Hasta Villavicencio, una ciudad de medio millón de habitantes a 123 kilómetros de Bogotá con una catedral en la plaza central, llegó la instrucción del papa Francisco.

En 2019 el obispo Óscar Urbina quedó a cargo, por pedido del papa, de indagar sobre los eventuales abusos sexuales cometidos por sacerdotes.

El prelado se apoyó en Olga Cristancho (68 años) y Socorro Martínez (59): la primera, una avezada exfiscal y la otra, una exfuncionaria de la Procuraduría con experiencia en investigación de masacres.

Al poco tiempo se alejaron de Urbina con la sospecha de que encubría a los religiosos y se lanzaron a investigar por su cuenta. “Nunca se me pasó por la mente” lo que descubriría, confiesa Cristancho a la AFP en una entrevista.

Son al menos 20 víctimas. El escándalo creció con el libro “Este es el cordero de Dios” del periodista Juan Pablo Barrientos, a quien han tratado de censurar.

Barrientos profundizó en los hallazgos de las dos investigadoras y el año pasado publicó los testimonios y pistas que comprometen a 38 sacerdotes de la Arquidiócesis de Villavicencio en actos abusivos o acceso carnal.

La Iglesia apartó discretamente a 20 de ellos y dos más están en prisión.

Algunos son señalados de incluso inducir a una de las víctimas a la “prostitución”, confirmó a la AFP el padre William Prieto.

“Ya le tocará a los tribunales, tanto judiciales en el plano civil como en el canónico, dar un veredicto”, agrega el portavoz de la Arquidiócesis.

La fiscalía declinó hablar sobre los procesos que salpican a la poderosa Iglesia en un país de mayoría católica.

– “Se los rotaban” –

En Villavicencio, Cristancho guarda una Virgen María de yeso en el jardín de su casa. Aún se siente “consternada” por los abusos que ayudó a develar.

Como fiscal había desenmascarado a Luis Alfredo Garavito, el mayor depredador sexual y asesino de menores de Colombia (172 víctimas).

Ya jubilada aceptó la invitación del obispo Urbina. “Me dijo que diera cumplimiento a unas directrices muy puntuales y muy importantes que había dado Su Santidad”, evoca.

Junto a su compañera recopiló las “pruebas” al estilo de “Spotlight”, la premiada película que reconstruye la investigación periodística en Estados Unidos sobre curas pederastas.

Recuerda conmovida a una de las víctimas que le contó cómo los sacerdotes se lo rotaban desde los 15 años.

Entre ellos manejaban un santo y seña, “que era un CD (disco compacto)”. Uno le decía a otro “ahí le mando ese CD, pero (en realidad) era como ‘ahí le mando a ese muchacho que se le puede hacer alguna propuesta (…) y la va a aceptar seguramente por las necesidades que tiene'”, relata.

Las dos mujeres enviaron al Vaticano el resultado de sus investigaciones, y todavía esperan respuesta.

Bajo la misma directriz papal, la Iglesia en Francia reveló que unos 216.000 menores fueron víctimas de sacerdotes entre 1950 y 2020.

– “Sucio” –

Miguel (nombre ficticio) solía de niño pasar sus vacaciones en Villavicencio. Recuerda que a su familia le gustaba que fuera a la casa cural donde vivía su tío sacerdote.

Allí estaba su abusador, un seminarista que lo manipulaba para que hiciera o recibiera felaciones.

“Supo manejar la confianza con mi tío, la confianza con mi familia, para que yo fuera (…) a las sábanas” con él, relata a la AFP ocultando el rostro.

Siendo adulto, mientras estudiaba derecho, entendió que sus recuerdos eran los de un abuso. Cayó en “shock”. Con 26 años, abomina de la agresión. Tuvo, asegura, “actitudes ultraviolentas” y cuadros depresivos.

Presentó ante la Arquidiócesis una denuncia sin recibir respuesta.

