La demanda fue presentada por el Partido Liberal (PL), que apoyó la candidatura del líder de la ultraderecha a la reelección, y pone en duda al 61 % de las urnas electrónicas utilizadas en la segunda vuelta de las elecciones, celebrada el pasado 30 de octubre.

Según el resultado oficial, Lula se impuso en esa segunda vuelta con el 50,9 %, frente al 49,1 % que obtuvo Bolsonaro, en un proceso avalado y reconocido como transparente por todas las misiones de observadores nacionales e internacionales que participaron.

El presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Alexandre de Moraes, respondió de inmediato a la demanda del PL y dijo que solo puede ser analizada si también se presentan dudas sobre la primera vuelta, realizada cuatro semanas antes.

En esa primera vuelta también se celebraron las legislativas, en las que el PL obtuvo 99 diputados, que le darán la primera minoría en la Cámara baja a partir del año próximo.

El presidente del PL, Valdemar Costa Neto, en una declaración ambigua, aclaró que el informe en que se apoya la demanda “no representa la opinión del partido”, pero consideró que “debe ser analizada” a fin de “fortalecer la democracia”.

Sin embargo, De Moraes aclaró que las urnas puestas bajo sospecha se usaron en ambas rondas, por lo que instó al PL a “cuestionar también el resultado de la primera vuelta en un plazo de 24 horas”.

OTRA CARGA CONTRA LAS URNAS EN MEDIO AL SILENCIO DE BOLSONARO

En los últimos veinte días, Bolsonaro no ha sido visto en público y ha desaparecido de sus redes sociales, en las que era febrilmente activo, pero aunque no ha aceptado su derrota públicamente, ha dado inicio al proceso de transición con el equipo designado por Lula para ese fin.

Sin embargo, la demanda del PL fue interpretada como una nueva arremetida contra las urnas electrónicas, sobre las cuales el líder de la ultraderecha siembra sospechas desde que Lula comenzó a despuntar en las encuestas, hace más de un año.

El PL dijo haber encargado una auditoría a una empresa privada, la cual concluyó que un 61 % de las 577.125 urnas usadas en la segunda vuelta de las elecciones, fabricadas entre 2009 y 2015, “no pueden ser auditadas”, a diferencia de otras, modelo 2020.

También asegura que, si se toman en cuenta solo esas urnas más modernas, Bolsonaro ganó las elecciones con el 51,05 % de los votos.

El ingeniero Carlos Rocha, responsable del informe, explicó que existen “indicios muy fuertes de mal funcionamiento” en las urnas antiguas y que debería realizarse “una posible fiscalización, una verificación extraordinaria, frente a un hecho extraordinario”.

El abogado Marcelo Bessa, quien representa al PL, agregó que “en razón de ese informe técnico, de las inconsistencias y los datos relevantes” que presenta, esa formación pidió a las autoridades electorales que “verifiquen ese posible mal funcionamiento”.

La demanda del PL generó algarabía a los campamentos que miles de activistas de ultraderecha mantienen desde hace tres semanas a las puertas de decenas de cuarteles, en demanda de un golpe de Estado que impida la investidura de Lula, el próximo 1 de enero.

EL PARTIDO DE LULA PIDE ACABAR CON LA “MALICIA”

El Partido de los Trabajadores (PT), que encabezó la coalición electoral abanderada por Lula, rechazó la acción intentada por el PL y la consideró una “artimaña” que no puede prosperar en la justicia.

“El recurso de Bolsonaro ante el TSE es una artimaña que tiene que ser sancionada como litigio de mala fe. Basta de malicia, de irresponsabilidad y de insultos a las instituciones y a la democracia”, afirmó la presidenta del PT, Gleisi Hoffmann, en un mensaje publicado en Twitter.

“La elección fue decidida con el voto y Brasil necesita paz para construir un futuro mejor”, agregó Hoffmann, una de las jefas del equipo de transición designado por Lula, quien se recupera de una pequeña cirugía en la garganta.

El Ministerio de Salud de Argentina confirmó en fecha reciente el primer caso humano de encefalitis equina del oeste (EEO) en más de dos décadas, según se lee en un comunicado difundido por el organismo en su portal oficial.

De acuerdo con el reporte, se trata de una persona residenciada en una localidad de la provincia de Santa Fe (noreste), donde las autoridades sanitarias ya habían detectado caballos enfermos e implementado el protocolo de vigilancia epidemiológica en humanos, de conformidad con la alerta decretada el pasado 28 de noviembre.

“En este marco, el caso se abordó como sospechoso ante los síntomas que presentaba y el antecedente de residencia en una región donde hubo casos confirmados en equinos”, precisa el texto.

Las autoridades sanitarias explican que la EEO “es una enfermedad causada por un virus que se transmite a través de la picadura de mosquitos infectados que actúan como vectores, principalmente en áreas rurales”, que “tiene un periodo de incubación de dos a 10 días” y que, por lo general, presenta un cuadro leve de fiebre, cansancio, malestar general y dolores musculares, que remite “espontáneamente” en un lapso de entre siete y 10 días.

Como medidas preventivas recomiendan sanear el ambiente destinado a los caballos, drenar o rellenar los espacios donde puedan acumularse aguas que sirvan como receptáculos de cría de huevos de mosquitos y desmalezar las áreas circundantes a las viviendas, para disminuir la presencia de mosquitos adultos.

A esto suman vestir de mangas largas en lugares de riesgo, instalar mosquiteros en puertas y ventanas, usar insecticidas domésticos y fumigar periódicamente las áreas abiertas con repelentes de insectos que contengan el ingrediente activo DEET.

“He ordenado la activación de una acción conjunta de toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana sobre el Caribe Oriental de Venezuela, sobre la fachada atlántica, una acción conjunta de carácter defensiva y como respuesta a la provocación y a la amenaza del Reino Unido contra la paz y la soberanía de nuestro país“, dijo Maduro en una cadena de radio y televisión, en la que mostró imágenes de navíos y aviones de guerra patrullando la zona.

De concretarse un conflicto bélico, sería el tercero en curso detrás del que enfrenta a Ucrania y Rusia y el de Israel y el grupo terrorista Hamás. Además, el primero en desarrollo en Sudamérica, luego de mucho tiempo.

“El día 24 vamos a hacer un paro con movilización al Congreso para apoyar a aquellos diputados y senadores que nos planteen que esto no puede pasar en Argentina”, dijo Daer este jueves, al considerar que el decreto y los proyectos de ley, que buscan desregular la economía argentina, concentrarían en el presidente “la suma del poder público”.

Milei, un ultraliberal que asumió la presidencia el 10 de diciembre, se propone dar un gigantesco remezón a la economía argentina con la derogación o reforma de más de 300 leyes mediante un decreto que entrará en vigor el viernes y que incluye el régimen laboral.

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Además, presentó esta semana al Congreso un paquete de modificaciones de leyes que permitirá la privatización de más de 40 empresas públicas y limitará el derecho de reunión y manifestación, entre otros aspectos.

La CGT pidió el miércoles ante la justicia la declaratoria de inconstitucionalidad del decreto de Milei, con una movilización de miles de personas a la sede de los tribunales en Buenos Aires.

“No hay ningún contacto con el gobierno, y nosotros no propusimos esta dinámica”, declaró Daer.

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“En menos de una semana transforman la Argentina y nos llevan a la Argentina pastoril”, criticó el dirigente sindical al aludir a las propuestas de Milei, quien se considera un libertario capitalista.