide la salida de productos, se sumará la movilización del sindicato el martes 30 de abril al Congreso de la Nación, fecha en que se estima que la Cámara de Diputados continuará tratando el proyecto oficial en una maratónica sesión que se iniciará el lunes.

Proyecto con dictamen

El tratamiento de la versión reducida del original proyecto de “Ley de Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” es el resultado del dictamen de mayoría firmado el jueves en la Cámara baja.

Según ATE, la pieza legislativa propicia “una dura reforma del Estado que deteriorará notablemente el funcionamiento de organismos estatales, incluido el Senasa. Por eso, dice el sindicato, “el 30 de abril ATE se movilizará frente al Congreso en una nueva Jornada Nacional de Lucha en el marco del Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas, fecha en la que se estará tratando el proyecto en el recinto parlamentario”.

“El único lenguaje que entiende el Gobierno es el de los números, y por eso decidimos paralizar todas las exportaciones. Se van a suspender todos los controles en las aduanas, puertos y aeropuertos, y se van a levantar todas las barreras de control zoofitosanitarias en el país”, dijo Aguiar.

Según el dirigente sindical, “si se aprueba esta ley, el presidente Milei tendrá facultades para reestructurar cualquier dependencia pública, incluso achicar, fusionar y hasta disolver cualquier organismo”.

Respecto al caso del Senasa, agregó: “pretenden dejar sobre la órbita del Senasa solamente la certificación de las importaciones, porque es lo único que le interesa al Gobierno para obtener divisas. El resto de las funciones se la van a delegar empresas privadas o incluso a los estados provinciales. También quieren que los controles de pasos fronterizos terrestres pasen a Gendarmería, y en los aeropuertos internacionales a la Aduana”.

En busca de una excepción

El objetivo de la medida, dijo Aguiar, es que el gobierno exceptúe al Senasa de los organismos alcanzados por la ley. En un comunicado, ATE subrayó la importancia de “contar con un servicio de control de calidad y sanidad fuerte y eficiente, especialmente ante una política de apertura de importaciones tan marcada como la del Gobierno nacional”.

El Senasa tiene a su cargo la fiscalización de producción agroalimentaria y está habilitado al respecto por la Organización Mundial del Comercio (OMC) que el organismo de control de la normas fitosanitarias necesarias para exportar a los otros países.

Según ATE, “sin estos controles no habrían exportaciones ya que son el único organismo argentino con la potestad de regularlo”.

Como ejemplo, apuntó: “si se levantan las barreras de control zoofitosanitario, se pone en riesgo el estatus sanitario alcanzado por la Argentina, pudiendo perderse la zona libre de moscas de los frutos que dificultaría el comercio de productos con Estados Unidos, encareciendo considerablemente los costos de la exportación.

El sindicato también aseguró que “se perdería la zona libre de aftosa, por lo cual la carne que se comercializa entraría en el circuito mundial de comercialización de países con aftosa, perdiendo el mercado de países que compran carne al circuito no aftosa que se paga mucho más”, como el caso de Japón.

Según ATE, “no hay ningún motivo para aplicar un recorte en este sector, ya que el mismo se autofinancia, e incluso le aporta al Estado argentino decenas de miles de millones de pesos anuales”.

La institución indicó en la red social X haber “logrado que 14 pandilleros de la MS (Mara Salvatrucha), que operaban en diferentes sectores de Santa Tecla y La Libertad, sean condenados a penas de hasta 120 años de cárcel”.

Los pandilleros fueron encontrados culpables del homicidio de 14 personas entre 2017 y 2019.

“Estos criminales privaban de libertad a las víctimas, les quitaban la vida y las enterraban en cementerios clandestinos. Entre las víctimas hay un policía”, señaló el comunicado.

Precisó que cuatro de los acusados recibieron las condenas mayores, a 52, 64, 112 y 120 años de prisión, por los delitos de homicidio y agrupaciones ilícitas.

El presidente Nayib Bukele mantiene desde marzo de 2022 una “guerra” contra las pandillas amparado por un polémico régimen de excepción tras una escalada de 87 homicidios en un fin de semana.

Desde entonces, las autoridades han arrestado a 79.800 presuntos pandilleros, de los cuales 7.600 han sido liberados, indicó en una reciente entrevista con AFP el ministro de Justicia y Seguridad Gustavo Villatoro.

La cruzada contra las pandillas devolvió una aparente tranquilidad a las calles del país centroamericano, pero es criticada por organismos de derechos humanos debido a que el régimen de excepción permite detenciones sin orden judicial.

Un científico afirma haber descifrado la causa de la ‘maldición del faraón’ que, según se cree, provocó la muerte de más de 20 personas que abrieron la tumba del faraón Tutankamón en 1922.

“Una encuesta realizada entre egiptólogos de campo de la era moderna revela una incidencia muy elevada de muertes inusuales compatibles con síntomas de cáncer hematopoyético, un escenario paralelo a la enfermedad por radiación causada por la exposición a radiaciones anormalmente altas de la que ya se había informado en tumbas antiguas”, afirma el estudio publicado por Ross Fellowes en la revista Journal of Scientific Explorationel.

Según Fellowes, la causa de las muertes fue el envenenamiento por radiación procedente de elementos naturales que contenían uranio y residuos tóxicos que se introdujeron deliberadamente en el interior de la cámara sellada.

El científico explicó que, según la literatura funeraria egipcia, en las tumbas se dejaba una ‘torta de azafrán’ (un polvo amarillo de uranio) como un “legado de desechos peligrosos”.

Se cree que los antiguos egipcios conocían sobre las toxinas. “La naturaleza de la maldición estaba explícitamente inscrita en algunas tumbas, y una de ellas se tradujo premonitoriamente como ‘los que rompan esta tumba encontrarán la muerte por una enfermedad que ningún médico puede diagnosticar’”, destacó Fellowes.