“Quería acabar con mi vida, no le hallaba razón (…) me sentía sucio”, añade.

La AFP intentó sin éxito contactar al obispo Urbina por teléfono y WhatsApp.

– Enemigos –

Socorro Martínez, la compañera quijotesca de la exfiscal, evita ir a la catedral que visitaba cada domingo.

“Prácticamente no salgo a ninguna parte”, suelta temerosa. Uno de sus hijos recibió una llamada en la que le decían que su mamá era una “sapa” (delatora).

“Ellos [los miembros del arzobispado] sí me consideran a mí su enemiga, porque yo develé esa información (…) Nosotros eramos la piedra en el zapato”, añade la penalista.

El 27 de enero, Martínez y Cristancho declararon ante una fiscal que investiga estas agresiones sexuales.

Hasta ahora solo una de las víctimas, abusada cuando era un monaguillo de 13 años, encontró justicia. Un sacerdote y un seminarista pagan cárcel por este caso.

Algunos sacerdotes implicados en la trama han interpuesto sin éxito siete acciones legales para sacar de circulación el libro de Barrientos.

“No admiten nada, desmienten todo (…) no hay justicia, no hay verdad, no hay reparación”, lamenta el periodista que se atrevió a remover los secretos de la Iglesia.

Fuente: AFP

Las tropas rusas han logrado varios avances en la región de Donetsk la última semana, lo que ha generado incluso críticas de los blogueros militares ucranianos, que no suelen enjuiciar a las fuerzas armadas de su país.

“Gracias a las operaciones activas, unidades del grupo de fuerzas central han liberado la aldea de Novobajmutivka”, indicó el Ministerio de Defensa ruso.

Esta posición está situada a cerca de 10 kilómetros al norte de la ciudad de Avdiivka, que las fuerzas rusas tomaron en febrero tras una de las batallas más rudas desde que empezó el conflicto en febrero de 2022.

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Este avance colocó en dificultades al ejército ucraniano, que enfrenta esta ofensiva con una escasez de hombres y de municiones.

El jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, Oleksandr Syrsky, afirmó a mediados de mes que la situación en el frente oriental “empeoró considerablemente” y reconoció que Rusia ha obtenido algunos “éxitos tácticos”.

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El director de inteligencia del Ministerio de Defensa ucraniano, Kirilo Budánov, advirtió este mes que la situación en el frente iba a empeorar hacia mediados de mayo y junio.

Kiev espera que la aprobación en el Congreso de Estados Unidos de un nuevo paquete de ayuda militar por miles de millones de dólares le permita estabilizar la situación en las extensas líneas del frente.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará a partir de la cero hora del lunes un paro de 72 horas en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

La medida, dijo el secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, paralizará las exportaciones de agroalimentos y controles sanitarios en todo el territorio argentino.

“Este paro seguramente acarreará pérdidas multimillonarias para nuestro país y el Gobierno es el único responsable. Si se aprueba la Ley Bases, el Estado será destrozado”, dijo Aguiar.

La medida se produce en la etapa inicial del período de mayor liquidación de agroexportaciones e ingreso de divisas a la Argentina, pues implica la paralización de controles en puertos, aeropuertos y aduanas.

Al cese de la fiscalización de las barreras zoofitosanitarias, que impide la salida de productos, se sumará la movilización del sindicato el martes 30 de abril al Congreso de la Nación, fecha en que se estima que la Cámara de Diputados continuará tratando el proyecto oficial en una maratónica sesión que se iniciará el lunes.

Proyecto con dictamen

El tratamiento de la versión reducida del original proyecto de “Ley de Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” es el resultado del dictamen de mayoría firmado el jueves en la Cámara baja.

Según ATE, la pieza legislativa propicia “una dura reforma del Estado que deteriorará notablemente el funcionamiento de organismos estatales, incluido el Senasa. Por eso, dice el sindicato, “el 30 de abril ATE se movilizará frente al Congreso en una nueva Jornada Nacional de Lucha en el marco del Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas, fecha en la que se estará tratando el proyecto en el recinto parlamentario”.

“El único lenguaje que entiende el Gobierno es el de los números, y por eso decidimos paralizar todas las exportaciones. Se van a suspender todos los controles en las aduanas, puertos y aeropuertos, y se van a levantar todas las barreras de control zoofitosanitarias en el país”, dijo Aguiar.

Según el dirigente sindical, “si se aprueba esta ley, el presidente Milei tendrá facultades para reestructurar cualquier dependencia pública, incluso achicar, fusionar y hasta disolver cualquier organismo”.

Respecto al caso del Senasa, agregó: “pretenden dejar sobre la órbita del Senasa solamente la certificación de las importaciones, porque es lo único que le interesa al Gobierno para obtener divisas. El resto de las funciones se la van a delegar empresas privadas o incluso a los estados provinciales. También quieren que los controles de pasos fronterizos terrestres pasen a Gendarmería, y en los aeropuertos internacionales a la Aduana”.

En busca de una excepción

El objetivo de la medida, dijo Aguiar, es que el gobierno exceptúe al Senasa de los organismos alcanzados por la ley. En un comunicado, ATE subrayó la importancia de “contar con un servicio de control de calidad y sanidad fuerte y eficiente, especialmente ante una política de apertura de importaciones tan marcada como la del Gobierno nacional”.

El Senasa tiene a su cargo la fiscalización de producción agroalimentaria y está habilitado al respecto por la Organización Mundial del Comercio (OMC) que el organismo de control de la normas fitosanitarias necesarias para exportar a los otros países.

Según ATE, “sin estos controles no habrían exportaciones ya que son el único organismo argentino con la potestad de regularlo”.

Como ejemplo, apuntó: “si se levantan las barreras de control zoofitosanitario, se pone en riesgo el estatus sanitario alcanzado por la Argentina, pudiendo perderse la zona libre de moscas de los frutos que dificultaría el comercio de productos con Estados Unidos, encareciendo considerablemente los costos de la exportación.

El sindicato también aseguró que “se perdería la zona libre de aftosa, por lo cual la carne que se comercializa entraría en el circuito mundial de comercialización de países con aftosa, perdiendo el mercado de países que compran carne al circuito no aftosa que se paga mucho más”, como el caso de Japón.

Según ATE, “no hay ningún motivo para aplicar un recorte en este sector, ya que el mismo se autofinancia, e incluso le aporta al Estado argentino decenas de miles de millones de pesos anuales”.

La institución indicó en la red social X haber “logrado que 14 pandilleros de la MS (Mara Salvatrucha), que operaban en diferentes sectores de Santa Tecla y La Libertad, sean condenados a penas de hasta 120 años de cárcel”.

Los pandilleros fueron encontrados culpables del homicidio de 14 personas entre 2017 y 2019.

“Estos criminales privaban de libertad a las víctimas, les quitaban la vida y las enterraban en cementerios clandestinos. Entre las víctimas hay un policía”, señaló el comunicado.

Precisó que cuatro de los acusados recibieron las condenas mayores, a 52, 64, 112 y 120 años de prisión, por los delitos de homicidio y agrupaciones ilícitas.

El presidente Nayib Bukele mantiene desde marzo de 2022 una “guerra” contra las pandillas amparado por un polémico régimen de excepción tras una escalada de 87 homicidios en un fin de semana.

Desde entonces, las autoridades han arrestado a 79.800 presuntos pandilleros, de los cuales 7.600 han sido liberados, indicó en una reciente entrevista con AFP el ministro de Justicia y Seguridad Gustavo Villatoro.

La cruzada contra las pandillas devolvió una aparente tranquilidad a las calles del país centroamericano, pero es criticada por organismos de derechos humanos debido a que el régimen de excepción permite detenciones sin orden judicial.